A partir de hoy viernes 15 de marzo Cataluña se convierte en el primer territorio del estado español en contar con una ley específica que regula el valor del arriendo de casas y departamentos.

Por Joaquín Pérez

La ley de regulación de alquileres, impedirá la subida de arriendos en 140 municipios catalanes declarados como "área tensionada", ley obtenida gracias a la organización y lucha de años de los arrendatarios o inquilinos (Llogateres en catalán).  Específicamente la ley permite regular los precios de arriendo a grandes propietarios, esto es personas naturales o jurídicas, que la ley española define como aquellas que tengan más de 10 viviendas en arriendo.  En el caso de la ley aprobada en Cataluña, la calificación de gran propietario bajaría a 5 viviendas en estas áreas definidas como tensionadas y por lo cual podría entrar en la regulación de precios.

Si bien la ley afecta a solo 140 de los 947 municipios catalanes (ayuntament en catalán), el dato cambia muchísimo si nos fijamos en el volumen de población que abarca, ya que incorpora a las ciudades más grandes, como la propia Barcelona (1.655.956 habitantes) y las restantes capitales provinciales catalanas:  Lleida (142.990), Tarragona (138.326) y Girona (104.038). Por lo cual el total de los 140 municipios beneficiados agrupan a 6.348.224 habitantes, esto es el 80,3% del total de 7.901.963 de habitantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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En Europa existen varios países que regulan a través de la intervención estatal el valor de los arriendos o alquileres, controlando así la especulación inmobiliaria y fenómenos como el exilió inmobiliario o lo que los geógrafos denominan fenómeno de gentrificación.

En Alemania, por ejemplo, cada Land (estados federados) puede fijar regulaciones en torno al arrendamiento de viviendas, fijando controles en áreas densamente pobladas a las que se denomina "áreas tensionadas", donde el valor de la vivienda sube más que el promedio nacional.

Actualmente, hay 11 estados federados alemanes que aplican esta ley en más de 300 municipios, de forma que 20 millones de personas están en viviendas actualmente en viviendas que tienen un control de precios por parte del estado. Este modelo de "áreas tensionadas" es el que se aplicó en Cataluña, se establecieron 140 municipios donde el valor del arrendamiento, sube más que el promedio del conjunto de esta región autónoma y se permite a la Agencia de Vivienda de Cataluña ( Agència de l’Habitatge de Catalunya) fijar controles de los precios, en base a un valor por metro cuadrado de vivienda que ellos establecerán.

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En el caso Alemán territorios como Berlín han votado incluso por la expropiación de viviendas por parte del Estado, como forma de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho social y controlar además la especulación inmobiliaria.

Holanda es el país que primero regulo el tema de los arriendos y hoy el 30% de las viviendas de los Países Bajos están destinadas al alquiler social, con precios son muy inferiores a los del mercado, regulados por el Estado.

El otro país europeo con una importante cantidad de viviendas de carácter social es Austria, donde el 24% del total de alquiles en este país es regulado en su valor por el Estado, cifra que se eleva al 60% en su capital Viena.

En los países escandinavos: Dinamarca y Suecia, los arriendos de carácter social, llegan al 20% del total, en estados como Reino Unido y Francia, la política en torno al arriendo de viviendas va en el mismo sentido y ya se acerca al 17% del total.  Misma política existe en otros estados europeos como Luxemburgo,

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En América, el primer país en establecer regulaciones fiscales en el tema de la vivienda ha sido Canadá, cuya legislación hoy impide la compra de viviendas por parte de extranjeros, como forma de frenar la especulación inmobiliaria y el alza de precios tanto en el valor de las viviendas como en los arriendos, la normativa canadiense es muy similar a la que existe en nueva Zelanda y que tuvo buenos resultados en esta materia.

La bancarización del negocio inmobiliario ha generado un negocio especulativo en torno al valor de la vivienda y los  arriendos, que deja a cada vez más personas fuera de este derecho en todo el mundo, el caso de Chile donde la desregulación y la libertad absoluta de que goza en negocio inmobiliario ha decantado que el arriendo de una vivienda básica social, super ya con creces al sueldo mínimo.