RESUMEN publica un capítulo del libro «Las Otras Heridas: Extractivismo y 50 años de lucha socioambiental en Chile«, trabajo lanzado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA. En este capítulo, Cesar Padilla, coordinador de OCMAL, aborda el tránsito minero que ha dirigido a Chile durante las últimas décadas, profundizándose en la postdictadura los intereses del empresariado y las clases políticas, pero también las tensiones y conflictos.

Por César Padilla Ormeño

Se habla de los países por su vocación económica. De Chile se dice que es un país minero y con eso se espera que el resto se entienda por añadidura.

La minería en Chile tiene orígenes ancestrales. Los indígenas originarios del norte se pintaban la piel con minerales para las ceremonias religiosas, eso es al menos lo que afirman historiadores.

En aquel entonces y en culturas altamente espirituales, todo lo que sirviera para complacer a las divinidades era de utilidad. Lo fueron también los minerales, aunque cabe mencionar que en algunos casos ello tuvo un trágico desenlace. Se dice que un importante número de miembros de las comunidades originarias pintó sus cuerpos con arsénico, socavando así la propia supervivencia.

Más tarde, con la llegada de los invasores europeos, las infinitas ambiciones por los metales preciosos causaron enfermedad y muerte a la población local.

La minería de salitre del siglo 19 también significó guerra, muerte y desolación en el norte, en los territorios ocupados, bolivianos y peruanos respectivamente, los cuales pasaron a llamarse Chile al fin del conflicto bélico.

El cobre ha sido el mineral que ha estado ligado a la historia del país desde el siglo 19, aunque termina por afincarse de manera definitiva desde inicios del siglo XX con la llegada de tres empresas norteamericanas que explotarían el metal rojo para satisfacer la demanda internacional ligada a la ampliación de la manufactura y la producción industrial.

Se trata de las empresas Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912, y Andes Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916 (Memoriachilena).

La nacionalización del cobre

La tradicional explotación de cobre en manos de las empresas norteamericanas con enormes ganancias para éstas llegó a su fin en junio de 1971 cuando el presidente Salvador Allende, con apoyo unánime del congreso pleno, nacionalizó las minas de cobre para beneficio del país. Unos de los argumentos presentados para no pagar por la nacionalización fue que las empresas habrían realizado ganancias excesivas durante años, sin pagar lo correspondiente al Estado Chileno (El Mostrador, 2023).

Fue una medida aplaudida no solo nacionalmente sino a nivel internacional en el concierto de países y sociedades que veían en Chile un ejemplo de soberanía y dignidad para salir de la situación de subdesarrollo, pobreza y dominación que caracterizaba las relaciones entre naciones industrializadas y aquellas dependientes.

Gunder Frank lo menciona en su texto sobre el desarrollo y el subdesarrollo (Internationalallende.org). No es posible tener países ricos si no hay, por otro lado, y como contrapartida, países pobres. Donde, ya lo podrán imaginar, los primeros son ricos por haber accedido a la riqueza de los segundos.

Profundiza también el investigador en su teoría del subdesarrollo que explica como los países ricos lo son por usufructuar de las riquezas naturales de los países menos desarrollados, llamados también dependientes. Su visión y crítica tienen una singular validez, ya que André Gunder Frank fue estudiante de la escuela de Chicago bajo la supervisión de Milton Friedman en los años 60 (Ver web Internationalallende).

Esto pone al centro de la reflexión la medida impulsada por Allende que convertía al Estado en dueño de las riquezas minerales, tradicionalmente en manos de potencias extranjeras.

País minero

Chile comienza una etapa donde le queda por demostrar que es capaz de salir adelante con la explotación y exportación de cobre, sin la presencia de expertos extranjeros.

Poco más de dos años duró la apuesta productiva minera nacional en el marco de la revolución en democracia del gobierno del presidente Allende, frustrada en septiembre de 1973 por el golpe militar.

Con la ya vigente Corporación del Cobre Codelco, heredera desde 1966 del "Departamento del Cobre", Chile se sitúa en las ligas mayores de la producción y exportación de cobre al mundo, en un momento en que las expectativas de crecimiento productivo industrial requerían de un sinnúmero de elementos para sostener su apogeo.

Luego del golpe militar de 1973 hubo pocos cambios estructurales en términos de producción y exportación de cobre. La excepción es la modificación a la Ley "reservada del cobre" (Ley N°13.196, del año 1958) que en lugar de asignar el 15% de las utilidades de la minería del metal rojo al presupuesto nacional, restó un 10% de las ventas para financiar las cuatro ramas de las fuerzas armadas. El decreto 1.530 del año 1976 establecía para ello un piso mínimo de 90 millones de dólares anuales, que en 1985 aumentaron a 195 millones de dólares, según se lee en el decreto 18.445. Esta información permaneció en carácter secreto en la postdictadura hasta el año 2016, en que operó inicialmente el Consejo para la Transparencia acogiendo una petición de acceso al contenido de la ley. Finalmente el Congreso ordenó la publicación de la ley reservada, cuando ya se había filtrado su contenido por la prensa (El Mostrador, 2016).

Es imperativo mencionar que tradicionalmente la explotación de recursos naturales y en especial los minerales, fueron considerados pilares del desarrollo de los países del tercer mundo, dado que los países recaudaban dinero por concepto de exportación de minerales lo cual les permitía la toma de decisiones en ese sentido. No obstante, las cifras de pobreza y dependencia indicaban una realidad muy distinta a esa aspiración.

La explicación entregada por Gunder Frank daba cuenta de la pérdida de soberanía de muchos países, denominándola como "teoría de la dependencia". Esa teoría establece que los países productores de materias primas están al servicio de los intereses de los países importadores y las decisiones más importantes se toman en los segundos, manteniendo a los primeros sumidos en la pobreza (ver Internationalallende).

La Comisión Económica para América Latina CEPAL ideó una respuesta para contrarrestar esta situación proponiendo un sistema económico conocido como de "sustitución de importaciones" que proponía una suerte de industrialización de los países de América Latina (Valpy Fizgerald).

Corrían los años sesenta y veíamos como Argentina, Brasil, Chile entre otros hacían esfuerzos para desarrollar una industria nacional para reducir la dependencia de bienes de consumo y fortalecer la producción nacional, sobre todo de artefactos eléctricos y de línea blanca para los hogares. Este acápite de la historia de América Latina no alcanza para un capítulo extendido pues la propuesta productiva "emancipadora" se interrumpió por la instalación paulatina pero progresiva de regímenes dictatoriales en muchos países de la región.

Sin embargo, es preciso señalar que la nacionalización del cobre en Chile (que contó con la aprobación unánime del congreso de la época) y el proceso de fortalecimiento productivo del país contemplados en el programa de la Unidad Popular y llevados a cabo entre 1970 y 1973, respondieron en gran medida a las muy difundidas políticas de emancipación industrial promovidas en esos años. Por ello la nacionalización gozó de apoyo popular en sectores amplios de la población y el espectro político.

Emancipación frustrada

Golpes militares apoyados por Estados Unidos, instalaron regímenes represivos en la mayoría de los países de la región. Ese plan coincidió en gran medida con la influencia en la política exterior de Estados Unidos del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien tuvo incidencia directa en golpes de estado, lo cual en el caso particular de Chile está documentado.

La instalación de regímenes militares en América Latina se explica como el intento de subsanar el error político cometido por el país del norte para responder al peligro de la expansión de la revolución cubana, fenómeno político en proceso de consolidación en plena guerra fría. Se pensó erróneamente desde Estados Unidos, que la aplicación de políticas sociales de apertura en América Latina en los años sesenta contendría los avances de movimientos revolucionarios en la región. Las propuestas de reforma agraria en el campo, el creciente protagonismo de las organizaciones laborales en las ciudades y la sindicalización campesina representaban un avance en esa dirección.

Contra todo pronóstico, los movimientos campesinos se radicalizaron y los trabajadores de la ciudad acrecentaron sus demandas provocando de esta forma proyectos revolucionarios acompañados por sectores de intelectuales y juventudes ansiosas por materializar cambios profundos en las sociedades y las economías nacionales. Los nuevos "gobiernos" dictatoriales desecharon las políticas económicas emancipatorias y profundizaron la explotación de bienes primarios como recursos naturales con fines de exportación.

En otras palabras, llevaron adelante la profundización del modelo primario exportador. Sin un norte económico claro luego del golpe militar, bajo la hegemonía de la junta militar de gobierno, Chile asume pronto la doctrina neoliberal promovida por la llamada escuela de Chicago de la Universidad del mismo nombre, que desde los años 50 venía becando estudiantes de la Universidad Católica de Chile para ser formados en las nuevas y modernas orientaciones económicas (ver Memoria Chilena).

El modelo, conocido como modelo neoliberal, ampliamente aplicado, difundido y criticado, daría forma a la economía del país con el surgimiento de propuestas privatizadoras que afectaron sectores importantes de la economía nacional.

Sin embargo, y pese a las influencias de los "Chicago Boys" -apelativo con que se conocía a quienes habían estudiado en dicha universidad- la explotación de cobre en Chile se mantuvo en manos del Estado. Probablemente se intentaba asegurar ingresos suficientes para las fuerzas armadas a todo evento, aunque ya en esos años subsistía en ese tipo de economistas la idea de privatizar la minería que estaba en manos del Estado.

Luego de la constitución del ´80 se dictaron nuevas leyes, entre las cuales destaca la Ley N°18.097, Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982) elaborada por el ministro de Economía José Piñera, quien asumió en 1978 esa cartera durante el gobierno de la dictadura cívico militar. Esta ley tenía por objeto concesionar los yacimientos mineros con garantías no vistas hasta ese momento en país alguno. Se trataba de la instauración de la concesión plena, que entrega en calidad de propiedad privada y sin límite de tiempo, un yacimiento minero, con la única condición del pago oportuno y renovable de derechos, lo cual es una formalidad en el caso de grandes y ricos yacimientos.

No es claro si ello contradecía o no el artículo de la constitución del 80 que versa sobre los materiales del subsuelo, ya que aún existen opiniones encontradas al respecto.

La citada ley excluyó de la concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos marítimos y aquellos que se consideren "de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros", (Biblioteca del Congreso Nacional) ya que la constitución aprobada en dictadura (Capítulo III, 24) establece que el Estado tiene el dominio absoluto....de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles." Nótese que la ley orgánica excluye específicamente al litio de las concesiones, sin embargo, la constitución, en el párrafo referido a minerales que pertenecen al Estado, incluye los salares (que son humedales).

El carácter de estatal asignado a los minerales en la constitución, se relativiza a continuación al incluir en su mismo texto un sistema administrativo de explotación de aquello que no puede ser objeto de concesión. En el caso del litio, por ejemplo, Soquimich mantiene un Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), que se acercaba en estos días a su fecha de expiración. La implementación del proceso de concesiones a mineras privadas fue acompañada por los decretos de ley sobre materia laboral, que, de paso, restringían los derechos de asociación de los trabajadores, fraccionando sus organizaciones de modo de no poner en riesgo la actividad productiva en caso de conflicto (Corvalán, A. 2015).

Es en este escenario que la producción de cobre de Chile crece paulatinamente, casi por inercia, acompañada de la producción de otros bienes de exportación aprovechando las llamadas "ventajas comparativas" es decir, producir lo que al país se le daba bien. En otras palabras, creció la agricultura de exportación, el sector forestal, la salmonicultura e incluso la industria armamentista. Recién en la década del 90 la producción de cobre de Chile comienza a incrementar sus cifras, llegando a producir un récord de 6 millones de toneladas de cobre fino en el año 2018.

Se habló en la época con preocupación del posible énfasis en el desarrollo de la actividad minera en desmedro de otras actividades generando lo que en economía se denomina "la enfermedad holandesa". Es decir, que, en un escenario de gran cantidad de ingresos por materias primas, se desperdicie la oportunidad de invertir en bases para el fortalecimiento económico futuro con gasto en tecnología, educación y actividades sustentables de largo plazo. De esta manera, economías afectadas por dicha enfermedad se empobrecen al gastar los ingresos por materias primas en importación de bienes de consumo y gastos suntuarios que no aportan a sostener el bienestar temporal en el largo plazo.

Otros hablan de la "maldición de la abundancia".

El aumento de la producción mencionado se debió especialmente a la incorporación de empresas transnacionales en un inicio principalmente canadienses, en el negocio minero.

En el régimen dictatorial la nueva estrategia minera se justificaba con varios argumentos. Uno de ellos alertaba sobre la posibilidad de reemplazo del cobre en los procesos industriales, que haría revivir en algunos la tragedia del salitre, reemplazado por el salitre sintético haciendo desmoronar la producción y exportación de ese mineral en la década del 30 del siglo pasado.

Otro argumento mencionaba la incapacidad de Codelco para invertir en nuevos proyectos mineros y no precisamente por falta de capacidad técnica sino financiera. Recordemos que Codelco entrega su renta al fisco y es este quien finalmente define el destino de esos recursos. Codelco no puede disponer libremente de sus ingresos por exportaciones para reinvertir y expandir sus actividades.

Además, el sobre explorado territorio, especialmente aquel situado en la cordillera, a cargo de empresas transnacionales, hacía cada vez más difícil a Codelco poder expandir su actividad.

En los casos en que un yacimiento estuviera en posesión de la empresa estatal, Codelco buscaba el concurso de empresas privadas, compartiendo la operación del proyecto como es el caso de mina El Abra en joint venture con Freeport McMoran.

Resulta poco comprensible para muchos, la decisión estatal de mantener a Codelco al margen de la expansión, en un negocio que ha mostrado rentabilidades poco vistas en otros rubros, ganancias asociadas al crecimiento de la demanda del mineral por parte de la industria en el mundo. China y su creciente demanda de cobre han contribuido particularmente a este proceso.

Ganar y perder

Es efectivo que Chile se sitúa a la cabeza de la exportación de cobre en el mundo, pero la participación del Estado ha ido decreciendo en el negocio minero para dejar paso a la iniciativa privada.

Si a inicios de los años 90 Codelco producía más del 70% del cobre que exportaba el país, en la actualidad, a duras penas se acerca a una participación del 30%. Ello en un negocio que se ha triplicado en los últimos 20 años.

Cada vez que existe la oportunidad de poner en discusión la posibilidad de vender la totalidad o una parte de Codelco, aparece un pequeño grupo de entusiastas y un grupo mayoritario de críticos a esta propuesta. La mayoría de los críticos se inscriben en los sindicatos de la minera estatal, que por motivos lógicos, abogan por mantener a la empresa en manos del Estado.

Por otro lado, en la izquierda están quienes critican en general la privatización de las minas de cobre mediante una acelerada entrega de yacimientos a empresas extranjeras. Existe en ese marco, un Comité de Defensa del Cobre que postula la necesidad de realizar un ejercicio similar al del gobierno de la Unidad Popular en 1971, nacionalizando el cobre que hoy está en manos extranjeras.

Son argumentos suficientes para enarbolar la bandera nacionalizadora. Pero se trata de un argumento neoextractivista. El planteamiento sostiene que, si toda la producción de cobre estuviera en manos del Estado, los ingresos provenientes de esa renta permitirían financiar sobradamente los gastos sociales, un asunto que está muy presente en la discusión y las demandas: la educación, la salud, la previsión, la vivienda. Se añade que luego de ello, quedaría todavía un remanente para gastar o invertir en ciencia y tecnología, por ejemplo.

Tentadora resulta esta posición pues sin duda, la desigualdad en Chile es indiscutible. No son pocos quienes ven con buenos ojos esta propuesta, como un horizonte para poder resolver estos temas pendientes y heredados de una economía estatal influida por el sistema neoliberal.

Hasta aquí podemos decir que el análisis parece sencillo. Sin embargo, ese planteamiento ha dejado fuera la perspectiva del cuidado del medioambiente, que a nivel regional comenzó a instalarse desde principios de los años 90.

Minería insustentable

La visión ecológica o ambiental tiene una larga historia sobre todo en los países del norte, en especial en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia. Se inicia con propósitos de conservación en los años 50 y a partir de los 60 y 70 deriva en propuestas de justicia ambiental.

En América Latina cobra relevancia a partir de los preparativos para la Cumbre de Río de Janeiro, más conocida como la "Cumbre de Río", donde por primera vez se convocan masivamente diversos sectores para discutir la situación ambiental a nivel mundial. Ya teníamos el antecedente del Sierra Club sobre los límites al desarrollo y el informe "Nuestro futuro común" elaborado por la comisión Brundtland en 1987 que hablaba de la crisis ambiental que vivía el planeta por aquellos años. (CEPAL).

La cumbre de Río por su parte planteó desafíos nuevos y compromisos ambientales que en su mayoría no se cumplieron, pues principalmente los países industrializados privilegiaron el crecimiento por sobre los enfoques de superación de la crisis ambiental.

Sin embargo, producto de las tendencias marcadas en materia ambiental comenzaron a gestarse políticas públicas dirigidas a un mayor control de las actividades que afectan el ambiente. En Chile se aprobó en 1994 una "Ley de Bases del Medio Ambiente" (Ley 19.300) que vino a poner condiciones al desarrollo de proyectos mineros, entre otras actividades de alto impacto. Sin embargo, en su diseño, la Evaluación de Impacto Ambiental apuntaba a generar las condiciones para que los proyectos pudieran ser aprobados, incluyendo un mecanismo de participación ciudadana de carácter no vinculante.

A falta de normativa específica se aplicaron estándares internacionales y muchas empresas se acogieron de modo voluntario a la presentación de estudios de impacto ambiental previo a la vigencia de la ley y su reglamento.

Al poco andar, los organismos del Estado se percataron de la complejidad del control ambiental a la minería, y la sociedad civil se dio cuenta de la incapacidad del Estado para controlar una enorme actividad, dispersa territorialmente, alejada del ojo observador ciudadano y con una importante cuota de influencia en sectores políticos relevantes.

Como un ejemplo de estas limitaciones, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, disponía de menos de 10 fiscalizadores a nivel nacional para controlar cientos de faenas mineras dispersas en la zona centro norte del territorio nacional. Sin mencionar además que no estaban dotados de medios de transporte para desplazarse hacia los lugares de producción de minerales, en su mayoría ubicados en la alta cordillera.

Pero esta no fue la única situación que generó preocupación en sectores de la población, sobre todo en comunidades que se encontraban cercanas a la creciente presencia de empresas mineras.

Y de la preocupación, muchas de ellas pasaron a la acción en un proceso que se denominó conflictividad minera y que afectó principalmente a nuevos proyectos y sus impactos en el ambiente y las comunidades.

Los conflictos socioambientales por oposición ciudadana y comunitaria a actividades mineras en etapa de instalación o planificación acrecentaron la preocupación de un sector productivo que ante la creciente oposición y crítica ciudadana hacía esfuerzos por mostrarse sustentable, amigable con el medio ambiente. Comenzaron luego a autodenominarse como "verdes", mediante una táctica llamada green washing o lavado verde de imagen.

Minería sustentable, minería verde, políticas de puertas abierta y de buen vecino forman parte de la narrativa vacía de contenido material de muchas empresas y gremios mineros en el país. Hoy el marketing de las empresas mineras las caracteriza como empresas que son "parte de la solución" a la crisis climática, por aportar minerales para la transición energética.

Sin embargo, ningún esfuerzo de marketing ha sido suficiente para contener el incremento de conflictos de comunidades frente al desarrollo de proyectos mineros. La memoria ambiental respecto de la minería y el ambiente constata algunos episodios puntuales

Tal vez el más antiguo, que data del siglo pasado fue el vertido de desechos mineros al río Salado en la comuna de Chañaral (1938 a 1988) contaminando la bahía hasta casi fines del siglo. Hoy, esta es una zona sacrificada por la actividad minera.

Otro caso posterior fue la planta de pellet de Huasco. También con relaves al mar, este conflicto tuvo mayor difusión por el reclamo de olivicultores de la zona que vieron afectadas sus plantaciones producto del polvo de hierro que se depositaba en los árboles, afectando su producción. También se depositaba el mismo polvo en los techos de las viviendas, en los patios y desde luego en los pulmones de los habitantes de Huasco, con impacto especial en infantes y adultos mayores.

La proliferación de proyectos mineros desde mediados de los 90 provocó una ola de protestas y conflictos en algunas situaciones, o La proliferación de proyectos mineros desde mediados de los 90 provocó una ola de protestas y conflictos en algunas situaciones, o

Se suman casos como las denuncias de contaminación masiva por arsénico en la salud de pobladores Sus viviendas fueron construidas en una zona periférica de Arica, el sector Los Industriales que fue ocupado previamente, entre 1984 y 1989, para la disposición de 20.000 toneladas de desechos tóxicos mineros provenientes de la empresa Boliden, de Suecia. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile), Las denuncias comenzaron en los años 90 pero los efectos tóxicos se mantienen hasta ahora pues han sido trasnsgeneracionales.

A este conflicto siguieron las recurrentes manifestaciones iniciadas en 1994, y que siguen hasta la actualidad, por la contaminación de la fundición de Cobre Hernán Videla Lira, propiedad de la estatal Enami (Empresa Nacional de Minería), en la localidad de Paipote, a 8 km de la ciudad de Copiapó. Paulatinamente, cada nuevo proyecto minero que se ponía en marcha suscitaba reacciones adversas de la población circundante. A diferencia de lo posiblemente esperado por los empresarios mineros, las preocupaciones no estaban dirigidas a más empleo, más inversión, más servicios. Las principales preocupaciones estaban dirigidas a las posibles afectaciones ambientales.

El creciente acceso a información fortaleció el proceso de cuestionamientos y reclamos frente a la avalancha de proyectos mineros que entraban a evaluación ambiental en el país. Las críticas a la minería por sus enormes efectos en el ambiente y los ecosistemas eran, por lo demás, una realidad mundial.

Unos de los casos que graficó de mejor manera la preocupación por el sacrificio de ecosistemas cordilleranos, comunidades vulnerables y sistemas productivos extensivo e intensivos simultáneamente fue el bullado caso del proyecto Pascua Lama (Luna, Padilla y Alcayaga, 2004).

Al igual que en la mayoría de los procesos de lucha contra la minería, el argumento del acceso al agua y su calidad era uno de los de mayor peso. Situado en la cordillera de Los Andes a cerca de 5 mil metros de altura, el yacimiento Pascua Lama amenazaba en primer lugar el agua que desde la cordillera bajaba irrigando campos de cultivo, sirviendo a los sistemas de agua potable o simplemente siendo fuente de abastecimiento para personas, animales y plantas.

Las comunidades tenían razón, siempre la tuvieron: no se puede desarrollar un megaproyecto minero en la alta cordillera sin afectar los territorios y ecosistemas aguas abajo. Y menos trasladar glaciares sin destruirlos, como en algún momento la empresa Barrick Gold aseguró que era posible hacer, contando para ello con la venia del Estado (Ver Luna et al).

Sucesivas denuncias, acciones legales e intervenciones de los organismos del Estado determinaron que la empresa Barrick Gold había afectado la calidad de las aguas provocando contaminación y por tanto se probaba el daño ya denunciado reiteradamente por las comunidades. En el año 2020 el tribunal ambiental clausura definitivamente el proyecto Pascua Lama y cursa una multa millonaria a la empresa representante de Barrick en Chile (Primer Tribunal Ambiental, 2020).

Ha pasado tiempo desde que Pascua Lama estuvo en boca de mucha gente. Desde entonces, autoridades regionales y nacionales han sido algo más cuidadosas al aprobar proyectos mineros cuestionados por las comunidades. Y no se ha visto con la misma regularidad la aprobación de proyectos mineros el último día del mandato presidencial, como sucedió con Ricardo Lagos y el proyecto Pascua Lama, de la minera canadiense Barrick el año 2006.

El rechazo al bullado proyecto Dominga podría ser un indicio de aquello, aunque lo cierto es que en otros ámbitos se mantienen las prácticas de poner el interés económico por sobre los de las comunidades y el ambiente. La instalación de megaproyectos eólicos es un ejemplo de esto último.

Más recientemente el conflicto provocado por la fundición de cobre de Codelco, ubicada en la localidad de Ventanas, comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, ha dejado en evidencia que las decisiones ambientales se subordinan a las económicas. El cierre de la fundición Ventanas debió haberse hecho con mucha anterioridad, así como el control y eventual cierre de las otras industrias que contaminan esa zona de sacrificio.

Más minería, más conflictos

Los cambios que han ido aconteciendo en materia energética han tenido un fuerte impacto en la explotación de recursos minerales. La crisis climática producida en primera instancia por países industrializados ha provocado que la matriz energética esté en proceso de modificación profunda.

Sin alterar el modelo energético basado en el individuo, los países industrializados pretenden principalmente migrar desde la movilidad en base a derivados del petróleo, hacia la electromovilidad. Nada se oye sobre transporte público, menos desplazamientos, racionalidad en el uso del automóvil y otros móviles, y menos consumo de bienes provenientes de países lejanos. La electromovilidad aparece como la solución a la crisis climática sin pensar en los efectos de esta falsa solución.

Vemos que la electromovilidad pone acento en determinados minerales tales como el cobalto, el litio y el cobre, sumando presión también al suministro de los mismos, extraídos en su mayoría de países en desarrollo. El cobalto, abundante en la República Democrática del Congo, el litio proveniente de Australia, Argentina, Bolivia y Chile y el cobre de varias procedencias se convierten en el preciado botín al que quieren acceder - y accederán - los países industrializados.

Las tierras raras también son parte de este festín de consumo de materias para la electromovilidad.

El hidrógeno verde también tiene su lugar en este proceso, aunque no se dimensiona aún el peso específico que tendrá en la movilidad y la industria a nivel mundial.

El negocio del litio

Pero en especial el litio, cuya extracción significa la destrucción de los salares (humedales) y lagunas altoandinas en los que se encuentra, merece atención a la hora de singularizar la relación del Estado con la sociedad, las comunidades afectadas y las empresas privadas.

La dictadura cívico militar decidió restar al litio de los minerales concesionables, a diferencia del resto de minerales metálicos y no metálicos que contiene el subsuelo del territorio nacional. Una simple razón motivó esa exclusión: el litio tiene aplicaciones bélicas importantes.

Por años Soquimich ha estado produciendo litio para diversos usos, pero ha sido reciente la presión sobre este mineral debido a la programada producción internacional de baterías para la electromovilidad. Se trata sin duda de una nueva oportunidad para profundizar el extractivismo minero.

Para quienes creen en la necesidad de exportar lo exportable, en forma rápida, sin procesamiento ni valor agregado, el litio debiera ser concesionable.

Para otros, sin embargo, incluidos los neoextractivistas que ven en la explotación del litio una oportunidad para pagar deudas sociales y costear servicios básicos, están dadas las condiciones para acelerar la extracción del mineral estratégico con valor agregado y cuidado del ambiente.

Vemos por otro lado que la tecnología usada para producir carbonato de litio se basa en la extracción de grandes cantidades de salmuera del fondo de los salares y en la evaporación del agua en grandes lagunas expuestas al sol y al viento durante más de un año.

Los anuncios de una extracción más sostenible han sido declaraciones más que hechos que se traduzcan en la modificación sustancial de la tecnología de extracción y concentración del carbonato de litio.

Hasta la fecha, las acciones emprendidas hacia las comunidades afectadas que habitan el salar de Atacama se basan en compensaciones económicas, lo que al parecer indica que compensar el daño es más barato que prevenirlo. Esto deja a una importante distancia la intención declarada por el gobierno actual de profundizar la extracción de litio con cuidado ambiental y comunitario.

Otra vez entonces, el país vive de quimeras extractivistas. No considera la opción de pensar en la sostenibilidad de las actividades mineras en el largo plazo, limitando la extracción y usando los beneficios para transiciones post extractivistas.

Por eso, los mismos esquemas ya citados anteriormente, funcionan en este nuevo escenario. Las decisiones se toman en el norte industrializado, mientras los elementos naturales los proveen principalmente países pobres, en un esquema donde la dependencia de la que hablaba Gunder Frank no desaparece: sólo se moderniza.

Mientras esto sucede, somos espectadores de las luchas por la hegemonía mundial en esfuerzos muchas veces infructuosos de concentrar poder económico mediante la producción de mercancías y control de los mercados. Quienes quieran asegurar la victoria deberán disponer de suficiente acceso a recursos estratégicos. Para el caso de la minería estos son los minerales estratégicos o materias primas críticas (EU-R) definidos por quienes están (o desean estar) a la cabeza de la producción de baterías de litio, tomando a la electromovilidad como un ejemplo de las presiones por copar la producción para el mercado de propulsores de vehículos eléctricos.

En este escenario parece imprescindible reflexionar desde el ecologismo y el post extractivismo para enfrentar este nuevo desafío. Nuevamente y de forma ininterrumpida proveemos bienes comunes naturales (es decir, recursos, en su lenguaje) para falsas soluciones diseñadas desde el norte y de paso para toda la población mundial, con excepción de aquellos que siempre han estado excluidos del consumo.

Preguntas a modo de cierre

¿Cuál es nuestro rol en la defensa de los ecosistemas y las comunidades afectadas por la extracción de minerales?

Por una parte, se nos quiere convertir en socios de un negocio global llamado transición energética. Socios pobres, dependientes, carentes de soberanía, pero socios al fin, según algunos.

Por otra parte, es difícil encontrar los argumentos correctos para oponernos a algo que es urgente: la superación del calentamiento global y de la crisis climática producido por el Antropoceno. De ello podría depender el futuro del planeta tal como lo conocemos.

Y finalmente frente al discurso neoextractivista que habla de la necesidad de explotar recursos naturales con un mayor valor agregado posible y disponer así de recursos para las históricas necesidades de la población, ¿cuál es nuestra respuesta? Tal vez no haya respuestas que den cuenta de la gravedad de la situación actual. Tal vez corresponde hacer las preguntas correctas frente al desafío de superar el cambiante extractivismo.

El desafío mayor actualmente es cómo traspasar el legado de la experiencia en la historia del cobre a las actuales generaciones. Serán ellas las que tendrán en sus manos las decisiones aún pendientes de tomar para resguardar los ecosistemas y las comunidades frente al tren avasallador del extractivismo minero.

Referencias

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* César Padilla Ormeño es coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros para América Latina y miembro del equipo fundador del Observatorio de Conflictos Ambientales OLCA. Contacto: [email protected]