Entonces ¿Cómo es la cosa? La presencia de referentes vinculados a la limpieza de imagen de empresas transnacionales que provocaron daños medioambientales y de quienes niegan el carácter político de la prisión que afrontan mapuche son importantes contradicciones del nuevo Gobierno y que, pareciera ser, no quieren ser siquiera escuchadas, menos abordadas.

Por Marcos Silva Mardones

En una semana el Gobierno liderado por Gabriel Boric se ha afrontado a diversos tropiezos en su forma de abordar conflictos y nudos desde sus carteras políticas, siendo dos puntos de inflexión la visita catalogada como «improvisada» de la ministra Izkia Siches a Temucuicui y el nombramiento del nuevo director del Servicios de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, salpicado por investigaciones relacionadas al Caso SQM y el financiamiento ilegal de la política.

Y es que pese a haber sido las que más «remecieron» los primeros días del nuevo Gobierno en términos mediáticos, son aún más las gestiones y acciones políticas que dan cuenta de la forma en cómo el oficialismo busca cumplir con sus promesas de campaña.

Así, pareciéramos enfrentarnos a una política que toma los símbolos y consignas como una hoja de ruta, pero que no necesariamente acompaña el actuar político o los análisis necesarios para realizar verdaderas transformaciones en el modelo chileno. Sobre esto, dos ejemplos que pueden dar cuenta de aquello.

Al día siguiente de haber asumido Boric, titulares declaraban: «Felipe Berríos es designado nuevo coordinador nacional de campamentos», el sacerdote conocido por ser fundador de organizaciones como el Instituto de Formación y Capacitación Popular (INFOCAP) y Techo Para Chile. El jesuita fue barajado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, militante del Partido Socialista, Carlos Montes, como coordinador nacional de campamentos.

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Sin embargo, iniciada la semana, Berríos declaró que, pese a la invitación de Montes, rechazó la oferta, la cual indicó que se relacionaba más bien a un grupo asesor que el liderar el cargo.

La sombra de Techo Para Chile e INFOCAP ha seudo protegido la imagen de Berríos, pero las comunidades no lo han olvidado. Inmediatamente conocida la propuesta de Montes, publicaciones en redes se reactivaron para difundir los vínculos del sacerdote con uno de los conflictos socioambientales más contundentes de los últimos años: Pascua Lama.

Y es que la propia transnacional canadiense indicaba el trabajo que sostenía con Techo, siendo parte de la alianza Compromiso Atacama que fue utilizada como parte del «trabajo con la comunidad» de la misma empresa que destruyó glaciares y contaminó aguas del ecosistema. Así, Techo formó parte de la imagen corporativa con la cual Barrick Gold intentó limpiar su imagen y que continuó siendo emplazada por las comunidades, decantando finalmente en el cierre del proyecto.

Ya en 2010 un escrito de Schaeffer y Valenzuela levantaba el chantaje que significaba la manoseada Responsabilidad Social Empresarial en Chile, de la cual Techo fue cómplice. En este sentido, apuntan a que «a un par de años y con la minera operando, se empiezan a ver las consecuencias ya anunciadas por las organizaciones que fueron atropelladas por la irrupción de la gente de Berríos», siendo más que cuestionable la presencia del sacerdote en el organigrama gubernamental.

El segundo ejemplo se presenta la mañana del jueves 17. En entrevista con el programa T13 Radio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue constantemente emplazado para referirse a la situación política que se vive en Wallmapu, más aún tras los hechos protagonizados por la ministra Siches durante esa misma semana.

El militante del Partido Socialista, totalmente esquivo, intentó aplicar las conocidas prácticas de la vieja política institucional para afrontar preguntas. Sin embargo, llegó al punto de reconocer la no existencia de presos políticos. Concretamente, indicó que «las personas que están hoy condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por lo tanto, están condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal», y que no pueden considerarse como presos políticos mapuche.

El análisis de Monsalve choca con los reiterados énfasis que la cartera liderada por Izkia Siches ha dado respecto al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Entonces ¿Cómo es la cosa? La presencia de referentes vinculados a la limpieza de imagen de empresas transnacionales que provocaron daños medioambientales y de quienes niegan el carácter político de la prisión que afrontan mapuche son importantes contradicciones del nuevo Gobierno y que, pareciera ser, no quieren ser siquiera escuchadas, menos abordadas.

Así, se dan indicios de que «el prohibido virar a la derecha», que la semana pasada se abordó en una columna por este mismo medio, se está sujetando a la ya anunciada «idiosincrasia incólume de la Concertación», solo que esta vez los símbolos y consignas la acompañan de forma más explicita; pero estas dos últimas no se están dotando de un verdadero despliegue y contenido político que vaya más allá que la cuña para los medios y la población.