RESUMEN conversó con la diputada del Biobío Clara Sagardía, una de las pocas que rechazó el cuestionado proyecto de ley Gatillo Fácil en la Cámara. Entre sus motivos para votar en contra señaló que la iniciativa atenta «contra la democracia» y que «es solamente para prestarse a arbitrariedades y abusos que no van a beneficiar a nadie». Además, comentó que espera que el debate en el Senado se haga «mucho más concienzudamente y podamos darnos el tiempo de discutir bien».

Por Juan Carlos Contreras

La ley Gatillo Fácil, denominada también como «Ley Naín-Retamal», criticada por atentar contra los estándares de la comunidad internacional en materia de DDHH y dar garantías de impunidad para eventuales crímenes de Estado, sigue su trámite legislativo.

Como pocas veces ocurre en el Congreso, a veces con necesidades urgentes para la población, y aprovechándose de la conmoción pública producto de recientes asesinatos a funcionarios policiales, de manera exprés el proyecto fue aprobado por la cámara baja para despacharla al Senado.

Una iniciativa que pretende, entre otras cosas, que automáticamente se presuma inocencia a policías cuando usen sus armas y también busca eximirlos de responsabilidad civil para daños a personas que no estuvieran relacionadas con un procedimiento.

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Una de las pocas personas en la Cámara que rechazó estos puntos antidemocráticos fue la yumbelina Clara Sagardía, diputada por el distrito 21 de nuestra región (Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Yumbel) quien consultada por RESUMEN respecto a su posición comentó:

«Yo rechacé el proyecto porque tenía muchas observaciones, volvió a la Cámara con 24 indicaciones y éstas, algunas las aprobamos, otras me abstuve y en las que eran controversiales e iban contra la democracia como la legítima defensa privilegiada, la rechazamos buena parte del Frente Amplio, salvo excepciones, porque no podemos dar vía libre a que se use la fuerza, porque se quiere plantear usar la fuerza indiscriminadamente contra los ciudadanos».

Además, fue clara en señalar que no se trata de quitarle herramientas a Carabineros, como plantean algunos de manera facilista, sino que esta institución debe enfocarse en el combate al crimen organizado. «Sí, creemos que debe haber especialidad, debe haber buenos elementos, se debe modernizar a las policías, ya que se debe combatir al narcotráfico que tiene armamento, estrategias muy avanzadas y hacia allá debemos apuntar» señaló.

Finalmente, respecto al trámite legislativo en que continúa el proyecto señaló: «Ahora sigue en el Senado, pasar por la comisión para después verse en el pleno con modificaciones que ha propuesto el Ejecutivo, pero a la vez debo señalar que tanto especialistas en derecho penal, instituciones como Naciones Unidas y de derechos humanos como Amnistía Internacional, han manifestado que aquella legítima defensa privilegiada no corresponde, porque atenta contra tratados internacionales en materia de DDHH, al final llevará a Chile a responder ante organizaciones internacionales y eso no beneficiará a nadie».

«Espero que el Senado lo haga mucho más concienzudamente y podamos darnos el tiempo de discutir bien, porque cuando hablamos de leyes penales, estamos tratando de personas, tanto de quienes comenten delitos como de las víctimas, y en este caso no sabemos si Carabineros va a ser la víctima o el victimario, por ende es necesario un razonamiento más concienzudo y sin tanta emocionalidad. Es cierto que los hechos de la semana anterior dieron para esta emocionalidad, pero ahora debemos ir a la racionalidad porque estamos legislando para todo el país y no solamente para nuestros carabineros sino para la sociedad en pleno» concluyó.