Una organización criminal integrada por funcionarios de Gendarmería, civiles e internos del Centro de Detención Preventiva de Illapel, capital de la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo, habría operado desde 2021, dedicándose al ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al recinto penitenciario, según la investigación del Ministerio Público.

El ente persecutor sostiene que la estructura delictual, según palabras de la jueza Andrea Rojas Cortés, corresponde a "una red criminal organizada", que extendió sus operaciones a distintas comunas de las regiones Metropolitana y del Biobío, obteniendo ganancias que superarían los $223 millones ligados al narcotráfico y otros delitos.

En este contexto, el Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de cuatro funcionarios de Gendarmería y un civil formalizados por asociación criminal, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios. La medida fue adoptada tras una audiencia de formalización que se desarrolló durante dos jornadas la semana pasada.

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Al fundamentar su resolución, la jueza Andrea Rojas Cortés sostuvo que los antecedentes expuestos permitían advertir la existencia de una estructura organizada que operaba desde el interior del recinto penal. “Aquí nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”, señaló la magistrada. Asimismo, destacó la gravedad de los delitos investigados y las altas penas asociadas a los mismos para justificar la necesidad de cautelar impuesta.

La resolución también incluyó la prisión preventiva de dos mujeres formalizadas por tráfico ilícito de drogas. En este caso, el tribunal descartó por ahora la imputación por asociación criminal, pero concluyó que mantenerlas bajo arresto domiciliario resultaba insuficiente, considerando que los domicilios investigados habrían funcionado como puntos de almacenamiento y dosificación de sustancias ilícitas.

En contraste, un quinto funcionario de Gendarmería quedó bajo la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados, debido a que el tribunal estimó que, en esta etapa de la investigación, solo existían antecedentes para atribuirle participación en delitos de cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos a recintos penitenciarios, desestimando las imputaciones por asociación criminal y tráfico de drogas formuladas contra los demás funcionarios.

La jueza también rechazó parte de los cargos presentados contra otros tres imputados, quienes quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional. Según indicó la jueza, el análisis de las pruebas permitió establecer, preliminarmente, una eventual participación de menor entidad en los hechos investigados. El tribunal fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.