Piñera sigue sin reconocer que estamos ante uno de los problemas políticos, sociales y culturales más duraderos de la historia del país, en cambio pretende nuevamente mediante la violencia imponer soluciones. Todo con los objetivos de seguir protegiendo los intereses económicos surgidos de la propiedad de la tierra.

Por Joaquín Pérez

Cuando todo el continente americano abre un debate en torno al colonialismo europeo y la masacre de pueblos originarios, que incluye el derribo masivo de estatuas, desde Canadá a la Patagonia. Cuando en América Latina se vive el debate instalado por el presidente de México Manuel López Obrador, quien demandó al Estado español disculpas y compensación por los crímenes cometidos en contra de los pueblos invadidos, polémica que involucró incluso al Vaticano con el pedido público de perdón de parte del Papa Francisco.

Mientras todo esto sucede, el gobierno más impopular de la historia de Chile, en el día más sensible para los pueblos originarios, el 12 de octubre, declaró el estado de excepción constitucional en 4 provincias del Sur de Chile con fuerte presencia de población mapuche: Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.

Fotografía: nuevatribuna.publico.es/

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A simple vista parece una locura desde el punto de vista comunicacional, escoger esa fecha solo puede significar en situaciones normales dos cosas: ignorancia extrema o simple provocación. Sin embargo el descrédito del gobierno de Piñera, sumado a los escándalos de corrupción que nuevamente salpican su gobierno, unido también al descalabro de la candidatura presidencial de su continuidad, hace pensar que la decisión adoptada en La Moneda en tan emblemático día, sería tender una cortina de humo, sobre los problemas que afectan directamente al mandatario, hoy imputado en tribunales y con una acusación en el Congreso que amenaza con destituirlo.

Sin duda entre los adeptos del gobierno, hay quienes quisieran creer que ésta es una medida de autoridad, especialmente los nostálgicos del pinochetismo, que con la mafia de algunos dueños de camiones, adoptaron medidas matonescas en contra de la población de varias ciudades del sur de Chile estos días, exigiendo medidas como esta.

Sin embargo, todas y todos sabemos que los militares, incluida la marina en cuyo alto mando se muestran como los halcones de guerra del actual gobierno, ya estuvieron en estas provincias por más de un año y medio con medidas de excepción constitucional y lejos de aplacar el conflicto, este se expandió tanto territorialmente como en número de acciones.

Es más, la presencia militar en territorio mapuche hoy, lo único que puede causar es que el conflicto escale aún más en intensidad, sin que los militares garanticen ningún grado de control ni del territorio ni de la situación que allí se pueda generar.

Los militares tienen claro que no tienen un contexto nacional ni internacional como el que tuvieron en 1973, que cualquier uso desproporcional de la fuerza los sentará en tribunales, ya sea en Chile o el extranjero, que por mucho manto de impunidad que hoy pretendan dar la Fiscalía, Tribunales e incluso organismos de derechos humanos como el INDH con respecto a las violaciones de Derechos Humanos durante el Estallido, los contextos pueden variar. Además, que la posibilidad de internacionalizar las causas está abierta por la ratificación de Chile de diversos tratados internacionales en la materia.

Concepción, 21 Octubre 2019
Militares se desplazan tras el toque de queda en el marco del tercer dia de descontento social en Concepcion
Esteban Paredes/Aton Chile

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Cualquier arrebato o imprudencia de un efectivo militar, puede tener serias consecuencias no solo en el clima político en territorio mapuche, sino además en el conjunto del Estado chileno. Pero además hay que abiertamente preguntar, ¿Cuántos de los oficiales desplegados estarían dispuestos a pasar años encerrados en Punta Peuco por servir de tapadera a un gobierno que se desmorona y hace aguas por cada flanco?

Por muchos que algunos descerebrados crean en la vía autoritaria, esa vía en este contexto solo puede significar un revés para la derecha y el empresariado, no están ni las condiciones ni el contexto para aquello. Hoy todo es humo, Piñera hoy vende humo a los pocos ingenuos que aún quieren creer en él en su sector, para tal vez garantizar algunos votos en la Región de La Araucanía, principalmente.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Lebu, capital de la provincia de Arauco, hasta donde llegaron las principales autoridades a cargo del orden y la seguridad. El Ministro de Interior, el delegado de la denominada «Macrozona Sur», delegados presidenciales del Biobío y la Araucanía, todo ello con un parafernálico despliegue de contingente de la infantería de marina. Pues esa misma noche anterior y en la misma comuna de Lebu, una camioneta de Forestal Arauco fue atacada.

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Piñera mantiene la misma política que todos los gobiernos civiles han tenido para enfrentar el último levantamiento mapuche desde 1997 a la fecha, una vía principalmente represiva.

Sigue sin reconocer que estamos ante uno de los problemas políticos, sociales y culturales más duraderos de la historia del país, en cambio pretende nuevamente mediante la violencia imponer soluciones. Todo con los objetivos de seguir protegiendo los intereses económicos surgidos de la propiedad de la tierra: particularmente latifundistas y el gran empresariado forestal.