Fue el 21 de octubre, dos días después de iniciado el Estallido Social en el Biobío, que el funcionario de Carabineros, Felipe Molina Veloso, golpeó brutalmente a un joven de por entonces 17 años de edad, a quien dejó con lesiones graves en Tomé.

Por el delito de apremios ilegítimos fue condenado a dos años de presidio menor en su grado medio y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas, Felipe Molina Veloso, carabinero que durante el Estallido golpeo con su bastón retráctil a un joven hasta el punto de volarle piezas dentales, al interior de una patrulla perteneciente a la 1era Comisaría de Tomé. 

Sobre el fallo, Carolina Chang, directora del INDH en el Biobío, querellante en esta causa, comentó a Resumen que, «si bien estamos conformes con el delito que fue condenado por el tribunal, no así con la pena. Estamos en estudio si vamos a recurrir al tribunal superior, toda vez que consideramos que la penalidad es bastante baja considerando las lesiones graves que sufrió el menor de edad». 

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Pese a lo bajo de la condena, según expresó Chang, para el INDH constituiría un logro el proceso judicial contra el funcionario de Carabineros, debido a la bajisima cantidad de casos que logran ser procesados por el Ministerio Público. Son 295 querellas que el organismo de Derechos Humanos mantiene en el Biobío, de las que 22 ya estarían archivadas. 

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En esta línea, la directora del INDH en la región, detalló a Resumen que, «en relación a las investigaciones que han llegado, tenemos un número bastante bajo. Solo el 5% de las querellas representadas por el INDH han sido formalizadas y de ese 5% llevamos recién tres condenas, una absolución y una salida alternativa, lo que es bastante bajo, toda vez que son delitos graves, son violaciones a los DDHH».

Cabe recordar que a nivel nacional, el INDH presentó más de tres mil querellas, de las que, solo el 9% han sido formalizadas. Por otra parte, de las más de 3 mil víctimas relacionadas con estas acciones judiciales, se le ha tomado declaraciones a apenas un 38%, según declaran representantes del organismo.

Sobre esta materia, Carolina Chang enfatizó en que, «se deben fortalecer las capacidades investigativas del Ministerio Público, a efecto de que estas actuaciones tengan mayor rapidez y que podamos llegar a buen puerto con muchas más de las querellas presentadas».