A poco más de un mes del atentado incendiario que destruyó maquinaria y camiones, la Central Rucalhue retomó parcialmente las obras de su cuestionado proyecto hidroeléctrico en Santa Bárbara. La empresa confirmó avances en limpieza y reforzó medidas de seguridad, mientras persisten críticas y acciones legales por el impacto socioambiental del proyecto.
Por J. Arroyo Olea
Más de un mes ha pasado desde que decenas de camiones y maquinaria fue incendiada en las faenas del proyecto hidroeléctrico Central Rucalhue, las cuales se desarrollaban en la comuna de Santa Bárbara. Si bien, el proyecto encabezado por una empresa china también incluye obras en la comuna de Quilaco -en la cual se encuentra la localidad de Rucalhue-, el mayor avance de los trabajos se ha realizado en la comuna vecina.
El hecho significó un amplio despliegue empresarial y político en la zona, además de agentes de seguridad y Fuerzas Armadas.
Tras poco más de un mes, registros enviados a RESUMEN dan cuenta de que la empresa ha retomado las obras de su proyecto, el cual cuenta con un amplio historial de conflictividad socioambiental en el territorio, como también cuestionamientos y acciones legales en su contra, las cuales se mantienen en curso.
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En contacto con RESUMEN, la empresa Rucalhue Energía SpA, a cargo del proyecto hidroeléctrico, confirmó que las obras se han retomado de manera parcial «principalmente enfocadas en la ejecución de labores de limpieza tras el atentado del 20 de abril, y que significó la pérdida de un total de 52 vehículos«, indicaron en un comunicado.
De igual forma, la empresa confirmó que «durante las últimas semanas hemos realizado el retiro de parte de estas maquinarias y seguiremos en ello hasta despejar completamente la zona».
Por otro lado, habitantes del sector informaron que se instalaron señaléticas en el sector del Mirador Rucalhue, los cuales fueron atribuidos a la empresa hidroeléctrica con textos como «No pasar. Propiedad privada«. Consultados por este punto, Rucalhue Energía SpA señaló que estos carteles «no tiene que ver con las obras directamente sino con condiciones de seguridad y advertencia de no ingreso a esa área debido a desprendimientos de árboles e inestabilidad del terreno producto de temporales de viento y lluvia. Se trata de una medida de seguridad para las personas».
Tras cumplirse un mes desde la quema de maquinaria al interior de las obras, la empresa indicó que «este tipo de acciones buscan poner en riesgo la institucionalidad y es clave que como Estado se haya demostrado la unidad en cómo enfrentarlo», por lo que han reconocido la preocupación de autoridades «impulsando acciones legales y brindando la protección de seguridad requerida tanto para las instalaciones como para los trabajadores del proyecto, resguardando el área del proyecto mientras duren las obras de construcción«.
Este último punto -el resguardo al proyecto- es relevante de considerar, toda vez que el territorio se encuentra bajo estado de excepción constitucional y que el proyecto ha sido considerado como estratégico para la administración de Gabriel Boric al incluirlo en el Plan de Fortalecimiento Industrial (PFI) del Biobío, tras el proceso de cierre de la siderúrgica Huachipato.
Por su parte, la empresa señaló que «ya se encuentran en plena implementación medidas de seguridad adicionales a las que existían antes del atentado y que consisten en mayor dotación de guardias, refuerzo de los accesos, mejoramiento de equipamiento de vigilancia y comunicación, y mayor iluminación. Lo anterior junto a la revisión y fortalecimiento de protocolos de acceso y evacuación».