El pasado 15 de mayo, a tempranas horas de la mañana, se les ordenó a todas las personas migrantes que quedaban en el campamento situado en la frontera entre Arica y Tacna que hicieran abandono del lugar. Personal de Carabineros de Chile entregó la orden, dando la posibilidad de que tomaran sólo algunas de sus pertenencias, para luego ser conducidos hasta el sector en que se encuentra personal del Ejército de Chile. En dicho lugar, fueron reconducidos hacia la Policía de Investigaciones (PDI), para realizar trámites administrativos.

Este grupo de aproximadamente 28 personas, entre las cuales se contabilizaron al menos 4 niños y niñas, creyó que luego de los trámites tendrían la posibilidad de regresar al campamento para terminar de reunir sus pertenencias y que, como sucedió con otras personas migrantes de manera previa, existiría oportunidad de acceder a algún albergue al llegar a Arica. Sin embargo, la gran mayoría de las personas pasó el día completo en las gestiones de PDI, no pudieron alimentarse de manera adecuada ni recuperar sus enseres materiales, finalizando el proceso alrededor de la 1 de la madrugada del 16 de mayo. En ese momento se encontraron en la frontera, en completa indefensión, sin posibilidad de traslado hacia la ciudad de Arica ni de conseguir hospedaje. Sin sus pertenencias ni ropa de abrigo, se vieron obligados a desplazarse a pie por la carretera, lugar donde tuvieron que pasar lo que restaba de la noche. Resulta alarmante la ausencia de cualquier contacto institucional para resolver las solicitudes de ayuda, ni desde el albergue municipal ni de la delegación presidencial.

Con grave preocupación y consternación, denunciamos el trato inhumano e insensible que sufrió este grupo de personas. El desalojo abrupto del campamento en el que habían buscado refugio y la imposibilidad de acceder sus pertenencias, es una clara violación de sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a la propiedad personal y a un trato digno.

Es inconcebible que estas personas, ya vulnerables y en situación de desamparo, se vieran forzadas a transitar a pie por la carretera, en medio de la noche. Esta acción no sólo vulnera su derecho a la libertad de movimiento, sino que también pone en peligro su salud y seguridad física.

Este tipo de acciones, encabezadas por entidades estatales como el Ejército y la PDI, y la falta de respuesta de otras instituciones, reflejan una preocupante falta de humanidad y comprensión de las dinámicas migratorias. No podemos permitir que las personas migrantes sean utilizadas como meros instrumentos para fines políticos y mediáticos, fomentando el miedo y la discriminación.

Hacemos un llamado al gobierno chileno a que asuma su responsabilidad en garantizar la protección de los derechos de todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente de su estatus migratorio. Es imperativo que se implementen mecanismos de regularización que reconozcan la situación y las necesidades de estas personas, y se coordine la creación de corredores humanitarios y/o puentes aéreos que permitan una movilidad segura. Vanagloriarse de que en este momento no haya personas varadas en la frontera resulta sencillo cuando la forma de operar es privándoles de toda dignidad y resguardo.

Rechazamos firmemente la criminalización de la migración y la utilización de las personas migrantes para fines políticos y electorales. La seguridad y la dignidad humana no pueden ser sacrificadas en nombre de una retórica antiinmigrante que sólo fomenta la discriminación y el miedo.

Instamos a las autoridades chilenas a actuar con humanidad y respeto hacia los derechos de todas las personas migrantes, a garantizar su protección y bienestar, y a trabajar en conjunto con otros países para crear soluciones efectivas y humanitarias a la crisis migratoria.

Nuestro compromiso es y siempre será con la defensa de la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o estatus migratorio.

Foto: Radio Paulina