[resumen.cl] Este viernes el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó una ceremonia para informar que "acreditó a siete personas como víctimas de violaciones de derechos humanos por hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019". Esta acreditación permitiría a personas "postular a una compensación económica" contemplada en la Glosa 12 de la ley de Presupuesto 2021.

Según la institución, "la Glosa 12 establece que se podrán considerar víctimas a quienes debido a sus lesiones sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante". No obstante, esta medida desoye las exigencias de reparación integral que las organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos han demandado al Estado. Este es el caso de AVIDVAE, la Agrupación de Víctimas de Violencia de Agentes del Estado, quien en voz de su presidente, Juan Francisco Alarcón, indica que "la forma en que se gestó esta Glosa fue poco transparente [...] no se contactó a ninguna víctima, ningún sobreviviente, ningún familiar... No porque esto esté andando va a ser la reparación que estamos demandando ni mucho menos la justicia".

De acuerdo al presidente de AVIDVAE, constituida en Iquique, se hace necesario reformular la institucionalidad de derechos humanos desde sus fundamentos. La deslegitimidad del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos y su director, Sergio Micco, además de expresarse en la toma de su sede nacional en Santiago desde julio de este año, se manifiesta en que las organizaciones de víctimas de violencia perpetrada por agentes del Estado no lo consideran confiable, más aún, en sucesivas ocasiones han pedido su renuncia.

Junto a ello, es necesario puntualizar que la labor de Sergio Micco ha motivado incluso la exigencia de su renuncia por quienes laboran en el INDH. Tuvo gran connotación pública la alteración que hizo de la cantidad de víctimas de daños oculares por acción policial durante el Estallido Social, contabilizando sólo a 173 personas, justificándose en que consideró solo que habían iniciado algún proceso judicial en conjunto al INDH, desconociendo el trabajo de monitoreo realizado por las y los funcionarios, quienes catastraron a un total de 460 personas dañadas de este modo. Por otra parte, han denunciado su aviso de «cerrar procesos» y «cerrar casos» que involucran al Programa Institucional de Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. En este escenario, la legitimidad que tiene la institución para "acreditar" a quienes habrían sido víctimas de violación de de derechos humanos es nula.

El presidente de AVIDVAE declaró que existe un trabajo de coordinación de diversas agrupaciones de víctimas, estableciendo la necesidad de libertad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo cual no ha sido recogido por la política recientemente anunciada por parte de la entidad estatal.