[resumen.cl] La Universidad de Concepción continúa adelante con las acciones judiciales contra jóvenes que protestaban en el marco del Estallido Social. Ahora que la Convención Constitucional pretende sesionar en la UdeC, las miradas apuntan a la necesidad de dejar de perseguir a manifestantes que resistieron por meses la brutal represión policial y militar, abriendo paso a un periodo de tranformaciones sociales y políticas.
Ayer la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, manifestó la posibilidad de no realizar la sesión del organismo en la Universidad de Concepción debido a la persecución de la casa de estudios realiza a 12 manifestantes del Estallido Social en el llamado «Caso UdeC».
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Esta mañana el Vicepresidente Jaime Bassa explicó que "La situación de la querella en la que se encuentra actualmente la Universidad de Concepción es uno de los factores que debemos considerar en este escenario para esta salida. Afortunadamente quedan, todavía, algunas semanas para que esto se pueda concretar" al matinal Nuestra Casa, de Canal 9 Bío Bío Televisión citado por Biobiochile
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El pasado jueves 21 de octubre, nueve constituyentes ingresaron un oficio a la Convención en este sentido, el que fue firmado por los y las constituyentes Bastián Labbé Salazar, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloria Alvarado y Vanessa Hoppe, y en el que se indica indicando que la universidad «ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos políticos del estallido social en la ciudad de Concepción», además de oponerse «sistemáticamente a medidas cautelares distintas a aquellas privativas de libertad».
Asimismo, este lunes 25, la convencional Giovanna Grandon, conocida como la «Tía Pikachu», presentó una carta a la rectoría de la Universidad de Concepción, con la finalidad de presionar a la casa de estudios a que desista de la querella presentada contra los manifestantes. Esta misiva contó con el apoyo de familiares de los manifestantes formalizados, además de representantes de distintos sindicatos y organizaciones estudiantiles.
Manifestantes en la conurbación y agrupaciones de apoyo a los presos del Estallido solicitan a la Universidad de Concepción (UdeC) que retire las acciones legales contra los 12 jóvenes procesados por hechos ocurridos en el contexto de las masivas protestas ocurridas durante el Estallido Social, situación que es catalogada tanto por familiares de los jóvenes, como por su abogado, como persecución política, y que se tradujo en meses de prisión preventiva al interior de la cárcel El Manzano de Concepción.