• La audiencia abordará el incumplimiento de Luis Pavón Hidalgo, quien pese a tener arresto domiciliario, violó sus restricciones.

• Los hermanos Pavón y Mizón habrían «arrendado» la fundación para desviar $197 millones del GORE a sus empresas.

• La defensa de otro imputado denuncia confabulación judicial en el caso.

El viernes 30 de mayo a las 10:30 hrs serán revisadas las medidas cautelares de los imputados en el caso Fundación Bonhomía, en una arista del Caso Convenios en el Biobío, donde se investiga a los involucrados por eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos y falsificación y uso malicioso de documento mercantil falso, entre otros.

La audiencia de revisión de medidas cautelares tiene entre sus antecedentes el incumplimiento de medidas cautelares de parte de Luis Pavón Hidalgo, lo que quedó establecido por un parte policial.

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En el marco general, el caso se ha movido por la denuncia por asociación ilícita interpuesta por la defensa de Sebastián Polanco -imputado en la arista Fundación en Ti- contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Concepción, Mathilde Esquerré Pavón, además de las fiscales Marcela Cartagena y María José Aguayo y el empresario Paul Esquerré. Esto por el descontento de su abogado Mauricio Vera que denuncia la confabulación por la prisión preventiva dada a Sebastián Polanco, mientras que Pavón Hidalgo se encuentra con arresto domicilario.

La arista Bonhomía

Según detalla la querella del CDE, que aboga por los intereses del fisco en el caso, durante el año 2022, los hermanos Luis Pavón Hidalgo y Jorge Mizón Hidalgo, se habrían puesto de acuerdo para gestar el «arriendo» de la fundación. Este pacto habría sido realizado con el director de la entidad, Osvaldo Reinoso, bajo la propuesta del 3% del valor del financiamiento del proyecto. A cambio, Pavón y Mizón utilizarían la fundación para poder postular la iniciativa al GORE y serían ellos y sus relacionados los encargados de la ejecución del programa.

Con estos antecedentes, los hermanos Hidalgo postularon el programa antes mencionado a través de la Fundación Bonhomía, obteniendo una pronta aprobación por parte del GORE, a pesar de que la fundación no contaba con experiencia alguna en proyectos de este tipo y no poseía los recursos necesarios para realizar la iniciativa. Según la querella, estos elementos básicos no habrían sido considerados por los funcionarios públicos encargados de aprobar la postulación.

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Tras ser adquiridos los fondos, las rendiciones de cuentas emitidas por Fundación Bonhomía revelan que los fondos fueron utilizados para pagar facturas a las empresas Inversiones Luz Verde, Inversiones Chicureo Limitada, Mandarina Limitada, Agencia Pam Latam y Lahsen y Lahsen Limitada, además de unas pocas personas naturales.

De las empresas mencionadas, cuatro de ellas son representadas legalmente por los hermanos Mizón y Pavón. Luz Verde, representada por Luis Pavón Hidalgo, emitió facturas que significan el 55% de los fondos entregados por el GORE, es decir, más de 197 millones de pesos.

Por otra parte, Inversiones Chicureo, Mandarina y Pam Latam, las tres representadas por Jorge Mizón Hidalgo, alcanzan en conjunto un total del 25% de los fondos. De esta forma, los hermanos Hidalgo no sólo habrían arrendado la Fundación Bonhomía, sino que además, lograron adueñarse de la totalidad de los fondos públicos entregados por el GORE para la ejecución de un programa que, según la querella del CDE, jamás se llevó a cabo.