De los quince abogados que componen el staff de Carabineros de Chile, dos forman parte del listado que maneja la Contraloría General de la República (CGR) sobre defensores de narcotraficantes. Uno de estos, Alejandro Peña Ceballos, no solo ha estado implicado en la defensa de narcos -chilenos y extranjeros- sino también, en la represión y persecución política, en específico de centros sociales anarquistas, a través del bullado «Caso Bombas», hecho que dejó al descubierto la utilización del Ministerio Público para la realización de un montaje que privó de libertad por dos años a catorce personas y que tuvo como artífice al entonces fiscal Peña, hoy abogado en la institución policial.

Ganando honorarios por sobre los 3 millones de pesos al mes, el abogado y exfiscal Alejandro Peña, pasó de defender a narcos, a representar a Carabineros de Chile. Pese a estar en la lista de profesionales que ha patrocinado a imputados por tráfico de drogas, ya ha formado parte de la defensa de diversos funcionarios policiales, como por ejemplo, de Sebastián Zamora, acusado de arrojar del puente Pío Nono a un manifestante en 2020.

Según informó Biobíochile, en lo que va del año, Peña ha sido fundamental para librar de la cárcel a imputados por tráfico y posesión de armas de fuego, uno de ellos implicó a un acusado de nacionalidad china que formaba parte de una banda delictual internacional que se preparaba para enviar cocaína desde Chile hasta Países Bajos.

Cabe agregar que, según el mencionado medio, desde noviembre de 2024 y en compañía del también exfiscal, José Villalobos e integrante de la lista de defensores que maneja la CGR, asumió el patrocinio de la cabeza de un clan familiar dedicado al narco tráfico, Marcelo Mella Hernández, quien se mantiene en prisión preventiva.

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Pero Peña es un viejo conocido de Carabineros, solo pasó de instruirles pericias y allanamientos siendo fiscal, a representarlos como su abogado. El otrora director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional también fue el fiscal a cargo de la regional Metropolitano Sur, periodo en el que persiguió políticamente a militantes de distintos espacios sociales y comunitarios de corriente anarquista, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Montaje «Caso Bombas»

Fue por medio del bullado «Caso Bombas», que posteriormente le costó millones al Fisco en el pago de los gastos de las defensas y el juicio mismo del caso y que contó con todo el apoyo del entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que el fiscal Alejandro Peña persiguió, allanó y encarceló a catorce personas, acusándolas de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos entre 2005 y 2010.

Desde sus detenciones, en agosto de 2010, tanto las y los imputados como sus familias denunciaron un montaje por parte de Peña y el Ministerio Público, cuestión que luego fue confirmada con el sobreseimiento, dos años más tarde, de todos los implicados, militantes anarquistas y de espacios autónomos y autogestivos existentes, por aquel entonces en la región Metropolitana.

La derrota del Ministerio Público no solo fue logística y mediática, sino también económica, siendo obligado a pagar todas las costas del juicio, sus audiencias, pago a defensas, entre otros. Lo anterior, en palabras de los tres jueces que integraron la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el día de la decisión, en enero de 2012, debido a que, "no resulta serio, prudente ni respetuoso con los derechos de quienes debieron soportar los efectos de esta investigación, incluso con extensos periodos de privación de libertad resolver en otro sentido».

Todo el aparataje montado en el llamado «Caso Bombas» por parte del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, a través del entonces fiscal Peña, incluyó a medios de comunicación, policías y millones de pesos en recursos públicos, los mismos recursos públicos que hoy vuelven a ponerse al servicio de los honorarios del abogado Alejandro Peña, actual servidor de Carabineros de Chile.