«... las familias son siempre pobres; a menudo se trata de madres solteras de zonas marginales; a los padres no se les notifica que sus hijos son susceptibles de adopción; se les prohíbe arbitrariamente visitar los institutos y los niños son dados en adopción en el extranjero sin antes comprobar la presencia de otros familiares en el país que puedan hacerse cargo de ellos, como exige la ley». Estos son los elementos comunes de las denuncias de adopciones ilegales en Chile, reunidos por un equipo de periodistas que este viernes publicó un reportaje en CIPER respecto a su persistencia.

El artículo informa de un caso de noviembre de 2024, señalando que existen instituciones denunciadas desde los años 70 y, aunque actualmente son investigadas, siguen gozando de la acreditación del Estado para gestionar adopciones de niños. Algunas de las entidades mencionadas en las denuncias tienen relación con congregaciones de monjas o sacerdotes.

El abogado representante de una madre que denuncia la adopción ilegal de su hija menor, en la Región de Aysén, apunta a la existencia de un entramado de funcionarios e instituciones confabuladas para estas acciones. «No tengo pruebas para demostrarlo, pero en mi opinión los trabajadores del hogar, jueces y asistentes sociales, están involucrados en procesos como este», habría aseverado.

Los casos posteriores al 2004 están en una situación procesal casi estancada, pues las denuncias hechas hasta ese año están agrupadas en una investigación conducida por el ministro Alejandro Aguilar, contando con una brigada de la PDI. Sin embargo, los casos posteriores a este año, carecen de una agrupación y menos de una atención que les otorgue celeridad procesal. Más aún, el equipo periodístico señala que «no hay un registro oficial de cuántas son las denuncias de adopciones irregulares de los años recientes».

Para el reportaje fue entrevistada la Exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien habría dicho que entre 2018 y 2023, «denuncié varios casos de adopciones irregulares y otros numerosos me fueron reportados, en distintas partes del país», añadiendo: «Eran situaciones totalmente irregulares, con patrones que se repetían y denominadores comunes: procesos viciados en los que los padres biológicos no tenían ninguna posibilidad de recuperar la custodia de sus hijos [...] Estamos hablando de familias que no participaron para nada en el proceso de adopción, que nunca recibieron ayuda del Estado y que sólo se enteraron posteriormente de que su hijo había sido dado en adopción». No obstante, estos antecedentes fueron insuficientes para provocar la implementación de medidas investigadoras y preventivas eficaces ante estos hechos.

El artículo informa también que Italia es el país que más recibe niños chilenos adoptados. «Entre 2010 y 2020, según datos entregados por el Sename, 4.512 niños fueron dados en adopción en Chile, de los cuales 844 fueron entregados a parejas extranjeras. Los países que adoptaron niños chilenos entre 2010 y 2020 fueron España, Dinamarca, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda y Suecia; y los que más niños recibieron fueron Italia, Noruega y Francia. Pero el número de niños adoptados en Italia fue mucho mayor en esos 10 años: de 2010 a 2020, 587 niños partieron a Italia, mientras que Noruega recibió 95 y Francia, 91».

El reportaje expone que uno de las personas investigadas es el sacerdote italiano Alceste Piergiovanni (muerto en 2003), fundador de la asociación Pro Icyc, la cual «ha gestionado la adopción de más de 1.200 niños chilenos desde los años 70, llevándolos a diversos países, principalmente Italia, pero también a Estados Unidos, Alemania y Bélgica. De acuerdo con fuentes de la PDI consultadas para este artículo, Piergiovanni es la segunda persona que ha recibido más denuncias por adopciones irregulares […] A pesar de las numerosas acusaciones contra sus procedimientos, su organización en Chile nunca ha dejado de trabajar y sigue estando acreditada por los Estados chileno e italiano».

Imagen extraída de radio.uchile.cl/