El 30 de marzo, pero de 1985, el pueblo chileno se horrorizaba tras el hallazgo de los cuerpos degollados de tres militantes del Partido Comunista, Santiago Nattino, Manuel Guerrero Ceballos y José Manuel Parada, quienes fueron detenidos y brutalmente asesinados por Carabineros de Chile, que arrojaron los cadáveres en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

Por Juan Contreras Jara

El primero en ser secuestrado por personal de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), fue Santiago Nattino, el 28 de marzo de 1985, siendo trasladado hasta el cuartel que la institución mantenía en calle 18 de Santiago. Un día después, llegarían al mismo centro de detención y tortura, el profesor Manuel Guerrero y el sociólogo José Manuel Parada, quienes fueron raptados desde la puerta del Colegio Latinoamericano de Integración.

Cabe destacar que, durante el secuestro de Guerrero y Parada, desde el frontis de dicho establecimiento, resultó un docente herido a bala por personal de Carabineros, luego de querer intervenir y evitar el secuestro.

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Como fue la tónica durante la dictadura y los procesos de resistencia llevados desde el pueblo en su contra, se intentó instalar en la opinión pública que el horroroso caso había sido producto de un ajuste de cuentas, evitando a sumir así la responsabilidad de sus agentes represivos, en este caso, de Carabineros.

En momentos en que la posibilidad de otorgarle más facultades a Carabineros está en la palestra, es preciso considerar los horrores cometidos por la institución al momento de ostentar mayores garantías, que, como en gran parte de las violaciones a los DDHH durante la dictadura, quedaron en impunidad.

Lo anterior, debido a que, pese a que por el Caso Degollados resultaron detenidos dos capitanes, un comandante, dos coroneles y otros dos oficiales, en 2016 la Corte Suprema otorgó la libertad a Guillermo González Betancourt, uno de los miembros de la Dicomcar implicado en el hecho.

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Si bien el contexto histórico es distinto al de la dictadura cívico militar, parte de estas garantías o permisividades podrían volver a manos de Carabineros, con la promulgación de la Ley Gatillo Fácil o Ley Naín-Retamal, que fue aprobada este miércoles por la Cámara y que entre sus medidas incluye, la figura de la legítima defensa privilegiada.

Esta última figura podría hacer retroceder a Chile en materia de DDHH, explica la abogada Mariela Santana, parte de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), acotando que, «garantiza prácticamente la impunidad para Carabineros en su actuar. Significa, validar y naturalizar la violencia del Estado».