Familias mapuche pewenche viajaron hasta Santiago para exigir un freno de la criminalización al proceso de recuperación que se vive en la comunidad de Trapa Trapa, amenazada hoy por un desalojo y una denuncia contra un histórico integrante del Consejo de Lonkos. RESUMEN conversó con Gabriel Kurrüman, parte de las familias que sostienen la necesidad de la restitución de tierras.
Por J. Arroyo Olea
Este jueves familias mapuche pewenche llegaron hasta La Moneda para visibilizar la amenaza que viven frente a un eventual desalojo que se realizaría en la comunidad de Trapa Trapa. Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Concepción ratificara una orden de este procedimiento en El Infiernillo.
Ya en 2018 RESUMEN dio cobertura a una orden de desalojo en el mismo lugar, hecho enmarcado en un proceso judicial de un empresario contra dos comuneros, luego que el primero le haya traspasado la propiedad a la empresa TAMA S.A. Hoy, vuelve a la palestra la amenaza de desalojo.
En contacto con RESUMEN, Gabriel Kurrüman, integrante de la comunidad, indicó que en el lugar viven cerca de 40 personas entre niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
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Kurrüman indicó que han tenido acercamientos iniciales con el gobierno provincial. Sin embargo, el viaje a la región Metropolitana se realiza debido a que «creemos que lo que a nosotros nos afecta en la actualidad es un tema político» y que «dentro de lo que es la situación más legal para nosotros ya es una instancia que está desgastada».
El desgaste es tal que la situación actual -que se sitúa con una orden de desalojo vigente- conlleva a que exista «esta puerta abierta que hizo el Estado de Chile en un momento, en garantizarle propiedades a particulares», indica el comunero.
Respecto a alguna respuesta que han tenido de Presidencia, Kurrüman explicó que han tenido reunión con el encargado del Programa Buen Vivir y representantes del Ministerio del Interior, como también con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Ante esto, las familias enfatizaron en la necesidad de abordar la orden de desalojo y frenarla.
En las reuniones sostenidas se estableció el compromiso de analizar la situación de las tierras implicadas, un escenario que se ha sostenido por más de 22 años.
De igual forma, consultado por la querella que implica una orden de detención contra el histórico integrante del Consejo de Lonkos, Atilio Pereira Huenteman, Gabriel Kurrüman explica que la causa de su abuelo se origina tras la lucha que se ha realizado por la recuperación de la tierra.
El proceso judicial que afronta Atilio Pereira se estaría desarrollando «bajo los mecanismos que han venido a potenciar la criminalización, en este caso de la reivindicación Mapuche, que es lo que ha implicado esta ley de usurpación», explica Kurrüman. Sin embargo, esta acción judicial iría en un camino paralelo al del anunciado desalojo.
Consultado por las exigencias y alternativas que levantan desde las familias, explica que «la restitución de tierra es una demanda histórica que nosotros al cual nos vamos a renunciar». En este sentido, han realizado un balance de estas dos décadas de recuperación, a partir de lo que plantean que «esta es una cuestión política y lo que nosotros estamos pensando es que el Estado no tiene una respuesta de cómo solucionar esa situación».
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