Este miércoles se presentó una denuncia en la Contraloría Regional de 'uble en Chillán que alerta sobre graves irregularidades en el proceso sancionatorio que lleva a cabo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) contra el proyecto Embalse Punilla. Esto debido a los violentos desalojos de familias arrieras-campesinas en el área del proyecto en noviembre de 2018.

Por Alberto San Martín Muñoz

Hace seis años nuestro medio cubrió en terreno los violentos desalojos realizados por Carabineros y personal de la empresa Astaldi, la concesionaria del proyecto en aquel entonces.

Posteriormente las familias desalojadas quedaron en muy malas condiciones, «literalmente en la calle, con lo puesto, sus viviendas destruidas, sus inmuebles y pertenencias retenidas» tras esta violenta acción que fue calificada como ilegal.

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Seis años después la pesadilla continúa para las familias afectadas.

Este miércoles en las oficinas regionales de la Contraloría General de la República, integrantes del Movimiento Social en Defensa del Río 'uble, representados por la ONG Defensa Ambiental, presentaron una denuncia formal ante la institución alertando y denunciando graves irregularidades en el proceso sancionatorio que lleva a cabo la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en contra de los titulares del proyecto Embalse Punilla, el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En esta denuncia se solicita que se investigue el actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) específicamente el procedimiento sancionatorio que se inició en 2021 tras estos desalojos.

Cabe mencionar que este procedimiento se encuentra sin resolver luego de más de tres años. Se han registrado «retrasos excesivos en la resolución del procedimiento, alteración del expediente sancionatorio, ocultamiento de documentos clave durante dos años e incumplimientos de principios fundamentales del derecho administrativo, como la probidad, la transparencia y la eficacia de los actos del Estado» señalaron desde la ONG en un comunicado.

Precisamente esta demora e irregularidades «refuerzan la percepción de que se han otorgado ventajas indebidas al proyecto, a pesar de sus impactos sociales y ambientales» señalaron.

"Nos parece grave el cómo se ha llevado a cabo el proceso sancionatorio por los desalojos ilegales ocurridos en 2018, ya que se han evidenciado irregularidades y retrasos sumamente graves, se ha privado a las y los vecinos de ejercer sus derechos en las oportunidades que corresponden, y en definitiva, hemos visto cómo se han estado otorgando privilegios a la empresa y al Ministerio de Obras Públicas" indicó Ricardo Frez, abogado de la mencionada ONG Defensa Ambiental.

Impactos de las represas en los ríos

Los grandes embalses o represas, pueden generan drásticos efectos en los cauces y su entorno, tales como la inundación de superficies de terreno aguas arriba y la modificación del caudal aguas abajo, lo que puede implicar pérdida de bosques, tierras cultivables y el desplazamiento de comunidades humanas, dependiendo de la magnitud de la inundación y las características resultantes del nuevo río.

Los embalses modifican profundamente las características físicas, químicas y biológicas de los ríos y al conformar una barrera infranqueable para especies de peces e invertebrados, estos pueden ser afectados en su disponibilidad de hábitat y alimentación.

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El proyecto Embalse Punilla, busca convertirse en el segundo embalse más grande del país después de Ralco. Contempla la inundación de 1.700 hectáreas en las comunas de San Fabián y Coihueco, además de la relocalización forzada de más de 90 familias. Todo esto adyacente a la Reserva de la Biosfera de 'uble y donde peligra el hábitat del Huemul (Hippocamelus bisulcus), actualmente en peligro de extinción.

El proyecto también contempla la instalación de un tendido eléctrico de 23 kilómetros de líneas de alta tensión en la zona cordillerana.

Comunidades afectadas buscan presionar a autoridades.

En su comunicado la ONG señala que «Las comunidades afectadas esperan que la Contraloría actúe con celeridad, establezca responsabilidades administrativas y garantice un proceso transparente y justo».

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También realizaron un llamado a respetar los derechos de las personas y la protección ambiental en este tipo de megaproyectos, los que suelen verse constantemente vulnerados por la acción empresarial en complicidad con el Estado.