[resumen.cl] Un análisis de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg reproducido este lunes por el medio chileno Diario Financiero asegura que la política en Chile se volvería «contra la minería del cobre».

La postura de Bloomberg se cruza con la reciente conformación de la Convención Constitucional, donde un porcentaje mayoritario de sus integrante debiesen dar prioridad a la recuperación de los bienes comunes en manos de transnacionales, a la protección tanto de ambientes prístinos como degradados por la megaminería y al respeto a comunidades afectadas por faenas, relaves o nuevos proyectos.

El análisis de la estadounidense señala que la composición de la nueva Convención Constitucional dejaría a empresas multinacionales como BHP Group y Angloamerican «vulnerables» ante normas más estrictas sobre consumo de agua, afectación a los glaciares y disposición de desechos (relaves) entre otros impactos.

Declaraciones de la directora de metales y minería de la corporación financiera Fitch Ratings prevén que las conversaciones se centren en convertir el agua en un bien nacional de uso público. Esto implicaría revisar los derechos de propiedad y aumentar compensaciones por uso indebido de las empresas.

Además, citando a la consultora global McKinsey, indican que cada año la industria minera asentada en Chile usaría suficiente agua como para abastecer a un 75% de las necesidades a nivel nacional.

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Aunque el sector minero está invirtiendo en mitigaciones ambientales, bioremediación y desalinización de agua marina, es poco probable que a mediano plazo, su actividad pueda dejar de expandirse generando significativos e irreparables daños ambientales.

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El artículo apunta a que el precio del cobre ha aumentado a casi el doble en este último año. Según indican, debido en parte a que existe preocupación de que la oferta no pueda satisfacer a una creciente demanda de materias primas que se requiere para la transformación a energías renovables.

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El análisis concluye que mientras dure el debate constitucional, las transnacionales se podrían mostrar reticentes a ingresar nuevos proyectos. Esto aunque las mineras transnacionales firmaron «acuerdos de estabilidad» para no tener cambios fiscales hasta 2023.

El debate es cruzado no solo por la discusión en el proceso constituyente en curso, sino también por proyectos de ley como la de royalty minero que busca instalar un impuesto al gran empresariado que sustenta su ganancia en el modelo extractivista.

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Imagen principal: Minera Candelaria en Tierra Amarilla, Región de Atacama