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Nuevos datos del contubernio en la tramitación de Ley de Pesca, confirman su insoslayable anulación

08 agosto 2016

[resumen.cl] Cuando el ex gerente general de CORPESCA, Francisco Mujica, fue consultado si, además de la diputada Marta Isasi, habían entregado dinero a otras figuras políticas, respondió que “hemos hecho los mismos aportes a los parlamentarios pero en forma absolutamente legal, y si eso significa que los hemos ayudado, sí, a ella y a muchos más”. La respuesta otorgada a CIPER se ha convertido en una confesión ratificada una y otra vez por los hechos confirmadores del soborno que medió en la aprobación de la Ley de Pesca.

Recientemente, La Tercera, ha publicado extractos de correos electrónicos enviados entre gerentes de la industria pesquera donde expresan una coordinación entre sus asociaciones gremiales para “apuntalar” a congresistas correspondientes a cada una de las zonas pesqueras donde operan. De este modo, la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte (ASIPNOR), la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y la Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), se solicitaban diligencias y acordaban acciones para asegurar, por ejemplo, la aprobación de la entrega de Licencias Transables de Pesca, ya sea de manera indifinida o, en su defecto, por 20 años renovables.

Mensajes como el enviado por el propio Francisco Mujica, donde afirma a Rodrigo Sarquis, gerente de la pesquera Blumar, que “Marcaremos directamente al diputado Vargas, también comprometí a Pedro Araya, de Antofagasta, con las licitaciones. El martes será un largo día. Saludos”, son muestras del contubernio político empresarial que permitió, por ejemplo, a la industria pesquera quedarse con las licencias (o permisos) de pesca por 20 años renovables y que en este periodo pudieran dividir “la licencia” hasta cien mil partes para vender cada una de éstas.

En los correos, los gerentes pesqueros mencionan a diversos congresistas como partícipes de sus círculos de influencia. Clemira Pacheco (de quien se dice está a favor de la renovación de licencias a 10 años), Hosain Sabag y su hijo Jorge Sabag, Cristian Campos, José Miguel Ortiz, Roberto Delmastro; Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Pedro Araya y Orlando Vargas, son algunos de los congresitas nombrados en los correos electrónicos.

Por qué anular la Ley de Pesca

Junto con ser una ley promulgada a punta de sobornos pagados por la industria, es también un cuerpo legal que ampara la explotación pesquera en completo beneficio empresarial, dejando a la población en una condición de inseguridad laboral y alimentaria. Veamos por qué:

-Porque los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.

-En la ley, se reconoce la soberanía del Estado sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos, bajo el argumento que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país y, por ello, el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso correspondiente. De este modo, la propiedad recae entonces en quienes se adjudicaron el permiso para pescar. La ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura. Para la pesca artesanal hay lo que ya hemos visto: canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.

Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, quienes se lo adjudicaron, pueden hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiendo dividirlo hasta en cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar. Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces, pues lo comercializado es el permiso y la proporción de su cuota de captura.

-La Ley permitió a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y su posterior fabricación de alimentos para la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones que genera alimentos nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda, además de los desastres socioambientales ya conocidos.

-Se ha hecho pública la práctica de la industria pesquera de fabricar harina de pescado con pesca de sardina y anchoveta no declarada, o sea, ilegal. Esta pesca, excede los límites de las cuotas de captura entregadas a los armadores, poniendo en severo riesgo la reproducción de estas pesquerías que han dado claras muestras de sufrir sobreexplotación. Pero esto, al parecer, no amerita para la Subsecretaría de Pesca un cambio en la administración pesquera. Si bien, el actual Subsecretario, Raúl Súnico declaró en septiembre de 2015 que “la pesca ilegal, es una amenaza que debemos combatir pues es uno de los principales problemas que afecta la recuperación de las especies”, no se refirió al problema sistémico: un tipo de administración pesquera que evade un plan de recuperación de las poblaciones de peces, al contrario continúa promoviendo la sobreexplotación y la corrupción. Un caso demostrativo es la fiscalización pesquera que realizan empresas privadas como Intertek Caleb Brett, donde sus propios trabajadores han denunciado a Resumen que “los que no aceptamos los sobornos somos vistos como imbéciles por nuestros colegas y además, recibimos fuertes hostigamientos por parte del personal de la flota cerquera”.

Anular para qué

Es necesario tener propuestas para superar estas condiciones, bajo las cuales se ha pauperizado la vida de los trabajadores de la pesca y de la sociedad chilena en su conjunto. Para ello se requiere un Plan de Pesca Sustentable que recupere las poblaciones de peces y establezca regímenes y métodos de pesca garantes de sustentabilidad. Actualmente, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca definen cuotas de captura a partir del cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el cual ha mostrado su ineficacia.

Un Plan de Pesca Sustentable entiende a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y por ello debe utilizarse un criterio precautorio, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. Un Plan de Pesca Sustentable también debería propiciar la asociatividad, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de pesca, procesamiento y distribución de productos marinos, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado, el cual ejerce el control sobre todas estas fases productivas.

Estos proyectos que aspiran a pescar para vivir, no tienen cabida en la política pesquera actual, manejada desde las asociaciones empresariales pesqueras. La Ley de Pesca muestra su total ineficacia para cumplir los objetivos declarados por su impulsor Pablo Longueira, de instaurar una admisnitración pesquera sustentable. Es urgente replantearse la política de administración pesquera. Se han perdido muchas oportunidades y cada vez quedan menos.

Foto: El Clarín

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