Corte de Santiago amplía el desafuero de Jaime Orpis por fraude tributario, fraude al fisco y cohecho

Corte de Santiago amplía el desafuero de Jaime Orpis por fraude tributario, fraude al fisco y cohecho

[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de Santiago amplió el desafuero del Senador de la UDI Jaime Orpis, investigado en el caso CORPESCA. El pleno de la Corte decidió apoyar la solicitud de la Fiscalía que le imputa delitos por fraude al fisco, fraude tributario y cohecho.

El presidente del tribunal de alzada, Miguel Vázquez Plaza, señaló que el pleno de ministros acogió por unanimidad la solicitud de pérdida de inmunidad parlamentaria de Orpis por fraude tributario y fraude al fisco. En tanto, en la imputación por el delito de cohecho la pérdida de inmunidad se acogió por 16 votos en contra de 14.

A Orpis se le acusa de jugar un papel relevante en la aprobación de la mefítica Ley de Pesca, representando los intereses de la gran industria pesquera en el texto legal. Orpis recibió dineros para su campaña y para cancelar deudas personales, a cambio de acciones que favorecieron a Corpesca tanto en la votación de la actual Ley de Pesca, como en la discusión y tramitación de otras leyes que impactan directamente la actividad de su financista.

El caso de Orpis y de una multitud de personeros políticos acusados, imputados y formalizados por delitos en torno a la Ley “Longueira” es una razón más para configurar un camino hacia la anulación del texto legal que permite la mercantilización del mar y sus recursos en manos de la gran industria pesquera

Por qué anularla

Junto a ser una ley promulgada a punta de sobornos pagados por la industria, es también un cuerpo legal que ampara la explotación pesquera en completo beneficio empresarial, dejando a la población en una condición de inseguridad laboral y alimentaria. Veamos por qué:

  • Porque los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, priorizando las ganancias fáciles y rápidas de la pesca industrial, sin la más mínima preocupación por el impacto que provocan estos métodos de captura no selectiva.
  • En la ley, el Estado reconoce la soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, sin que esto implique propiedad sobre ellos. El argumento que justifica esto es que los peces no pueden pertenecer al Estado de Chile, pues su trayectoria no está determinada por los límites jurisdiccionales del país, por lo que el pez adquiere un propietario en tanto es pescado por quien tenga permiso para ello. La propiedad recae entonces en quiénes se adjudicaron el permiso para pescar. La ley estableció cuotas de pesca a cada particular a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura. Para la pesca artesanal hay lo que ya hemos visto: canastas familiares, bonos y planes de reconversión laboral.
  • Estos permisos de pesca son por 20 años renovables. Además, quienes se lo adjudicaron, pueden hacer cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca, pudiendo dividirlo hasta en cien mil partes. O sea, listo para ponerle precio y subdividir el permiso [o licencia] en acciones a transar. Al comenzar a venderse en el mercado bursátil, los permisos de pesca adquieren un valor determinado por el propio juego especulativo de la bolsa, donde no es necesario que existan peces, pues lo comercializado es el permiso y la proporción de su cuota de captura.
  • La Ley permitió a Corpesca capturar sardina española y anchoveta dentro la franja reservada a la pesca artesanal entre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Este recurso es la base para la producción de harina de pescado y su posterior fabricación de alimentos para la industria cárnica de pollos, chanchos y salmones que genera alimentos nutricionalmente mucho más pobres que los propios peces que se ocupan en su engorda.
  • Recientemente se ha hecho pública la práctica de la industria pesquera de fabricar harina de pescado con pesca de sardina y anchoveta no declarada, o sea, ilegal. Esta pesca, excede los límites de las cuotas de captura entregadas a los armadores, poniendo en severo riesgo la reproducción de estas pesquerías que han dado claras muestras de sufrir sobreexplotación. Pero esto, al parecer, no amerita para la Subsecretaría de Pesca un cambio en la administración pesquera. El actual Subsecretario, Raúl Súnico declaró en septiembre de 2015 que “la pesca ilegal, es una amenaza que debemos combatir pues es uno de los principales problemas que afecta la recuperación de las especies”. Esta constituye una afirmación que, si bien indica un problema, oculta uno sistémico, pues la no recuperación de las poblaciones de peces y su progresivo agotamiento ha ocurrido bajo el amparo institucional, a través de sucesivas leyes pesqueras (como la “Ley Corta” de 2001 y la actual) y de una institucionalidad funcional a los intereses extractivos. Un caso demostrativo es que la fiscalización pesquera la realizan empresas privadas como Intertek Caleb Brett, donde sus propios trabajadores han denunciado a Resumen que “los que no aceptamos los sobornos somos vistos como imbéciles por nuestros colegas y además, recibimos fuertes hostigamientos por parte del personal de la flota cerquera”.

Anular para qué

Es necesario tener propuestas para superar estas condiciones, bajo las cuales se ha pauperizado la vida de los trabajadores de la pesca y de la sociedad chilena en su conjunto. Para ello se requiere un Plan de Pesca Sustentable que recupere las poblaciones de peces y establezca regímenes y métodos de pesca garantes de sustentabilidad. Actualmente, la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca definen cuotas de captura a partir del cálculo del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el cual ha mostrado su ineficacia.

El informe del “Estado de las principales pesquerías chilenas”, publicado en marzo de 2015, declaró que de las 38 pesquerías estudiadas, 8 califican en un “estado de plena explotación”, es decir, se encuentran en el falaz equilibrio del RMS. Muestra de ello es el caso de sardina común, que desde Valparaíso a Los Lagos, figura en esta categoría, mientras, en sucesivas ocasiones, su captura ha sido interrumpida por la evidente inexistencia de ejemplares con una talla adecuada para ser comercializada. Junto a éstas pesquerías, se le designa a otras 8 el estado de sobreexplotación y a otras 8 el de colapso o agotadas, entre ellas la merluza común o pescada’.

Un Plan de Pesca Sustentable entiende a los trabajadores de la pesca como imprescindibles para el aprovisionamiento de un alimento fundamental en nuestra dieta y por ello debe utilizarse un criterio precautorio, sin poner en riesgo la reproducción de las poblaciones de peces. Un Plan de Pesca Sustentable también debería propiciar la asociatividad, buscando integrar a diversos sectores de la comunidad costera en las labores de pesca, procesamiento y distribución de productos marinos, conformándose cooperativas que sustituyan al empresariado y su actual control todas estas fases productivas.

Estos proyectos que aspiran a pescar para vivir, no tienen cabida en la política pesquera actual, manejada desde la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) y de la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA). La Ley de Pesca muestra su total ineficacia para cumplir los objetivos declarados por su impulsor Pablo Longueira, de instaurar una administración pesquera sustentable. En este escenario, es urgente replantearse la política de administración pesquera. Se han perdido muchas oportunidades y cada vez quedan menos.

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