Este miércoles 6 de mayo se reunieron alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidad de la Región del Biobío (Amrbb) con Jorge Serón, presidente regional de la CORMA (gremio empresarial de la industria forestal) y el Intendente de Bío Bío, Rodrigo Díaz. El objetivo de la reunión, según declaró el edil de Santa Juana y presidente de Amrbb, Ángel Castro, fue «evaluar y dar a conocer el impacto negativo de las operaciones forestales en la región».

La región del Bío Bío, según el registro de CONAF en 2010, contaba con un 33% de su superficie cubierta de plantaciones forestales y son varias de sus comunas que presentan más del 50% de superficie forestada con pinos o eucaliptos. Paralelamente, se consignó que el 32% de los suelos de la región sufren erosión. Y respecto a la situación del aprovisionamiento de agua, la investigadora Marien González, declaró en su reciente informe que «se desconoce si la región del Bio-Bio dispone de un catastro de las aguas superficiales que abastecen a seres humanos». Es decir, sólo podemos inferir que existe escasez hídrica por la, cada vez mayor, población que abastece de agua a través de camiones aljibe, porque en el lugar donde pervive no posee  tal recurso.

Los municipios representados en la Amrbb ya no dan abasto con los gastos propiciados por la precarización de la vida en sus comunas. Los planes asistenciales son financiados con fondos estatales y municipales y su gasto se incrementa persistemente, cubriendo desde la entrega de recursos a campesinos para su subsistencia en medio de los monocultivos forestales, la entrega de productos de primera necesidad a quienes han sufrido pérdidas como resultados de incendios forestales o bien la asistencia de emergencia a las más de 35 mil personas que sufrían escasez hídrica, según reportó la ONEMI. En este contexto, es que los alcaldes solicitaron esta reunión, pero no se conoce a cabalidad el plan de exigencias que plantearán luego de esta junta inaugural.

En esta instancia de conversación, aparentemente, se han puesto diversas expectativas, las cuales giran en torno a la disminución de superficie forestada en las comunas representadas, la tributación de las empresas forestales éstas, la prevención de incendios forestales y su daño a los habitantes que colindan con los monocultivos. Sin embargo, las comunidades afectadas parecen ausentes y, hasta ahora, no se ha exhibido un plan de reparación de las consecuencias socioambientales provocadas por la industria forestal, el cual debe tener como eje un nuevo ordenamiento territorial que propicie bienestar para los habitantes de la región. En este sentido, debe discutirse sobre exigencias concretas, tales como:
-Establecer un plan de restauración de bosque para que así puedan reestablecerse los cursos de agua perdidos por las décadas de uso intensivo del suelo por monocultivos. Este plan implica la sustitución de importantes superficies de plantaciones forestales, por bosque nativo.
-Promover la agricultura y recolección sustentables, creando vías de distribución comunal y provincial, y reformular la labor de instituciones como CONAF e INDAP.
-Prohibir los monocultivos forestales y manejar la extracción de madera a partir de las necesidades de la población local.

Para completar esta descripción, es útil citar la afirmación de la investigadora González respecto a la carencia de estudios respecto al estado de las fuentes hídricas de la región, cuando afirma que «esta falta de estudios… ya es un resultado en sí mismo de esta investigación, puesto que evidencia como el desarrollo económico regional se define sin previa información biofísica de la capacidad de carga de los territorios y sin planificación alguna, quedando el uso de la tierra y las aguas al arbitrio de la propiedad privada».

¿No será ingenuo esperar que los alcaldes reviertan esta situación por si solos?

Foto: santajuana.cl

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