Las elecciones para el Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano -contrario a una nueva Constitución- fue mayoría nacional, causó diversas críticas y observaciones por parte del Colegio de Profesores. Apuntan a que, con dichos consejeros y consejeras: «puede que se profundice la lógica de mercado en la educación».
Por Juan Contreras Jara
La última elección sigue abriendo debate en cuanto a lo problemático del proceso, formulado desde la clase política y por sobre todo, por quienes hoy estarían a cargo de la redacción de la próxima propuesta constitucional, a través de un consejo de mayoría pinochetista.
Desde el Partido Republicano ya han dejado claro que no les interesa una nueva Constitución y que pretenden, durante el proceso de su redacción, disminuir al mínimo la injerencia del Estado y propiciar un control aún mayor del mundo privado sobre derechos sociales como la educación.
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Es en este punto que el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, ve con preocupación el proceder de la mayoría de consejeros y consejeras, pertenecientes al Partido Republicano y su relación con temas tan relevantes como la educación. En esta línea, el dirigente nacional explica que: «lo que ocurrió puede llevarnos a fortalecer el lucro y las tendencias privatizadoras en la educación, poniéndola dentro de lo que podría ser cualquier mercancía o bien de consumo».
Pero no hablamos solo de acceso. Una de las tantas exigencias de las estudiantes a lo largo del país tiene que ver con avanzar en temas como la educación no sexista, lo que permitiría profundizar la igualdad de género y derechos al interior de los planteles educativos. Este puede ser otro punto de inflexión, expresa Díaz, considerando que, «no conciben la educación desde la integralidad, sino que más bien desde una perspectiva estandarizada y muy sesgada de lo que significa la sexualidad en la vida del ser humano».
Ostentado la máxima votación a nivel nacional, con un 33,53% de los votos, desde el Partido Republicano ya han expresado que derechos sociales -como la salud sexual y reproductiva-, no serían parte de la discusión. Lo anterior va de la mano de su negativa, por motivos ideológicos, a la apertura de una educación integral, afirma el representante del gremio docente.
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Los dardos también apuntan hacia el Gobierno, aclara Díaz, haciendo hincapié en que, pese a los lamentos: «ellos son cómplices de lo ocurrido, a partir de lo que fueron aprobando. O sea, los partidos de Gobierno se metieron a la lógica de los expertos, que de expertos no tienen nada, no los conoce nadie y nadie los eligió, salvo el presidente de su partido. Tratar de validar eso como algo normal, nos parece que no procede».
El presidente del Colegio de Profesores también criticó el discurso del Gobierno sobre la seguridad como único tema país, relegando aspectos como la salud, educación, sueldos o violencia de género al olvido. «Esto llevó a que se votara por quienes, se supone, garantizarían esta seguridad», acotó el docente.
Si bien desde profesorado reconocen cierta cercanía temática con el Gobierno, lo cierto es que, a más de un año de mandato, «esto no se ha traducido en hechos concretos que permitan garantizar cambios trascendentales en la educación, eso no ha operado y es preocupante. No solo hay que avanzar en diagnósticos comunes, sino que tenemos que ver materializados esos diagnósticos en hechos concretos y en eso, el Gobierno ha estado al debe. Ha sido lento, con temas trascendentales que se tendrían que haber implementado, entendiendo que en el Congreso tenemos posiciones muy retrógradas como las planteadas por los republicanos».
Pese a reconocer que no tiene expectativas del proceso, tanto por su génesis como por quienes están a cargo de su tutela, Díaz Marchant enfatizó en que desde el gremio presionarán para que la educación ocupe el lugar que merece a través de la movilización. Ésto, afirma, de aquí al próximo 17 de diciembre, cuando se efectúe la votación de salida de la propuesta constitucional de la clase política, hoy por hoy, más pinochetista que nunca.