Finalmente, la formalización de Jaime Mora Zurita, Matías Arévalo Madrid, Edmundo Muñoz Bastías y Eduardo Machuca Alarcón, funcionarios de Carabineros de Chile acusados de torturar e implantar pruebas falsas al joven Ignacio Matus durante la Revuelta en San Pedro de la Paz, quedó agendada para el próximo 21 de abril.

Por Juan Contreras Jara

Para este medio día estaba programada la audiencia de formalización contra los cuatro funcionarios de la 6ta comisaría de Carabineros de San Pedro de la Paz acusados de torturar e implantar pruebas falsas al poblador Ignacio Matus durante el Estallido Social.  La instancia fue finalmente reagendada por el Juzgado de Garantía sanpedrino por segunda vez consecutiva, esta vez para el 21 de abril a las 11:00 de la mañana.

Pese a ajustarse a derecho, este nuevo aplazamiento en la formalización de los carabineros Jaime Mora Zurita, Matías Arévalo Madrid, Edmundo Muñoz Bastías y Eduardo Machuca Alarcón, representaría tanto un riesgo para la víctima en este caso de violación a los Derechos Humanos, como también para la sociedad en su conjunto, declaró a Resumen la abogada querellante Romina Toro.

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Sobre las repercusiones de este nuevo aplazamiento, la representante de Ignacio Matus comentó que, «tiene implicancias sumamente importantes, porque a medidas que se va aplazando esta audiencia de formalización, estos carabineros siguen estando en libertad, sin medidas cautelares y algunos de ellos todavía en funciones. Siguen estando en esta capacidad de poder someter a cualquier ciudadano a lo que sometieron a Ignacio, a un delito de tortura o a un montaje».

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Cabe recordar que estos cuatro funcionarios policiales serán formalizados por el delito de tortura, ilícito cometido tras detener a Ignacio Matus el 21 de octubre de 2019, mientras participaba de un cacerolazo en la población San Pedro de la Costa. Durante su detención, y estando ya en la comisaría de Carabineros, fue brutalmente golpeado por los efectivos y amenazado de que lo iban a «cargar» con municiones.

Es la gravedad del delito cometido por los funcionarios policiales, la que reviste de extrema urgencia su formalización, según la abogada Romina Toro, «por el peligro que implica la libertad de todos estos carabineros hasta esta nueva fecha, que será en abril».