El negocio de la energía y la minería busca adentrarse en Penco a través de dos proyectos que durante años han protagonizado conflictos en la comuna, donde la población ha logrado frenar su avance ante la amenaza de profundos impactos a los ecosistemas y las mismas comunidades. En este contexto, RESUMEN publica parte de un capítulo del libro «Una defensa de cerro a mar: La lucha de Penco contra la minería de Tierras Raras: Otra cara de la transición energética», el cual se lanzará el sábado 4 de noviembre en Penco.

Por Javier Arroyo Olea y Viera Saavedra Contreras | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Comprender el fenómeno de las empresas en los territorios conlleva un análisis riguroso en torno a las situaciones acaecidas y la visión de las y los integrantes de las organizaciones. Con ello, es necesario exponer lo que ocurrió con el ingreso y las estrategias utilizadas por la empresa minera Aclara (ex BioLantánidos), desde los y las habitantes de la comuna que se han organizado por la defensa del territorio. Esto no puede ser separado de las experiencias anteriores y sus similitudes en las formas de acción; tal es el caso de la Termoeléctrica El Campesino y GNL Penco, ambas iniciativas que constituyeron el proyecto conocido como Octopus y cuya conflictividad se cruzó con la que actualmente se vive en Penco ante el proyecto minero de tierras raras.

A continuación se sistematiza, parte de las experiencias y estrategias utilizadas por el proyecto Octopus entendiendo a éste como antesala de la intervención extractivista, cuyo proceso organizativo facilitó el agrupamiento de la población con la actual amenaza minera.

Octopus y sus estrategias para cooptar a la comunidad

Sin duda, existe un modus operandi en las formas que las empresas planifican y establecen su ingreso a un territorio determinado. Estas realizan un estudio previo a través de sus equipos donde analizan los datos demográficos, geográficos, las relaciones sociales, culturales, productivas, organizacionales, etc., que se gestan en el lugar donde buscan instalarse. Cabe señalar que las empresas no ingresan individualmente a los territorios; estas están conformadas por redes y socios tanto a nivel empresarial, político, académico e incluso comunitario, repitiendo constantemente las formas de entrada y de acción entre ellas.

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Tal es el caso que se vivió con Biobío Genera (Octopus). Para comenzar, es necesario retroceder un par de años y recordar lo que ocurrió en la comuna de Penco-Lirquén cuando en el año 2013 los y las habitantes tomaron conocimiento de la posible instalación de este proyecto, que consistía (y consiste) en la construcción y funcionamiento permanente de un terminal marítimo de Gas Natural Licuado (GNL). Según los datos que la misma empresa proporcionaba a través de su página web, dicho terminal buscaría conectarse con el gasoducto del Pacífico por medio de tramos de gasoductos submarinos y subterráneos, planteando como objetivo central contar con una infraestructura portuaria necesaria para descargar, almacenar y regasificar GNL.

Según lo planteado por Saavedra (20), el nombre de la empresa fue conocido al comienzo por la comunidad como Australis Power, pero con el paso del tiempo, ciertos socios se fueron retirando y las redes de la empresa fueron variando: esta cambió su nombre y empezó a ser conocida como Biobío Genera. Esta variación generó confusiones en las personas con respecto a quiénes eran los titulares del proyecto y con el conocimiento de otras experiencias, se pudo constatar que es una dinámica que adoptan las grandes empresas en múltiples territorios donde intentan instalarse.

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Paralelamente, el proyecto ingresó con el nombre de Octopus que, traducido al castellano, significa pulpo, nombre que impulsó a los grupos opositores a utilizar este animal como símbolo de la identificación del proyecto. Con el paso del tiempo la empresa fue cambiando el nombre del terminal de gas para hoy en día ser denominado GNL Penco. Estos cambios no calaron de manera tan profunda en la población, puesto que sigue siendo conocido popularmente como "Proyecto Octopus".

Resulta necesario plantear que la empresa expuso el proyecto de manera parcelada, esto quiere decir que a nivel general constó de varias etapas que involucran, entre otros aspectos, a distintos territorios. Según lo señalado por Saavedra (21), la primera incluiría el proceso de regasificación en las costas de Penco-Lirquén y la segunda correspondería a la conexión entre el gasoducto submarino y el gasoducto terrestre que ya se encuentra instalado desde hace un tiempo, pero en desuso.

Estas dos etapas forman parte de lo que la empresa comenzó informando tanto a las autoridades medioambientales como a la comunidad, omitiendo que estaban directamente relacionadas. La población organizada, al advertir que el proyecto se encontraba fragmentado y que afectaría a muchos territorios, decidió levantar una organización de oposición mucho más amplia que incluía a todas las comunas que se verían directamente impactadas por el mega proyecto.

Al presentarse todo de una manera tan difusa y al existir tan poca comunicación con las comunidades, las empresas aprovechan para hacer creer que los proyectos corresponden a uno solo que no está inserto en un contexto, una política económica nacional e internacional, con vínculos transnacionales, etc. Sin embargo, éstos se encuentran estrechamente relacionados entre sí, construyendo redes que van destruyendo paulatinamente los territorios, tal como ha sucedido en la historia de Chile con el modelo forestal, agroexportador, acuícola, inmobiliario, entre otros.

Conocer esta antesala es fundamental para comprender las estrategias desplegadas por la empresa minera que amenaza actualmente al territorio, como también las decisiones políticas y formas de organización de la propia comunidad. En este sentido, el caso de Octopus viene a generar una profundización de la alerta extractivista, generando movilización en la población y que ésta, al momento de dar cuenta del proyecto minero, permita actuar de una forma mucho más dinámica.

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El turno de la minería: Tierras raras en Penco

El interés de explotación minera en Penco ingresó sigilosamente por parte del empresariado, pero en el último tiempo ha sido fuertemente impulsado por las políticas públicas que incentivan la "obtención" de minerales críticos para la transición energética, siendo un proceso que se ha extendido por una década.

(Salto a punto b.1. del subcapítulo)

b.1. El piloto: Incentivo estatal

La intervención inicial del proyecto se dio mediante una planta piloto ubicada en los cerros de la comuna de Penco, operativa desde el año 2015, conocida como «El Cabrito» y que se ubica a 15 minutos en vehículo desde la plaza de la comuna. Sin embargo, fue durante 2012 y 2014 que se desarrolló un proceso de exploración geológica e inicios de perforaciones. Es decir, paralelamente al ingreso sigiloso del interés minero en los cerros de Penco, se desarrollaba en las costas de la comuna el conflicto por el Proyecto Octopus.

Esta planta piloto contó no solo con el respaldo del empresariado, que en ese entonces encabezaba el proyecto minero, sino que también mantuvo un vínculo financiero con el Estado de Chile mediante el Programa Fénix, iniciado bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera. El «Fondo de Exploración Fénix», el cual contaba con 90 millones de dólares, provenía en dos tercios de la Corporación de Fomento de la Producción, mientras que el restante tenía como origen el sector privado.

Fue en enero de 2013 cuando se anunció que el Fondo Fénix había girado más de US$6 millones en exploración mediante seis administradoras de fondos de inversión, entre las cuales se encontraba Lantánidos, vinculada a las tierras raras. Concretamente, el programa impulsado por el entonces ministro Laurence Golborne, buscaba «desarrollar la industria de la exploración minera en Chile e impulsar la minería junior, motor de la exploración en otros países». Así, la apuesta por las tierras raras contó con un fuerte incentivo inicial por parte del Estado de Chile canalizado a través de la CORFO.

El aporte del dinero fiscal fue esencial para el desarrollo de la planta piloto que vio la luz pública en 2015, y que contó con la visita de connotados personeros políticos de la época, cimentando la instalación de un discurso que promovía la explotación minera para que la comuna de Penco -y Chile- se instalara como referente clave para la transición energética. 

Ejemplo de aquello fue diciembre de 2015, instancia en la que el entonces seremi de Minería del Biobío, Lautaro Benitez, se apersonó en las instalaciones de la entonces minera BioLantánidos señalando que «gozan de la buena fortuna de ser una oportunidad», refiriéndose tanto a la apertura de trabajos como también a la comercialización del mineral. Por su parte, Arturo Albornoz, entonces jefe de proyectos de la misma minera y quien contaba -vía poder especial- con la potestad de representar a REE UNO SpA, adelantó el eventual inicio de la tramitación ambiental del proyecto mediante el ingreso de una Declaración de Impacto Ambiental durante el año 2016. Así, la materialización del proyecto comenzó a convertirse en una realidad palpable, con un piloto con fines investigativos, pero que iba de la mano con el interés de explotación.

Meses más tarde, ya en mayo de 2016, una nueva visita se realizó a las instalaciones de la planta piloto, pero esta vez con otras autoridades políticas, no solo del país sino que también internacionales. El entonces intendente (hoy Gobernador) del Biobío, Rodrigo Díaz Worner, realizó una visita junto a una Delegación China en la cual se encontraba Jia Yinsong, parte del Departamento de Materias Primas del Ministerio de Industria e información Tecnológica.

En ese entonces, el representante del Ejecutivo en la región del Biobío señaló que «estamos presentes hoy día como autoridades de Gobierno porque la forma de hacer negocio de las autoridades chinas y sus empresas, están vinculadas íntimamente como actores público-privados. Estamos demostrando que esta es una iniciativa seria, que está dentro del marco de la Estrategia Regional de Desarrollo y que nosotros pensamos brindar todo la cooperación posible, de tal manera de recoger los aprendizajes producto de esta visita».

Dicha visita fue una contundente expresión del respaldo político que se le dio a la inversión minera en los cerros de Penco, rescatando el vínculo que esta contaba no solo con el empresariado privado, sino que también con el fomento de inversión pública mediante el Programa Fénix, además de la presencia de personeros como el entonces seremi de Minería, Lautaro Benítez, seremi de Economía, Iván Valenzuela y representantes de la empresa.

El impulso ya se había dado. El interés privado no era un hecho aislado en la explotación de tierras raras, sino que una realidad facilitada por políticas de Estado y dinero de todas y todos.

b.2. Entre Declaración de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental

A la fecha el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) da cuenta de cinco tramitaciones ambientales que tomó el proyecto minero entre los años 2016 y 2023. Cada una, en el marco de una latente conflictividad socioambiental que desplegó estrategias tanto de la población en defensa del territorio como también por parte del interés empresarial.

Inicialmente, los impulsores del proyecto optaron por presentarlo mediante Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). En 2016, tres DIA fueron ingresadas en un periodo de apenas seis meses, de las cuales dos fueron desistidas y una tercera no fue calificada.

"El Cabrito" fue el nombre que le dio la empresa a su proyecto para presentar sus Declaraciones de Impacto Ambiental, donde si bien las dos primeras fueron desistidas por el propio conglomerado, la tercera recibió el término anticipado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, fundamentándose en dos elementos sustanciales: «El Proyecto genera o presenta el efecto, característica o circunstancia del literal b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y del literal a) del artículo 6° del D.S. N° 40/2012 Reglamento del SEIA, requiriendo presentarse como un Estudio de Impacto Ambiental. Y, por otra parte, el Proyecto carece de información esencial para descartar los efectos, características o circunstancias de la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300 y en los literales b) y f) del artículo 6°del D.S N° 40/2012 Reglamento del SEIA».

Cerros de Penco | Fotografía Resumen.cl

Esta resolución, fue un golpe directo a la forma de operar de la empresa, que ya había sido alertada por las comunidades, haciendo referencia a la imposibilidad de evaluar ambientalmente un proyecto de estas características mediante una mera Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, dos años más tarde, la empresa retomaría el proceso de evaluación ambiental, pero esta vez viéndose obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El 30 de noviembre de 2018 ingresó al SEIA el Proyecto BioLantánidos teniendo nuevamente como titular a la empresa REE UNO SpA y cuyo representante legal era Rodrigo Ceballos Argo. Sin embargo, en enero del mismo año ya el entonces seremi de Minería, Lautaro Benítez, daba un nuevo respaldo al proyecto minero, señalando que «iniciativas como estas se alinean con la Estrategia de Desarrollo Regional que el Gore Bío Bío está implementando desde el año 2015. En ese sentido para nosotros como Gobierno es importante acompañar el desarrollo de estos proyectos que generan innovación y nuevas oportunidades en distintos sectores de la economía local y nacional, dándole un impulso, el cual de seguro se verá potenciado con la llegada de Enami, un hito importante conseguido en este Gobierno y que de seguro traerá grandes beneficios para nuestros mineros».

Así, se justificó la tardanza en comenzar una nueva tramitación ambiental, la cual en esta ocasión duró hasta marzo de 2022 cuando la empresa nuevamente desistió de su EIA. Durante esos cuatro años, existió un despliegue de las y los habitantes de la comuna que luchaban -y lo continúan haciendo- por la defensa de su territorio, mientras que la empresa utilizó estrategias para facilitar el avance del proyecto mediante herramientas que fueron alertadas y denunciadas por la misma población.

(Salto a punto g. del subcapítulo)

g. ¿Quién maneja el proyecto?

Como punto fundamental a considerar respecto al proyecto minero de tierras raras se encuentra el entramado de inversiones que existe detrás, lo cual durante el proceso de conflicto se ha visto complejizado por los cambios de nombres de la empresa, ingreso de nuevos actores y tensiones entre los propios inversionistas.

La consideración del historial financiero-administrativo, al igual que el conflicto socioambiental, permite comprender el momento en el cual se encuentra el proyecto, como también vislumbrar la red de transacciones que se han realizado con anterioridad y cómo esto se relaciona con el actuar de la empresa titular.

La legislación chilena favorece la explotación minera en base a un sistema de concesiones, el cual da inicio a una cadena de especulación que, mediante el flujo de capitales, cimenta bases para la sostenibilidad financiera de los proyectos. En este sentido, el extractivismo minero está amparado en el marco constitucional actual de Chile, concentrándose en la importancia de la propiedad privada que es transferida a empresas mediante la presunción del interés público sobre «recursos» mineros, operación facilitada mediante concesiones incluyéndose atributos que dan protección a la propiedad de la concesión reflejada en, por ejemplo, la sobreposición de la propiedad minera del subsuelo por encima de la propiedad del suelo, además de facilitar concesiones mediante fallos judiciales vía tribunales y en cuya implementación juega un rol esencial la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y el Código Minero.

Fotografía: Captura de video de empresa Aclara

Este entramado de concesiones ha abierto la puerta a diversas inversiones que financian proyectos de explotación, y que en el caso de las tierras raras generan la base para dar paso a la especulación mediante la exploración y eventual explotación, como ha ocurrido en Penco.

Acá, un rol fundamental es el que cumple la empresa REE UNO SpA quien, según información facilitada al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA por el Servicio Nacional de Geología y Minería, cuenta en la región del Biobío con 119.100 hectáreas de concesiones mineras. Papel fundamental en esta empresa jugó Manuel José Barros Lecaros, quien constituyó la Sociedad por Acciones REE UNO SpA, siendo publicada su creación en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 2011.

En tanto, Barros Lecaros es reconocido como asesor del exsubsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irrarázabal, quien se desempeñó en el cargo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. De igual forma, en 2013 Barros Lecaros se encontraba en el Top 10 de titulares con mayor cantidad de hectáreas en concesiones de exploración minera de Chile con un total de 257.800 ha, siendo un particular que estaba por sobre empresas como Soquimich, Minera Escondida y Anglo American Norte, en lo que a exploraciones se refiere.

Situar el rol de REE UNO SpA es fundamental para dimensionar el entramado de concesiones mineras constituídas a partir del vínculo con Manuel Barros Lecaros, teniendo en cuenta que los únicos accionistas de la empresa a marzo de 2012 eran él y el Fondo de Inversión Privado Lantánidos.

Inicialmente, al momento de ingresarse las Declaraciones de Impacto Ambiental y el primer Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto era encabezado por la empresa REE UNO SpA, la cual operaba el proyecto BioLantánidos y que era entonces propiedad de Minera Activa, esta última, indican en su propio sitio web, "es una sociedad creada con el objetivo de crear y administrar vehículos de inversión para desarrollar el negocio minero desde la exploración hasta la explotación en el ámbito del capital privado, respaldado por una administración de amplia experiencia".

Mapa presentado por Aclara en EIA

Cabe mencionar que Minera Activa está ligada al conocido grupo LarraínVial. Este entramado dio paso a las posteriores transacciones que permitieron la constitución de la actual empresa Aclara. 

En 2019, las familias Pavez y Cueto entraron como inversionistas a BioLantánidos mediante sociedades como Costa Verde Portfolio (en el caso de Cueto) e Inversiones Centinela (por parte de Pavez). Estas dos inversiones, acorde a lo planteado por representantes del proyecto, entrarían en acciones de serie B, donde las sociedades «operan como deuda, es decir, no tienen derechos políticos, ni participación económica fija en la sociedad y en cambio tienen una preferencia para recibir cierta tasa de interés», incluyéndose inversores pasivos.  

En esta misma categorización, y el mismo 2019, el entonces Gerente General, Ignacio del Río, señaló que solo existían dos socios políticos: FIP Cluster Minero y Hochschild Mining. Este último se ha constituido como el actor fundamental a cargo del proyecto minero que actualmente amenaza a la comuna.

Fue durante los años 2018 e inicios de 2019 que la empresa Hochschild Mining invirtiera una contundente cantidad de dinero para alcanzar el control de las acciones de la minera, alcanzando poco más del 6% en dicho periodo de tiempo. Sin embargo, fue a inicios de octubre de 2019 que la firma peruana Hochschild -transada en la bolsa de valores de Londres- dio a conocer que adquirió el 93,8% del proyecto entonces llamado BioLantánidos. Esta transacción la realizó a Minera Activa y habría alcanzado los US$56,3 millones.

Así, el Grupo Hochschild se posicionó como el controlador del proyecto teniendo en trámite un Estudio de Impacto Ambiental. Años más tarde, en 2021, el grupo anunció que transfería el proyecto de su empresa con base en Londres (Hochschild Mining) -a través de filiales en paraísos fiscales– a su compañía con base en la bolsa de valores de Toronto en Canadá (Aclara Resources).

Semanas después, la empresa oficializó que la compañía a cargo del proyecto minero cambiaría de nombre y sería Aclara, siendo parte de su estrategia de comunicación y vinculación con las comunidades. Sin embargo, el historial de conflictividad socioambiental se mantiene vigente en el caso de la explotación de tierras raras; Aclara ha sido duramente acusada de no ser una empresa transparente y clara con la comunidad, impulsando un cuestionado proceso de Participación Ciudadana Anticipada sin sustento o confiabilidad al no contar con documentación vigente del proyecto.