Ayer martes 15 de junio la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular, por 105 votos a favor, 33 en contra y nueve abstenciones, un proyecto de reforma constitucional que busca reinstalar el voto como obligatorio para los procesos eleccionarios, siendo despachado al Senado para su, sorprendentemente ágil, siguiente trámite legislativo.

Por Alejandro Baeza

La medida pretende mediante la coerción estatal aumentar la participación electoral debido, en gran medida, catastrófica cantidad cifra en la pasada segunda vuelta a las gobernaciones regionales, la votación más desastrosa para la clase política de su historia, pues de los 13 millones de las personas habilitadas para votar, sólo lo hicieron 2,5 millones, es decir, el 19,62% del total.

La región con menos participación fue Antofagasta con apenas el 12,21%, mientras la más alta fue la Región Metropolitana de Santiago con el 25,7%, probablemente a consecuencia de la sobrecobertura mediática y por la suerte de precuela en que la transformaron los partidos políticos para las elecciones de noviembre.

En concreto, representa una caída de 4 millones de votos en comparación con las jornadas del 15 y 16 de mayo, vale decir, en apenas un mes. Una muestra más del distanciamiento cada vez mayor entre los partidos políticos (todos) y el pueblo chileno.

Más allá de las explicaciones facilistas que tratan de buscar justificación en la desidia o supuesta «despolitización», lo cierto que se pierdan estos 4 millones de votos solamente en unas semanas, tiene una respuesta bastante obvia: a la población le pareció menos interesante.

Es que el cargo de gobernador(a) es tan insignificante y tendrá tan poco poder, que parecía ser que los únicos entusiasmados por esta segunda vuelta eran los partidos políticos, interesados en hacer su clásica matemática electoral para proyectar al proceso que viene. Y así lo entiende la población, que ve esto como una elección más del ciclo que se acaba. Por cierto, cabe aclarar que una participación tan baja no permite hacer ningún tipo de proyección seria más allá de los afanes e intereses personales.

En mayo se jugaba algo realmente importante, las y los delegados a la Convención Constitucional, mientras en esta ocasión el interés era netamente partidista, donde no participaron listas de organizaciones sociales, territoriales, socioambientales, feministas, pueblos originarios, etc., las que sí estuvieron hace un mes y que representan la nueva época.

Entonces obligar a votar

La falta de legitimidad de todas las gobernaciones electas es evidente. Menos de un quinto del padrón electoral es un desastre y es un mensaje claro.

Por eso esta medida desesperada para legitimar a la fuerza el sistema: obligar a votar so pena de multas y sanciones.

Este angustiado movimiento pretende parchar el grave problema (al menos el de la legitimidad de origen, sólo uno de las existentes según la Ciencia Política básica) que posee la deslustrada elite política nacional en todos sus partidos y de despacharse, atentaría contra una de las concepciones más básicas de la democracia liberal en cuanto a que el voto es, en todas sus letras, un derecho.

Plantearlo como un deber, mañosamente llamado «deber cívico» como pretende la moción, es un error brutal y acaso malintencionado. El voto es intrínsecamente un derecho, y uno que ha costado bastante caro, por lo tanto, está en la libertad individual de cada quién si decide ejercerlo o no.

Hay que tener en claro que conseguir el que voto fuera un derecho más allá que para hombres de la elite -con todas las limitantes de participación democrática incluso- fue una batalla durante casi todo el S XIX, que costó una fuerte movilización social, y por cierto, varios muertos y heridos, y eso, considerando además que fue recién en mediados del SXX en que las mujeres pudieron acceder a éste. Conseguido un nivel de alfabetización de la población considerable, fue recién en los años 60 en que realmente pudo haber de una democracia liberal en Chile. Y poco tiempo alcanzamos a tenerla, pues los 17 años de dictadura nos recordaron nuevamente que el «votar» no es nunca un deber que nos impone el Estado, sino uno más de los cientos de derechos que fueron arrebatados y de los cuales muchas personas dieron su vida por recuperar.

El asunto es que muchos sectores progresistas oportunistas, creen que el problema de la situación actual, tanto que haya ganado Piñera en 2018 o esta derrota a un cargo piñufla en la RM con una mala candidata, se debe a la baja participación, abrazados a la inocentona esperanza en cuanto a que quienes no votan por algún acto psicomágico lo harían por ellos.

Sin embargo, lo que hay que aprender de la última elección presidencial en que el actual mandatario fue elegido con sólo cerca del 25% del padrón habilitado para votar, no es que sea una causa de la ilegitimidad de los cargos públicos que es asumido por casi la totalidad del pueblo de Chile, sino muy por el contrario, fue un síntoma más de la crisis que todas y todos los sectores políticos se negaron a ver. Las masivas, constantes y a estas alturas heroicas movilizaciones del pueblo demuestran la creciente abstención no era en ningún caso un desinterés por la política o la situación del país, sino que en gran medida se produjo por el rechazo la a casta de la política que se transformaron sus marcianos representantes.

El "voto obligatorio" es visto como un salvavidas en medio del naufragio que vive nuestra clase política, pues aumentaría de manera artificial su cantidad de votos, intentando así parchar la profundización de la pérdida de legitimidad entre representantes y sus representados. Una medida coercitiva para intentar salvarse a sí misma.

La participación electoral -sólo una de las tantas formas en el pueblo puede ser parte del ejercicio democrático- debe producirse al sentirse convocado/a por un proyecto, un programa, y no bajo la presión o amenazas.

Asimismo, el Estado debe fomentar la participación mediante una modernización real del sistema electoral marcado en un debate profundo de profundización y ampliación de la democracia.

Dentro de los aspectos más urgentes, es apuntar a cuestiones básicas como la georreferenciación del padrón para que a la población no le implique un estúpido y desmotivante viaje de a veces más de una hora desde su domicilio al centro de votación, sino acercar la posibilidad de sufragar a un viaje a pie. Además, pensar en mecanismos probados en otros países como el voto anticipado, el voto por correo o cualquiera otra forma de facilitación de participación que muchos Estados llevan años aplicando.

Aunque lo más importante, es que ésta será alta cuando el pueblo se sienta parte de la construcción de la democracia y del Estado, del que han estado fuera durante años. Para ello, el trabajo es mucho más complejo que esta medida desesperada y hay que ver si es que es algo que realmente quieren hacer.

Por mientras, el pueblo chileno muy politizado y con muestras cada vez más constantes y conscientes de sabiduría, seguirá dando mazazos a toda la clase política que se niega a entender el momento, y así también, construyendo nuevas formas de participación y representación que muy probablemente seguirán dando sorpresas.