Después de que el Congreso y las FFAA se tomaran el poder el 7 de diciembre de 2022, y pusieran a Dina Boluarte como mandataria, las fuerzas represivas han dejado un saldo que supera las 60 muertes. Los cuestionamientos al gobierno de facto han expuesto, desde mandatarios latinoamericanos hasta organismos internacionales, la ilegitimidad del régimen y el atropello a los DDHH, siendo ahora el turno de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos, que sobre la situación peruana elevó un informe que da cuenta de masacres, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Por Juan Contreras Jara

Decenas de asesinados y cientos de baleados durante las protestas peruanas, son parte del saldo dejado por el gobierno de Dina Boluarte en estos cinco meses en la presidencia. Sus violaciones a los Derechos Humanos ahora fueron expuestas por la CIDH, desde donde hicieron hincapié en que las masacres a manifestantes fueron acompañadas de «una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a indígenas y campesinos como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas".

El informe puso énfasis en zonas como Ayacucho y Juliaca, donde se concentraron la mayor cantidad de asesinados durante las manifestaciones contra Boluarte y el Congreso. En el informe de la CIDH, se da cuenta, por ejemplo, «que el 15 de diciembre, en la ciudad de Ayacucho, al ser "perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre".

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En cuanto a Juliaca, donde fueron asesinados 18 manifestantes, el documento da cuenta de que fueron abatidos en «circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre. Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas".

La intervención de la CIDH también dio cuenta de la masacre cometida principalmente contra indígenas, quechuas y aymaras, principalmente en ciudades como Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa.

Las protestas contra el gobierno de facto de Boluarte se han extendido por todo el Perú, desde el derrocamiento de Pedro Castillo, presidente electo democráticamente. Lo anterior se ha traducido en enormes marchas y paralizaciones nacionales, que, en dos oportunidades, llegaron en caravana hasta Lima, para exigir la salida inmediata de la mandataria. 

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En esta línea, el documento señala que, «hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política».

Actualmente, la Fiscalía Nacional lleva adelante un proceso investigativo por homicidio calificado y  genocidio contra Dina Boluarte. En dicho proceso también se incluyen, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como a Pedro Ángulo, expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. 

Son 5 meses de gobierno de facto en Perú. Cinco meses en los que el pueblo peruano, en su mayoría indígenas, han exigido, entre otros, la disolución del Congreso, la salida inmediata de Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo y realizar a la brevedad nuevas elecciones. Lo último, han enfatizado los manifestantes, por medio de una Asamblea Constituyente.