[resumen.cl] Exámenes anteriores realizados a estudiantes de la escuela cercana al complejo termoeléctrico Bocamina I y II de Enel arrojaron 9 casos por sobre el nivel de referencia para el arsénico y 1 sobre el nivel para niquel, confirmando nuevamente la presencia de metales pesados en la comuna y las reiteradas denuncias por contaminación que han realizado diversas organizaciones sociales.
El alcalde Boris Chamorro presentó la querella al Juzgado de Garantía de Coronel, con cuya acción legal busca sancionar a él o los responsable de la contaminación en la comuna, quienes «deberían ser identificados por la Superintendencia de Medio Ambiente», según informó Radio Biobío esta mañana.
El estudio, cuyos resultados fueron entregados a fines de octubre del presente año, fue realizado por la SEREMI de Salud de la Región del Biobío a 71 niños y niñas, de entre 4 y 14 años, de la escuela Rosa Medel Aguilera del sector de Lo Rojas, a quienes les fueron tomadas muestras de sangre y orina para un procedimiento de rastreo o screening de exposición a plomo, arsénico, cadmio, níquel y mercurio. El informe indicó que la presencia de otros metales en los estudiantes se mantuvieron bajo los niveles de referencia.
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El informe también señaló los efectos en la salud de los elementos presentes: "En el caso del níquel, la exposición crónica a dicho metal puede provocar hipersensibilidad respiratoria o dermatológica (principalmente alergias); mientras que la exposición crónica a arsénico aumenta el riesgo de presentar alteraciones en la piel, desórdenes en el sistema circulatorio y cáncer de piel no melanoma, vejiga y pulmón", según lo señalado por la Seremía.
De esta forma, el estudio que viene a confirmar la presencia de metales pesados en el ambiente y organismo de las personas de Coronel.
En abril de 2014, un informe entregado por la Bidema Metropolitana de la PDI reportó altas concentraciones de Arsénico, Mercurio y Plomo de hasta un 274% por sobre los límites máximos permitidos en suelos de la comuna.
Este informe encendió la alerta a los pobladores y organizaciones sociales para exigir nuevos estudios, ya que venían hace varios años apuntando a la termoeléctrica Bocamina I, anteriormente de Endesa y hoy propiedad de Enel, como responsable de impactos en la salud y el ambiente.
En septiembre del mismo año, los Trabajadores Unidos Contra el Asbesto – TUCA – habían denunciado el retiro de material con asbesto que tenía Endesa en la termoeléctrica Bocamina I desde los años 70, lo que provocó graves impactos en la salud de los trabajadores.
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En octubre de 2015 había finalizado la toma de muestras de exámenes de sangre y orina a 288 niños de la comuna de Coronel. Los resultados que fueron informados en febrero de 2016, alertaron de 18 niños sobre valor de referencia en metales. Posteriormente, la SEREMI informó que habría comprobado que esta exposición sería transitoria y no crónica.
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En 2017, otro estudio realizado por el Centro Nacional de Medio Ambiente, había revelado altas concentraciones de metales pesados en Coronel: plomo, níquel, vanadio, mercurio y manganeso en los suelos de la comuna.
Mientras este recurso legal presentado apunta a determinar el origen de la contaminación en la comuna, distintos organismos públicos y privados realizan estudios relacionados a los impactos ambientales generados por las anteriores faenas mineras, y la posterior e intensiva actividad termoeléctrica, pesquera y portuaria. Ante estos y otros impactos en la comuna, las mitigaciones económicas por parte de las empresas que operan en la zona son las únicas soluciones que han llegado a los afectados más directos. Por su parte, organizaciones sociales continúan denunciando el establecimiento de una «zona de sacrificio» en la intercomuna, donde la generación energética y la industria extractiva se mantienen como prioridad por sobre la salud de las personas y el ambiente.