Durante lo que va de 2022 en Chile se han producido 603 asesinatos, gran parte con armas de fuego. En el aumento de circulación de este armamento en el mercado negro, han estado involucrados policías y militares que han sustraído y posteriormente traficado armas desde sus recintos. Asimismo, es una demostración de las consecuencias negativas del modelo, pues diferentes organismos como el mismo Banco Mundial, sitúan a la desigualdad social como una de los principales causas de la criminalidad.

Por Alejandro Baeza

Este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que «al 31 de agosto de este año hay en Chile 603 homicidios», y agregó que «es una cifra altísima, una cifra que golpea. Estamos en cifras similares en materia de homicidios a lo que ocurría el año 2020».

A raíz de esto, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló en un punto de prensa a través de zoom que actualmente se viviría una «crisis de seguridad», llegando incluso a afirmar que «el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad«.

Vivanco indicó que «estas situaciones son gravísimas, y nos afectan a todos, porque ya no solamente se trata de temas que atentan contra la propiedad de las personas, sino directamente contra la vida. Aumenta la sensación de inseguridad, de angustia y por supuesto, es una sensación extremadamente injusta el tener que cuidar la vida o correr riesgo de ella cuando se sale a la calle o se trata de llegar al trabajo».

Asimismo, comentó que «el Poder Judicial, desgraciadamente, está al final de la línea y no podemos ir por nuestra cuenta a hacer muchas cosas que dependen muchos órganos; también otros órganos necesitan el apalancamiento de los jueces».

En esa línea, agregó que «yo lo he dicho varias veces, el tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente. Todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de derecho tiene las herramientas para responder, y tenemos que sacar el máximo partido de ellas, para que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen de manera efectiva».

Las cifras son una muestra del fracaso en materia de seguridad del Estado, en particular de los últimos gobiernos y principalmente del recién finalizado de Sebastián Piñera, quien tuvo como su principal slogan el combate a la delincuencia.

Según declaraciones emitidas en febrero por el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, la tasa de homicidios en Chile ha aumentado un 100% en los últimos 10 años. «De un 2,6 cada 100 mil habitantes llegamos a un 5,7 cada 100 mil habitantes».

Para el representante de los persecutores del Ministerio Público, también es preocupante que el esclarecimiento de los casos de homicidio ha disminuido en un 30%, lo que se relacionaría en parte, con la existencia de bandas de crimen organizado que tienen incorporado entre sus acciones este modo de operar.

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«Esto se debe a varios factores. Uno de los factores tiene que ver con que hoy los homicidios que se cometen sobre un 40% con arma de fuego, son cometidos por bandas criminales. Es decir, en Chile está instalado ya, hace algunos años, el crimen organizado, lo que hace mucho más dificultoso investigar estos casos» indicó entonces.

En este sentido, el crecimiento de los asesinatos con armas de fuego también tiene su correlación en el aumento en la sustracción y el tráfico de este tipo de armamento y municiones desde recintos policiales y militares.

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Una reciente investigación de Ciper, analizó 38 casos de este tipo de robos de Carabineros, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contabilizando a 54 funcionarios implicados en el tráfico de los artefactos en la última década. Según los testimonios de los propios condenados ante la Corte Marcial de Santiago, las armas se vendían en el mercado negro normalmente a traficantes de drogas.

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Tampoco la PDI ha estado exenta de esto, pues hace unos meses reportaban la «desaparición» de 56 armas de sus dependencias en sólo un año.

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Por ende es imperioso aumentar el control civil sobre las Fuerzas Armadas y las policías no solamente para evitar se sigan cometiendo desfalcos y fraude al fisco, así como protección a violadores de derechos humanos, sino también para frenar esta infiltración del crimen organizado que está aumentando el tráfico de armas y la alarmante cifra de aumento de asesinatos.

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Finalmente, cabe señalar que diversas investigaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, señalan a la desigualdad social como el principal factor en la criminalidad y siendo Chile uno de los países más desiguales del planeta, si no se toman medidas urgentes estas alarmantes cifras no harán sino seguir creciendo.