Abogada Vivian Franco y delitos sexuales en municipalidades de la Araucanía: “estos alcaldes acusados son de sectores opositores al feminismo y a los derechos de las mujeres”
Desde hace al menos cuatro años, los habitantes de las distintas comunas de La Araucanía, han sido testigos de una serie de sucesos de violencia sexual que han tenido lugar en los distintos municipios de la región y que involucran en primera persona a sus alcaldes o más altos cargos. Las reiteradas acusaciones por parte de funcionarias de estas instituciones han dejado al descubierto lo que pareciera ser un patrón de comportamiento que es alarmante y que parece estar arraigado en la región.
Por Antonia Acuña
Las acusaciones han evidenciado el mal actuar de los inculpados, pero también, han dejado al descubierto la inacción por parte de las autoridades y la profunda impunidad que se maneja dentro del sistema. Conforme a ello, es que diversas organizaciones feministas se unieron para alzar la voz y encabezar los procesos de denuncia por la falta de intervención gubernamental.
Municipios bajo la lupa
Según los antecedentes, son 10 los municipios de la región de la Araucanía con causas activas por delitos de carácter sexual. Uno de los casos asociados que más ha llamado la atención, fue la reciente noticia de la formalización del ex alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, a quien se le acusó de repetidos delitos sexuales y que luego de diez años de la primera querella interpuesta en su contra, será formalizado el 25 de septiembre. A Reinao se le acusó de varios abusos sexuales, violaciones y de haber obligado a una mujer a abortar, hechos que habrían sido cometidos a lo largo de los últimos años.
A este caso, se le suma el de Alfonso Coke, alcalde de la comuna de Cunco investigado por acoso y abuso sexual a trabajadoras de la misma municipalidad, lo que actualmente está siendo revisado. En esta misma línea, también podemos mencionar al alcalde de Chol Chol, Luis Huirilef que cuenta con denuncias por abuso sexual y violación. Pero la lista no termina con ellos.
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Son cerca de diez los municipios involucrados dentro de esta crisis que se vive en la novena región del país y, por ende, diez funcionarios públicos, de los cuales sólo uno ha sido desvinculado de su puesto. Es el caso de Raúl Schifferli, ex alcalde de Lautaro que el año pasado fue condenado por el delito consumado de abuso sexual y que terminó con 4 años de cárcel en modalidad de libertad vigilada.
Es de suma relevancia remarcar que Schifferli ha sido el único alcalde condenado y su sentencia resulta poco satisfactoria, ya que se le puede ver transitar libremente por las calles e incluso asistir a eventos políticos.
La lucha por la sanción
La Red de organizaciones por los gobiernos locales con igualdad de género, compuesta por 16 organizaciones feministas, ha liderado las denuncias públicas a estos casos de vulneración y se han encargado de trabajar con el fin de darle solución a estas situaciones que se vienen arrastrando desde hace años. Además, son quienes han presenciado la nula gestión proveniente de los entes fiscalizadores, que han mantenido sumarios estancados durante meses sin formulación de cargos.
La falta de acción por parte de las instituciones que fiscalizan no solo ha dejado ver la impunidad presente en estos casos, sino que también, la falta de compromiso con la erradicación de la violencia de género. "El sector público tiene un deber de protección que es parte de los estatutos municipales y administrativos", afirmó Vivian Franco, abogada parte de la red.
La abogada, también agregó que "Chile tiene obligaciones a partir de la Constitución, debe asegurar que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia", en relación con la invisivilización de la vulneración de derechos que viene desde las autoridades y que se ha perpetuado a lo largo de los años.
Lo que se está viviendo en la región de La Araucanía, "es un problema de conocimiento y de formación. Hay un desconocimiento absoluto de las obligaciones de los municipios en torno a los derechos de las mujeres, disidencias sexo genéricas e infancias". Pareciese ser, que hay muchas autoridades que tienen poca -o nula- formación al respecto, formación que es necesaria para el ejercicio político.
De igual manera, resulta importante para Vivian destacar que "todos estos alcaldes acusados son de sectores conservadores, de sectores cristianos, de sectores opositores al feminismo y a los derechos de las mujeres". Con esto, solo logran seguir acumulando este poder político patriarcal que se retrata en cada una de sus acciones.
Por el momento, las partícipes de la Red de organizaciones por los gobiernos locales con igualdad de género se encuentran en proceso de conversación con las autoridades. El pasado 27 de junio se reunieron con la seremi de la mujer de La Araucanía, instancia en la que le hicieron llegar su petitorio. Hasta el día de hoy no han recibido respuesta, pero el 4 de septiembre se reunirán con el gobernador regional, Luciano Rivas.
La propuesta que presenta la red es una ordenanza modelo de igualdad de género, que espera combatir la desigualdad municipalizando estándares internacionales de derechos de mujeres y disidencias sexogenéricas. "Creemos que soluciona completamente el problema de la desigualdad a nivel local y es una propuesta normativa, pero que dentro de sus artículos lo que propone es crear una dirección de género".
"Entendiendo que no es la única medida, es la que nos parece más robusta porque la ordenanza permitiría que esto no fuera algo que estuviera en mano de los acaldes de turno, sino que fuera una ley obligatoria que todos los alcaldes tuvieran que respetar", comentó Vivian Franco. Además, señaló que esta ordenanza también se propone resguardar la imparcialidad de los funcionarios que se encarguen de las situaciones de género. "Yo creo que acá hay una mala o nula gestión de esa persecución de responsabilidades administrativas que se podría mejorar mediante la ley".
Es urgente que se pongan en marcha medidas para erradicar estas conductas y reparar el daño a las víctimas. Garantizar la seguridad y el bienestar es una necesidad que no puede seguir siendo desatendida, y para ello, erradicar la impunidad es fundamental.
