Por Alejandro Baeza

Finalmente y luego de ocho días, los camioneros y dueños de camiones depusieron su movilización, retomándose la circulación normal por las carreteras cuando ya se comenzaba a notar en la disminución de existencias -y, por ende, aumento de precios- de algunos productos en ferias y supermercados, en un momento tan complejo para la clase trabajadora chilena como lo es fin de año y en un contexto de una inflación galopante.

Es quizás por este punto, y por lo que representa un paro de camioneros para la memoria reciente del pueblo chileno, que esta movilización contó desde un comienzo con un fuerte rechazo por parte de la población que en buena medida la repudió, pese a los constantes intentos que realizaron por ganar simpatía, incluso modificando su petitorio para exigir que el congelamiento del precio del combustible se aplicara de manera general.

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Y es que además, la semana estuvo marcada por hechos delictuales como el apedreo a transportistas que no participaban del paro y vehículos menores que intentaron pasar, la retención de licencias de conducir, la ocupación de calzadas, cortes de ruta, consumo de drogas y más, todo a vista y paciencia de funcionarios de Carabineros.

Estos hechos, sobre todo los de asumir arbitrariamente tareas que corresponden a agentes del Estado como solicitar documentos de identificación, revisión de carga y la potestad de decidir quién puede circular por una carretera, son una clara violación al Estado de derecho y el imperio de la ley, conceptos con los que opinólogos empresarios de los medios de comunicación les gusta tanto enjuagarse respecto a los territorios mapuches y que esta vez incluso tenían el agravante de cometerse frente a agentes del Estado.

¿Cómo es posible que puedan cometerse delitos flagrantes, incluso rompiendo el Estado de derecho, en frente de la policía uniformada sin que ésta intervenga? ¿Cómo es posible que subsecretario de Interior invoque la Ley de Seguridad Interior del Estado sin cambiar un ápice el comportamiento de carabineros y camioneros?

Esto mientras al mismo tiempo, el viernes recién pasado, 25 de noviembre, en el contexto de una conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, funcionarios policiales agredieron a dos diputadas de la República y una serie de mujeres que participaban de una marcha en Santiago.

Estos hechos llaman tanto la atención, que incluso conductores de matinales tuvieron que preguntarle a un carabinero en vivo y en directo declarando «que estaban ahí más bien para proteger su movilización».

Todo hace imposible no sospechar la complicidad y simpatía que sentía Carabineros por este paro y que su función principal era efectivamente protegerlos por sobre hacer cumplir la ley, que se supone es el trabajo por el cual se les paga con dinero público.

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Estos episodios son nuevos ejemplos que posibilitan reflexionar sobre el rol de las policías en Chile y particularmente en el caso de Carabineros, cuya función apunta más al control social y no combatir la delincuencia.

Así quedó demostrado durante la revelación del llamado «paco leaks» en octubre de 2019, en pleno Estallido Social, donde hackers hicieron públicos cientos de expedientes policiales que demostraron la cantidad de horas, funcionarios y recursos destinados al seguimiento de dirigentes ambientales, estudiantiles, incluso de agrupaciones de personas enfermas de cáncer, tiempo que bien podría ocuparse en el combate del crimen organizado o el narcotráfico. La institución deriva gran cantidad de recursos e insumos no en la prevención del delito ni el «orden público» como ellos señalan , sino en ser una policía política.

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Carabineros de Chile es una policía política e ideologizada cuyo interés primordial es perseguir a disidentes políticos, activistas, líderes sociales, de pueblos originarios o lo que sea. Incluso a quiénes los critican públicamente o periodistas que destapan episodios de corrupción. Por ello  es que fallan una y otra vez en el control a delincuencia y son uno de los principales responsables en el aumento de ésta en el país durante los últimos años.

Por eso también es que no tuvieron interés en controlar el orden público y restituir el Estado de derecho ante los delitos flagrantes de camioneros. Y por esto mismo, es la causa por la que cometen errores graves en procedimientos, a veces exponiendo a la población civil o entregando material insuficiente y malo a las fiscalías (queja constante), pues no saben hacer bien su trabajo. Carabineros de Chile debe ser reformado de raíz de manera urgente si queremos proteger nuestra democracia.