[resumen.cl] En el presente artículo, las periodistas Claudia Urquieta Ch. y Joana Salém V., investigan los mecanismos de cómo un extenso terreno de la precordillerana comuna de San José de Maipo acabó siendo una propiedad de la empresa Cementos Bío Bío, luego de haber sido entregado a quienes trabajaban en él por la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) en 1969 y, después, ser arrebatado por el Ejercito en el contexto de la llamada Contrarreforma Agraria.

En este trabajo se expone la historia de los terrenos de la antigua Hacienda Río Colorado y sus campesinos, pero también se entregan antecedentes que permiten situar lo ocurrido ahí como parte de un devenir sufrido por miles de campesinos y campesinas en distintas regiones del país y, junto a ello, conocer a través de casos cómo empresarios de diversos rubros se apropiaron de las inmensas superficies que hoy son la base de sus negocios. Todo ello bajo el manto de protección brindado por los sucesivos gobiernos civiles post dictatoriales.

El artículo fue publicado por Ciper y consta de dos partes, las cuales presentamos a continuación.

Historia de un despojo: las tierras de la Reforma Agraria que el Ejército arrebató a campesinos

En marzo de 1996, seis años después de recuperada la democracia y en completo secreto, el Ejército le vendió 16.700 hectáreas de la antigua Hacienda Río Colorado, un privilegiado terreno en San José de Maipo, a Cementos Bío Bío. La empresa era controlada por el empresario Hernán Briones Gorostiaga, quien presidía la Fundación Pinochet. Su venta contenía una clausula sorpresa: la empresa de Briones pagó por ese extenso paño solo $430 millones: $25.700 por hectárea. En rigor, el terreno que llega hasta la zona limítrofe con Argentina, no era propiedad del Ejército: la institución castrense se lo apropió después del Golpe de Estado, despojando a los campesinos que habían constituido allí un asentamiento luego de que la hacienda fuera expropiada en 1969 por la Ley de Reforma Agraria. Hernán Briones fue presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y uno de los más influyentes dirigentes empresariales que apoyaron la dictadura. Fue en esos años que Briones entabló con el general Pinochet un lazo de amistad y complicidad. Con otros dos dirigentes del gremio patronal -Eugenio Heiremans y Ernesto Ayala- formaron un poderoso e influyente trío al que el actual senador Andrés Allamand (RN) incluyó en lo que llamó en los '90 "el poder fáctico". Fue el propio Pinochet quien autorizó la venta de una parte de la Hacienda Río Colorado a la empresa que controlaba Briones. Así consta en la escritura de compraventa que lleva la firma del general Sergio Espinosa Davies, jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, y el vicepresidente de Cementos Bío Bío, Alfonso Rozas Ossa (ver documento compraventa). Un año después de ese beneficioso negocio, Hernán Briones -junto a otros militares y empresarios- creó la Fundación Presidente Pinochet, para preservar su legado. Hasta su muerte, en diciembre de 2005, Briones mantuvo un estrecho lazo con el dictador. Realizó todo tipo de gestiones en Chile y Londres para terminar con su detención en el Reino Unido (1998-2000) y sus últimas apariciones públicas estuvieron ligadas a su rol de presidente de esa fundación.

Cementos Bío Bío no era cualquier empresa para Briones. La presidió hasta poco antes de su muerte y los terrenos de Río Colorado tenían para él un interés bien preciso. Seis meses después de que adquiriera las más de 16 mil hectáreas de Río Colorado, Cementos Bío Bío junto a "Soprocal, Calerías e Industrias S.A." -del socio de Hernán Briones, Alfonso Rozas Ossa, que hasta hoy preside su directorio- constituyeron la sociedad anónima Minera Río Colorado (ver aquí registro Diario Oficial). El 25 de septiembre de 1996, en la Notaría de Camilo Valenzuela, se registró la escritura de la nueva minera que permite la explotación de carbonato de calcio del yacimiento La Perla, ubicado a 65 kilómetros del cruce Las Vizcachas. Cementos Bío Bío mantiene el 51% de la propiedad de la minera, sus socios el 49% y su capital asciende a US$3,7 millones (Memoria de 2016 de la cementera). Aunque los activos de la minera representan menos del 1% de Cementos Bío Bío, su directorio lo preside el hijo de uno de sus fundadores, Hernán Briones Goich, y su vicepresidente hasta hace pocos días era el economista José Ramón Valente (también era vicepresidente de Cementos Bío Bío), quien renunció antes de asumir como ministro de Economía el pasado 11 de marzo.

NEGOCIO EN TIEMPO RÉCORD

La autorización de Pinochet para la venta del terreno a la empresa de su amigo Hernán Briones, consta en una escritura hallada en el curso de esta investigación. Allí se cita un documento reservado del Ejército del 28 de diciembre de 1995 (Resolución N° 4.180/326), la que autoriza la enajenación del "Lote B" de Río Colorado, precisamente el que terminó en manos de Cementos Bío Bío. Para que esa venta fuera viable, un mes antes, el 23 de noviembre de 1995, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de San José de Maipo dictó la Resolución N°18 que autorizó dividir la Hacienda Río Colorado en dos lotes: el "Lote A", de 142.498 hectáreas y el "Lote B", de 16.700 hectáreas. Un mes después de la resolución de la DOM, Pinochet firmó -como comandante en jefe del Ejército- la autorización para vender el "Lote B" a la empresa de Briones. Como sustento de la operación se cita la "necesidad institucional de obtener fondos para reparación y ampliación de la infraestructura militar". Pinochet también dejó constancia en ese oficio que ese terreno "es prescindible para el cumplimiento de los fines institucionales". Faltaba solo el último paso: el oficio por el cual Pinochet autorizó al general Sergio Espinosa Davies, a enajenar el lote "en venta directa, propuesta pública o propuesta privada", fijar condiciones, precios y señalar la forma de pago.

No hubo licitación y todo se hizo en trámite exprés. El 29 de diciembre de 1995, Sergio Espinosa Davies emitió la resolución que enajenó la propiedad, aceptando la oferta de Cementos Bío Bío por las 16.700 hectáreas de la ex Hacienda Río Colorado: $430 millones. "En atención a que dicha oferta es conveniente a los intereses de la institución", se lee en el documento, donde también se dice que los fondos "ingresarán a la cuenta especial en la Tesorería General de la República, para la Subsecretaría de Guerra bajo el Código 525". Pinochet dejó estipulado que los fondos provenientes de esta venta se destinarían a las finalidades descritas en los Decretos Leyes 1.113 (1975) y 2.569 (1979) y la Ley 17.174 (1969), esto es, para "ser invertidos en el estudio, planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la respectiva institución". Por Ley de Transparencia, la Tesorería General de la República respondió a CIPER que, en los registros de su División de Finanzas Públicas, efectivamente existe un ingreso de $430 millones en abril de 1996 "a la cuenta complementaria asociada al Ejército de Chile" (ver documento). CIPER consultó al Ejército, también vía Ley de Transparencia, sobre el destino final de los $430 millones. La respuesta fue que no se puede establecer en qué fue invertido este monto (ver respuesta del Ejército).

LA HUELLA QUE PERDURA EN RÍO COLORADO

Han transcurrido 48 años pero lo que se vivió en la Hacienda Río Colorado a fines de los '60, ninguno de los campesinos que allí vivían ni sus hijos lo han podido olvidar. Se venían vientos de cambio. Se sentía en el aire, en la tierra y en los ánimos de la Hacienda Río Colorado, donde Lorenzo Astorga y su familia venían trabajando por generaciones. La exultación también se palpaba en las conversaciones que sostenían Astorga con el Lucho López, Agustín Carrasco y con la treintena de campesinos que habían creado un comité para concretar el lema "la tierra para el que la trabaja", el eje de la Reforma Agraria profundizada en 1967 por el presidente Eduardo Frei Montalva con la Ley 16.640. Esa ley permitía la expropiación de fundos mal explotados o que tuvieran un tamaño mayor a 80 hectáreas de riego, para ser entregadas a campesinos,lo que potencialmente correspondía a casi 10 millones de hectáreas: más del 40% de la superficie agrícola del país. Un sueño que en Río Colorado parecía imposible y por el que incluso algunos campesinos estuvieron detenidos tras tomarse un potrero en 1967, pero que se concretó en agosto de 1969. Ese año, la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entidad estatal a cargo de las expropiaciones de tierras y de administrar el profundo cambio estructural en el agro, expropió a Alfredo Palazuelos Buzeta las 159.199 hectáreas de la Hacienda Río Colorado, en San José de Maipo (Región Metropolitana) (ver documento). Cuando se constituyó el Asentamiento Río Colorado, Lorenzo Astorga, de entonces 31 años, supo que su vida y la de sus 31 compañeros de tierras tomarían un rumbo distinto. Los campesinos recuerdan que el día de la fiesta con que se celebró el acontecimiento, participó el ex senador Rafael Moreno (DC), vicepresidente ejecutivo de la CORA. Allí se hizo la elección de la directiva que iba a administrar el asentamiento. Lorenzo Astorga fue elegido presidente. Fue así como los 32 campesinos de Río Colorado pasaron de ser inquilinos a administrar las tierras que por décadas habían trabajado, pero para otros. Lorenzo Astorga, hoy de 82 años, no olvida esos días: -Fue la época cuando mejor estuvimos. Sin problemas, porque con lo que teníamos nos daba para vivir y nosotros mismos administrábamos todo. El banco nos daba la plata mensualmente para los sueldos de los campesinos y en abril se le pagaba, porque ya había venta de animales, vacunos, corderos, pasto. Todo lo que se vendía.

Gerardo Ortega Martínez (61 años) es hijo de uno de los asentados originales ya fallecido: "Mi papá fue uno de los que se organizaron para quitarle el fundo a los patrones, a los Palazuelos. Antes trabajaban por la 'pastilla' que le llamaban, que era el pan, porque no tenían sueldo. Tenían que cortar leña, venderla y al final tenían que darle la mitad al patrón, aparte de trabajar en el fundo", recuerda. Con la Reforma Agraria las cosas fueron distintas: -Cuando se formó el asentamiento, los campesinos tuvieron acceso a préstamos. Para trabajar los potreros se llegaron a comprar dos tractores completos, con maquinaria para arar y prensar, se compraron como mil ovejas y 500 vaquillas. Tenían su sueldo, trabajaban en conjunto y bien. Uno hacía el tiempo de las ovejas, otros trabajaban los pastos y hasta se hicieron esas casas que hasta hoy están con la ayuda del gobierno. Estaban muy bien organizados. De todos los asentamientos que hubo, Río Colorado destacaba por su organización -relata Ortega, quien hoy integra la Agrupación Quempo, creada hace 16 años por 14 pequeños ganaderos, ex asentados e hijos de asentados, todos nacidos y criados en la zona. Fueron tiempos felices. Pero no duró demasiado. A partir de septiembre de 1973 la vida en todo el país dio un brusco giro. También en Río Colorado.

EL FIN DEL SUE'O

Corría 1962 y el gobierno de Jorge Alessandri, acicateado por una fuerte presión internacional y local, incluida la de la Iglesia Católica, promulgó la primera ley de Reforma Agraria (N° 15.520), conocida como "la reforma de macetero". Aunque tímido y muy limitado, fue el primer paso para remover la estructura agraria tradicional, sustentada en grandes latifundios, donde miles de campesinos vivían en condiciones miserables, lo que llevó a muchos a migrar a la ciudad. También originó una profunda crisis productiva. Pero fue la Reforma Agraria impulsada por Frei Montalva, con la ley dictada en julio de 1967, la que pasaría a la historia al generar condiciones para un cambio estructural del agro. El 28 de julio pasado se cumplieron 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de Frei Montalva. Un hito que fue celebrado en La Moneda. En esa ceremonia, la presidenta Michelle Bachelet la definió como "el inicio del proceso de transformación social más importante vivido por el país durante el siglo XX, aquel que terminó con un sistema de relaciones sociales injusto y arcaico -el inquilinaje-, que condenaba en forma directa a casi 500 mil personas a vivir en la dependencia y sin derechos ciudadanos básicos". En Río Colorado la percepción de los pocos campesinos que quedan de aquellos que pelearon por ser dueños de sus tierras, es muy distinta. Lorenzo Astorga dice que la Reforma Agraria efectivamente buscaba el objetivo que destacó Bachelet, pero que la irrupción de la dictadura dio un vuelco en la historia del país y en su vida. Cuando en 1973 Río Colorado se encaminaba hacia esa meta -dice Astorga- "las autoridades que llegaron nos perjudicaron: el mismo Estado nos quitó lo que nos había dado".

Tras el Golpe de Estado los campesinos de Río Colorado se inquietaron. Aún eran un asentamiento, una propiedad colectiva y transitoria, administrada en conjunto por una directiva elegida en asamblea y la CORA. Según la Ley 16.640, los asentamientos se formarían en todo el sector reformado y deberían durar entre tres y cinco años. Luego, los asentados deberían definir entre tres formas de asignación de la tierra bajo la cual se les entregaría el título de propiedad: unidad familiar individual, cooperativa o en forma mixta. Los de Río Colorado estaban ad portas de esa asignación, cuando recibieron una información que los conmocionó: les anunciaron que las más de 159 mil hectáreas del fundo pasarían a manos de los militares. El traspaso se inició con una solicitud hecha por el Ejército el 17 de diciembre de 1975 (N° 4180/143) (vea ese documento). Seis meses después, el 25 de junio de 1976, el Consejo de la CORA aprobó transferir a título oneroso 159.199 hectáreas de Río Colorado al Ministerio de Defensa, para ser destinadas al Ejército (revise aquí ese documento). El precio de la transacción se fijó en $2,84 millones, suma que se cancelaría en un lapso de 30 años y sería cargada "a los fondos del ítem 52 'Terrenos y Edificios' del Presupuesto de Capital de la Subsecretaría de Guerra, a contar de 1979". Pero en los hechos el Ejército no pagó nada por el terreno. Esa regalía se logró luego de un intenso lobby que quedó registrado en los expedientes que contienen el historial de Río Colorado, y que están archivados en dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto a la documentación de la extinta CORA. El 8 de noviembre de 1976, el general Jaime Estrada Leigh, comandante de Ingenieros del Ejército y asesor directo de Augusto Pinochet, solicitó al vicepresidente ejecutivo de CORA que reconsiderara el acuerdo que obligaba al Ejército a pagar por el enorme terreno (vea documento). A petición del ministro de Defensa de la época (general Herman Brady), el ministro de Agricultura informó de la petición del Ejército al vicepresidente de la CORA. Una "necesidad importante de la Defensa Nacional" fue el argumento central de la petición hecha por Estrada Leigh para la cesión gratuita del predio: proporcionará "terrenos para entrenamiento de efectivos y posibilitará un racional desarrollo del fomento equino nacional, lo que beneficiará directamente al agro". El Ejército logró su objetivo: la Resolución N° 2.128, sin fecha, de la Oficina de Normalización Agrícola (Odena) -nombre bajo el cual funcionó la ex CORA entre 1978 y 1979- dispuso el traspaso de Río Colorado sin pago (ver documento). El 15 de septiembre de 1980, el SAG transfirió el predio al Ejército en forma gratuita, el que se comprometió a contratar a los 32 socios del asentamiento y "darles facilidades para la cosecha de sus actuales cultivos" (ver documento). Aunque el Ejército había tomado posesión del ex Asentamiento Río Colorado en 1975, el traspaso legal y la inscripción en el registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago solo se hizo por Decreto Exento N°12 el 4 de abril de 1984.

Campesinos y lugareños hacen memoria y dicen que solo unos 22 de ellos fueron contratados. Otros quedaron fuera y tuvieron que arreglárselas por su cuenta y hubo quienes simplemente se fueron. Uno de los que quedó fuera fue Emilio Martínez (76 años), antiguo campesino de Río Colorado: -Yo en ese tiempo era socio no más del asentamiento. Emilio Aranda, el administrador de los milicos, me dejó fuera, porque según él yo no era asentado. Por eso, quedé solo como talajero -cuenta el anciano, que hasta hoy vive en el sector. José Agustín Carrasco Salinas, quien también fue presidente del Asentamiento Río Colorado, fue contratado. Su hijo, Rodrigo Carrasco (42), recuerda que su papá -quien falleció en 2016- trabajó para los militares. Años más tarde él también fue contratado: "Yo trabajé como 16 años con el Ejército, igual que mi papá: como obrero jornal. Hace como dos años me finiquitaron". Sus tareas, por las que recibía el sueldo mínimo, consistían en producir pasto. Rodrigo, como otros campesinos del predio, tenía que comprar el pasto que producía él mismo para alimentar a sus animales, pagando "unos $500 mil en la temporada, por lo que gastaba parte importante de mi sueldo en comprar este pasto", asegura.

PAGANDO TALAJE

Cuando llegaron al Asentamiento Río Colorado, los militares empezaron a liquidar todo lo que había: tractores, herramientas y animales. La explicación que les dieron a los campesinos y sus familias es que debían pagar la deuda por los animales que habían comprado con préstamos de la CORA. Los vacunos y ovejas que no fueron vendidos, se repartieron entre la treintena de ex asentados Gerardo Ortega Martínez, un adolescente en la época, recuerda que "pasadito el Golpe, en 1975, antes de que Río Colorado pasara a ser propiedad militar, los militares se apoderaron del fundo, pusieron una barrera de control a la entrada y empezaron a vender cosas que eran de los campesinos. Fue un periodo bien crítico". -Llegaron a la casona principal y ahí se establecieron. Llegaron imponiéndose. Mi papá tenía en las pesebreras vacas lecheras, vendíamos leche. Ellos llegaban y decían "dame leche", ¿y quién se podía oponer? ¡Qué miedo! Llegaban y sacaban...le mataron un ternero a mi papá para comérselo, ¿y quién se podía oponer? Fueron pasando muchas cosas. De ahí se hicieron cargo del fundo y vino lo más duro. Nosotros, que éramos casi propietarios, tuvimos que empezar a pagarle al Ejército talaje, lo que empezó a fines de los '70 y duró hasta hace como seis años, cuando nos pusimos firmes para no pagar. Yo no sé adónde fue a dar esa plata -cuenta Ortega.

El cobro, recuerda Gerardo Ortega, era mensual: "Se cobraba por animal. En ese tiempo $200, $300 por oveja. Por vacuno eran como $1.200. Mis papás pagaban, luego nosotros también tuvimos que pagar. Entre todos calculamos que hay un historial de casi $500 millones de pesos que se le han pagado al Ejército". Los campesinos jamás tuvieron claridad de cuál fue el destino de esos pagos. Gerardo Ortega continúa recordando: -Siendo un fundo de los campesinos, ellos se apropiaron y nosotros no podíamos hacer nada. No podíamos sembrar, para poder ir arriba había que sacar un permiso. (...) Ellos mismos nos vendían el pasto para nuestros animales, porque nosotros no podíamos producirlo y los potreros los tenían ellos. Si yo quería sembrar chacras teníamos que sacar a medias: si cosechaba 10 sacos tenía que darles cinco... En la práctica, asegura Gerardo Ortega, de lo que producían terminaban quedándose con un 40%. El resto, terminaba en manos de los militares. Lo hechos que relata Ortega coinciden con los testimonios que recogió CIPER de Emilio Martínez y del hijo del ya fallecido asentado Carlos Arenas, del mismo nombre. A sus 42 años, hoy preside la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado, constituida legalmente en agosto de 2016 y cuyo objetivo es recuperar las tierras y el fundo en su plenitud. CIPER consultó al Ejército sobre el manejo financiero que ejecutaron en Río Colorado. La respuesta fue: "Las actividades realizadas en el predio 'Río Colorado', se ajustaron a la normativa, materializándose contratos por este rubro hasta el año 2002. En otros períodos no hay registros. Actualmente allí no se realiza ninguna actividad productiva". Corría 1996, y un día, ya en plena democracia, los campesinos de Río Colorado se enteraron que debían agregar un pago extra. Esta vez, a Cementos Bio Bio, empresa que pertenecía a uno de los grandes amigos y defensores de Augusto Pinochet.

NUEVO DUE'O, NUEVOS PAGOS

Para los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado, la venta de una gran parte de la hacienda a Cementos Bío Bío solo tuvo una consecuencia: desde que la Minera Río Colorado se instaló en la hacienda, han tenido que pagarle talaje. Rodrigo Carrasco afirma que desde 1996 es la minera la que les cobra: -Y todavía lo hace. En 2016 cobraban $300 mensuales por animal chico, cabra u oveja; y mil pesos por animal grande, vacuno o caballar. Ese año pagamos con mi hermano, mi mamá y mi familia como $800 mil pesos entre vacunos y cabras. Y no recibimos ningún comprobante. El cobro, asegura Carrasco y otros campesinos que se mantienen en el predio, no lo pagan todos, solo los que necesitan pasar por las tierras propiedad de la minera para llevar a pastar a los animales: -La verdad es que la minera nunca ha cobrado directamente. Siempre ha tenido un intermediario. Pero le seguimos pagando para no tener problemas y poder llevar nuestros animales a la cordillera -asegura Carrasco. CIPER consultó a Cementos Bío Bío sobre estos cobros y el proceso de compra del predio, pero se negaron a entregar su versión. Próxima entrega y final: "Historia de un despojo II: las tierras de la Reforma Agraria de las que no se habla. Vendieron a GENER 66 hectáreas para que instalara allí su Central Alfalfal".

Historia de un despojo II: las tierras de la Reforma Agraria de las que no se habla

El despojo de sus tierras del que fueron víctimas los asentados de la Hacienda Río Colorado, no fue excepcional. Así lo develan dos estudios sobre el destino que se le dio bajo dictadura a las tierras de la Reforma Agraria, realizados por equipos del Departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad Arcis (en 2000 y 2004), por encargo del gobierno de Ricardo Lagos.

En base a esos informes y a respuestas obtenidas por Ley de Transparencia, la investigación de CIPER logró identificar 18 predios afectados a la Reforma Agraria y que terminaron en manos del Ejército entre 1975 y 1993 (revisar el listado aquí). Entre ellos, los fundos Río Colorado y San Antonio de Ancoa.

En total, esos 18 predios llegaron a sumar 234.596 hectáreas, de las cuales el 68% corresponden a la Hacienda Río Colorado. De este total, la institución castrense conserva aún 145.667 hectáreas. Y ello, porque después de recuperada la democracia el Ejército ha ido devolviendo al Ministerio de Bienes Nacionales parte de esos terrenos.

Una de estas "devoluciones" afectó precisamente a otras 66 hectáreas del ex Asentamiento Río Colorado, la que se ejecutó en diciembre de 1987. Pero la operación que hizo el Ejército con esas tierras, no buscaba palear el despojo inicial. Porque solo meses más tarde, en agosto de 1988, las mismas 66 hectáreas fueron vendidas a Chilectra Generación, empresa que apenas siete meses antes (enero de 1988) había culminado su proceso de privatización, iniciado en 1981.

La investigación de CIPER no logró precisar el precio de venta de esas 66 hectáreas, pero sí el decreto que contiene el objetivo principal de la "devolución" que hizo el Ejército. Está fechado el 30 de diciembre de 1988 y también lleva la firma del general Pinochet: es el decreto por el cual se le otorga a la empresa eléctrica ya privatizada la concesión definitiva para establecer precisamente en esos mismos terrenos la Central Alfalfal.

En su artículo 1° se lee: "Otórgase a la Compañía Chilena de Generación Eléctrica S.A. concesión definitiva para establecer en la Región Metropolitana, provincia de Cordillera, comuna de San José de Maipo, una central hidráulica productora de energía eléctrica denominada Alfalfal, de una potencia instalada de 140 MW, destinada a optimizar el uso de los recursos hidroeléctricos de la Región Metropolitana. El presupuesto del costo de las obras asciende a US$ 194.863.000".

Y en su artículo 5: "La totalidad de las obras se ubicarán en terrenos fiscales, pertenecientes a la Hacienda Río Colorado, respecto de los cuales el Ministerio de Bienes Nacionales autorizó su venta, en una parte, y la constitución de servidumbres, en otra, mediante los Decretos Ns. 666 (1987), y 365 (1988), de la citada Secretaría de Estado" (ver decreto publicado en el Diario Oficial el 6 de febrero 1989).

Los derechos de agua para esa central ya habían sido entregados a la empresa sin costo alguno en 1984 y 1985. Así, la compañía eléctrica que fue estatizada en 1970, y entregada a Endesa en dictadura, obtuvo un enorme beneficio para su negocio. Luego de algunas restructuraciones societarias, finalmente esa empresa se transformó en Gener, compañía que hoy impulsa en la misma zona de la Hacienda Río Colorado el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

EL EJÉRCITO DUE'O DE TIERRAS

Del destino que se le ha dado a las 145.667 hectáreas de predios afectados a la Reforma Agraria y que el Ejército aún conserva bajo su dominio, la información no es precisa. Tras una serie de preguntas por Transparencia, desde el Ejército detallan que esas hectáreas son utilizadas con distintos fines: instrucción y entrenamiento del personal de la institución, uso agropecuario, crianza de ganado equino, cultivo de forraje para el autoabastecimiento de la alimentación del ganado y uso agrícola.

En algunos casos parte de estos predios fueron licitados a privados para su uso. Otros, fueron o están en proceso de devolución al Estado.

Según la información entregada por el Ejército para esta investigación, el único terreno de los que se apropió y que luego fue vendido a privados, fue Río Colorado: las 16.700 hectáreas que el Ejército vendió en $430 millones a Cementos Bio Bio y las 66 hectáreas que terminaron en manos de Gener.

Hoy, en las tierras en las que se creó el pujante Asentamiento Río Colorado en 1969 aún viven y trabajan varios de los asentados originales y sus hijos. Pero no saben hasta cuándo.La incertidumbre los vuelve a rondar ya que todos esos terrenos, que suman 70.333 hectáreas, están en la recta final del proceso de devolución al Ministerio de Bienes Nacionales en virtud del "Acuerdo de las Actas de Chena IV".

-Esta devolución es resultado de un proceso de conversaciones entre el Ejército y los ministerios de Bienes Nacionales y de Defensa, con el objeto de avanzar en la entrega de bienes de interés del Fisco, que el Ejército está dispuesto a entregar para una serie de usos de gran importancia para el país y la ciudadanía -explicó a CIPER la entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma.

LOS ESTUDIOS DEL GOBIERNO DE LAGOS

El primer estudio realizado por el equipo de la Universidad Arcis, fue encargado por el Ministerio de Agricultura cuyo titular era Jaime Campos (quien fue ministro de Justicia hasta el pasado 11 de marzo). Después de nueve meses de trabajo, el 17 de noviembre de 2000 los abogados Roberto Celedón, Sergio Fuenzalida, José María Bulnes y Matías Coll entregaron su primer informe.

Allí se condensó el análisis de documentos y 650 testimonios de campesinos de siete regiones del país, sobre cómo y cuándo perdieron las tierras que habían obtenido gracias a la Reforma Agraria. De estos, 221 relatos fueron chequeados con la documentación de la CORA que mantenía el SAG y los registros oficiales de conservadores de Bienes Raíces de regiones. El resultado fue una base estadística sobre los distintos procedimientos utilizados durante la dictadura para apropiarse de las tierras repartidas por la Reforma Agraria.

En ese primer informe se dejó constancia de la necesidad de una nueva investigación que hiciera posible diseñar políticas de reparación. Así nació un segundo convenio del Ministerio de Agricultura de la administración Lagos con la Universidad Arcis: debían dimensionar el universo y situación de los campesinos beneficiados por la Reforma Agraria para tener una idea del número de posibles destinatarios de medidas de reparación y el costo asociado.

Este segundo estudio fue realizado por los abogados José María Bulnes, Sergio Fuenzalida y el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, y contó con el apoyo de los profesionales Juan Vergara, Pelagia Bulnes, Ema Salomé y María José Middleton.

El informe fue entregado al gobierno en '2003 ("Catastro Nacional de Tierras derivadas de la Reforma Agraria que no se adjudicaron a los beneficiarios de este proceso o que las perdieron y estudio de la situación socioeconómica de dichos originales beneficiarios").

Sus conclusiones son lapidarias: 50.277 familias campesinas asignadas con tierras de la Reforma Agraria fueron impedidas de ejercer su derecho de propiedad, tal como establecía la Ley 16.640. Además, 57% de las 41.445 familias que sí fueron asignatarias de tierras terminaron vendiendo sus parcelas: en su mayoría fueron sometidas a situaciones de venta forzada, endeudamientos, fraudes notariales y otras ilegalidades.

Según detalla el informe, entre 1962 y el 11 de septiembre de 1973, el 43% de las tierras agrícolas de Chile (9,3 millones de hectáreas) habían sido incorporadas a la Reforma Agraria a través de expropiaciones llevadas a cabo por la CORA. Solo 1.057.250 hectáreas estaban definitivamente asignadas para campesinos, mientras que el 88% de la superficie reformada se encontraba en proceso transitorio de asentamiento: una situación jurídica inestable. Ese fue el caso del Asentamiento Río Colorado.

La Ley N° 16.640 del presidente Frei Montalva, determinaba que el gobierno tendría de tres a cinco años para asignar el título definitivo de propiedad a los campesinos, plazo que muchas veces se dilató. Mientras tanto, se formarían asentamientos y comités campesinos, donde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) actuaba a través de cursos de capacitación técnica y alfabetización.

Este carácter transitorio de los asentamientos fue aprovechado por la dictadura para revocar el 27% de las expropiaciones realizadas por los gobiernos de Frei y Allende, devolviendo estas tierras a sus antiguos dueños, bajo la consigna "normalización agraria".

Otra cantidad importante de tierras reformadas (llamadas "Reservas CORA"), no fueron entregadas a sus antiguos dueños y permanecieron bajo control del Estado, siendo paulatinamente transferidas a organismos públicos y privados. Al Ministerio de Defensa, entre ellos.

La investigación que hizo CIPER en base a los dos estudios encargados por el gobierno de Lagos, permitió profundizar en un acápite que aparecía citado en ellos: la apropiación de grandes predios expropiados por la Ley de Reforma Agraria por el Ministerio de Defensa. Esa apropiación se hizo "haciendo una interpretación abusiva de normas dictadas por ellos mismos", se lee en uno de los informes.

Para ello se utilizó el artículo 67 de la Ley de Reforma Agraria, que disponía que las tierras adquiridas por la CORA podían ser transferidas cuando se tratara de "terrenos inaptos para el cumplimiento de los fines de la corporación". En 1975 a esa normativa se le agregó una frase clave: "el Consejo de la CORA calificará qué se entenderá por inaptos". Fue a través de ese artilugio que vastos terrenos expropiados terminaron en manos del Ejército.

La arbitrariedad con que se utilizó la calificación de "inaptos" se hizo evidente en el caso de la Hacienda Río Colorado. Algo similar ocurrió con el Fundo San Antonio de Ancoa, en Linares (Región del Maule).

Ese predio de 13.774 hectáreas, fue transferido al Ejército el 14 de abril de 1987. En el primer informe realizado por el equipo liderado por José María Bulnes el año 2000, se relata: "Hasta hoy los militares les imponen a los campesinos que viven allí una serie de obligaciones inicuas. Estos se ven obligados al pago de un tercio de la producción del carbón que producen, de una décima parte de la producción de ganado y se les impone la obligación de trabajar seis días mensuales de trabajo-hombre por puebla (conjunto de casas donde habitan una o dos familias) en faenas en un bosque de pinos que explota el Ejército en la zona. Como se comprende, los campesinos están en una situación de auténticos siervos de la gleba".

La situación se tornó aún peor en 2012. Según relata The Clinic, ese año apareció un maderero de la zona que les anunció que había firmado un contrato con el Ejército para explotar forestalmente el predio. Las ya malas condiciones empeoraron. Nuevamente se instaló la incertidumbre sobre la permanencia de las familias en el predio al no existir ningún contrato ni documento que regulara su situación.

Para el Ejército, en cambio, la situación era muy clara. Así respondieron a CIPER cuando se les preguntó a través de la Ley de Transparencia sobre lo que ocurría en el ex asentamiento de Linares:

"En el predio San Antonio de Ancoa, históricamente se ha realizado una tala indiscriminada de bosque nativo por personas que habitan de manera irregular en el lugar, y para normalizarlo, y de acuerdo al marco legal vigente (DFL N° 130 y RL N° 1506), se establecieron contratos de mediería con estos pobladores hasta el año 2009, los cuales no fueron renovados por la negativa de las diferentes familias".

INFORMES QUE FUERON A UN CAJ"N

Tal como fue solicitado por el gobierno de Lagos, los datos recogidos por los equipos de la Universidad Arcis en 2000 y 2003 fueron utilizados para elaborar una propuesta de reparación a los campesinos afectados.

Dos fueron las medidas principales recomendadas. Recuperar las tierras que estén en manos del Fisco para los destinatarios originales de la Reforma Agraria y garantizar -a través de INDAP- inversiones para crédito y formación técnica, asegurando la productividad de los asignatarios. Se recomendó una inversión total de US$23 mil por jefe de hogar durante cuatro años, estimando que 17 mil familias campesinas estarían "dispuestas a un endeudamiento razonable en el marco de una política de reparación".

La propuesta no tuvo eco en el gobierno. Uno de los autores del informe, el abogado Sergio Fuenzalida, quien hoy coordina el equipo de Derechos Humanos de la Universidad Central, recordó lo que pasó luego de entregado el informe al entonces ministro de Agricultura, Jaime Campos:

-Hicimos una presentación del informe en data show al ministro Campos. Él no reaccionó, no dijo nada (...). Y yo recordaba perfectamente que antes de esa presentación tuvimos mucho contacto con organizaciones campesinas y en una de esas reuniones estaba el ministro Campos y ellos plantearon el problema de las tierras perdidas de la Reforma Agraria. Recuerdo perfectamente que el ministro les dijo: "pero si encargamos este estudio justamente para buscar una solución" -relató a CIPER Fuenzalida.

CIPER consultó a Jaime Campos qué pasó con ese informe y por qué no hubo ninguna solución para los campesinos afectados. Campos declinó referirse al tema.

Los abogados Sergio Fuenzalida y Roberto Celedón, recuerdan que la situación respecto a las tierras de Río Colorado transferidas al Ejército fue objeto de una reunión especial con la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

En esa reunión, a la que también asistió el abogado José María Bulnes (ya fallecido), se le planteó a la ministra el problema de los campesinos del ex Asentamiento Río Colorado. Y se le pidió, recuerda Celedón, "que se devolvieran las tierras al Fisco o que una parte pudiese recuperarse para indemnizar a los campesinos. La reunión era para eso: cómo indemnizar a gente que sufrió en los procesos políticos sociales de la época".

-Le representamos que parte de esas tierras fueron entregadas al señor Hernán Briones, presidente de la Fundación Pinochet. No hubo resultados positivos. No hubo voluntad de las autoridades o del Ejército de devolver las tierras o resolver los problemas concretos que se denunciaron. Las autoridades políticas no tuvieron la capacidad o la fortaleza de imponer un mínimo criterio de justicia -afirma Roberto Celedón.

Y concluye: "En todo aquello que tenía incidencia en las arcas fiscales, nunca hubo una disposición positiva, clara. Y los campesinos de la Reforma Agraria estaban en la mayor marginalidad. Los exonerados políticos estaban organizados, no así los campesinos de la Reforma Agraria, los que fueron atomizados, humillados y quedaron en completo desamparo".

Hasta hoy miles de campesinos beneficiados por la Reforma Agraria siguen sin derecho a tierras propias.

EL DESTINO DE LOS ASENTADOS DE RÍO COLORADO

Cuando CIPER llegó hasta los terrenos del ex Asentamiento Río Colorado, constató que los campesinos que aún se mantienen allí no tenían idea de que había un acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ejército para que esas tierras se devolvieran al Estado. Se enteraron por las autoras de esta investigación.

La entonces ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, reconoció: "En ese territorio que va a ser devuelto a la brevedad a nuestro ministerio, efectivamente hay ocupaciones. Según la información disponible, 26 familias son ocupantes históricas y beneficiarias de lo que fue la Reforma Agraria".

Palma aseguró a CIPER en agosto pasado que iniciaría "un trabajo en el que solicitaremos la colaboración del Ministerio de Agricultura y de todos los organismos que dependen de ese ministerio, para poder establecer con precisión cuáles son las familias que fueron directamente beneficiarias de la Reforma Agraria o bien son herederos de sus padres asentados, para estudiar la factibilidad de otorgar títulos gratuitos de dominio y así, de alguna manera, reparar la injusticia que ocurrió durante la dictadura con aquellas familias".

La ministra Palma también aseguró que había pedido que en su ministerio se hiciera un estudio que decida la procedencia de declarar Bien Nacional Protegido (BNP) "a la zona de Río Colorado para proteger el patrimonio natural que allí existe. Ello complementaría el terreno de 26.074 hectáreas fiscales ya protegidas como BNP en esa zona".

Los ex asentados y sus hijos llevan décadas intentando obtener de vuelta las tierras de las que fueron despojados.

Hasta ahora, la única reparación que algunos obtuvieron hace un par de años, fue la entrega de los títulos de dominio de las casas que los propios campesinos habían construido durante el asentamiento.

En marzo de 2017, la Agrupación Asentados y Ganaderos de la Hacienda Río Colorado entregó un legajo de documentos al Ministerio de Bienes Nacionales que acreditaban que el fundo había sido expropiado para fines de la Reforma Agraria y que sus padres habían sido los beneficiados.

Un año después, el martes 27 de febrero pasado, fueron recibidos por primera vez por la aún ministra Nivia Palma. A la cita no llegó el antiguo campesino del asentamiento, Emilio Martínez, a quien los militares dejaron fuera de los contratados cuando se apropiaron del fundo y aun así se quedó en Río Colorado. A sus 76 años Martínez falleció en enero de este año sin haber cumplido su más ansiado sueño: recuperar "su tierra". En esa cita, Palma les explicó que mediante un decreto que estaba en su última etapa de tramitación, el Ejército había devuelto los terrenos de Río Colorado a su ministerio.

Pero el Ejército aún no ha hecho la entrega material del fundo, ya que los ex asentados todavía deben pedirle autorización para entrar a ciertos sectores y se topan con vigilantes de la institución recorriendo los terrenos.

En esa reunión, la entonces ministra se comprometió a buscar una solución a lo que ellos consideran una deuda histórica con los ex asentados de Río Colorado.

-No fue un portazo, escuchó nuestra petición y sentimos que va a hacer algo. Es imposible que lo solucione antes del cambio de mando (11 de marzo), pero entendemos que no es un tema de izquierda ni de derecha, sino de derechos humanos y sociales de personas que fueron despojadas de sus tierras y de todo lo que buscaba la Reforma Agraria- aseguró a CIPER, Sudy Ortega, secretaria de la agrupación.

Pero la incertidumbre es grande, porque recién concretado el cambio de gobierno las promesas y buenas intenciones pueden quedar en nada. Y una vez más terminar sin soluciones.

-El sueño siempre ha sido poder recuperar el fundo, que sea de nuevo nuestro. ¿Por qué el Ejército y Bienes Nacionales no nos devuelven las tierras? ¿O las destina a las agrupaciones que hay aquí? ¿Y si el Ejército entrega el fundo a Bienes Nacionales y lo venden? ¿Adónde vamos a quedar los campesinos? Van a llegar los nuevos dueños y vamos a volver a lo mismo o a algo peor. A lo mejor el nuevo dueño dice "no quiero animales". ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? -se pregunta Gerardo Ortega.

Los temores de Gerardo Ortega son los mismos que se anidan en las casas de los campesinos que aún viven y trabajan en Río Colorado. Porque existe la posibilidad latente de que en este nuevo proceso una vez más terminen dejados de lado y sin derecho a las tierras que el mismo Estado una vez les entregó.