Juan Astudillo, ahora exjefe de gabinete de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Maule, salió de su cargo a fines de agosto pasado, según informaron desde la misma institución. Lo anterior se habría producido luego de ser denunciado de presuntas agresiones sexuales contra una funcionaria de la delegación regional maulina.

Fue durante las primeras semanas de agosto que, en medio de una fiesta donde concurrieron autoridades de regionales de los ministerios del Segegob, Agricultura, Bienes Nacionales, y el Minvu, Astudillo habría incurrido en las presuntas agresiones que significaron su salida.

( https://x.com/MauleBBNN/status/1706050772616515858?s=20)

Tras conocerse la denuncia, Juan Astudillo también sufrió la suspensión de su militancia (PS) debido a que la denunciante y presuntamente agredida es también militante del partido de Gobierno.

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La renuncia de Astudillo fue recepcionada, según comunicaron desde la seremia de Bienes Nacionales, el pasado 16 de agosto, luego de que, conforme a las declaraciones del delegado regional, Humberto Aqueveque, fueran entregados «todos los antecedentes» para avanzar en la investigación del Ministerio Público en su contra que podría redundar en sanciones penales.

La acusación contra el ahora exjefe de gabinete de la seremi maulina, se suma a las diversas denuncias por casos de presuntos acoso laboral y sexual que sigue sumando antecedentes y denuncias al interior de las reparticiones públicas. Botón de muestra de aquello son las acusaciones de esta índole en al menos diez municipios de la Araucanía, entre ellos el de Victoria, Cunco Cholchol, Collipulli y Renaico, donde el ex alcalde, Juan Carlos Reinao, fue blanco de múltiples querellas que llevaron a su formalización por delitos sexuales. 

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Sobre la situación de este tipo de denuncias, desde la Red de Organizaciones por los Gobiernos Locales con Igualdad de Género, compuesta por 16 organizaciones feministas, acusan falta de fiscalización y celeridad por parte de las instituciones, agregando que, «el sector público tiene un deber de protección que es parte de los estatutos municipales y administrativos».