Un informe que reúne 14 casos de conflictos protagonizados en Latinoamérica por proyectos encabezados por China fue presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en Ginebra. Entre estos, se encuentra el de la Central Rucalhue, la cual pretende instalarse en el río Biobío y actualmente se encuentra en un proceso judicial contra la Corporación Nacional Forestal.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana, diversas organizaciones latinoamericanas presentaron un contundente informe en Ginebra (Suiza), en el marco de la revisión que se debe realizar sobre China por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, instancia en la que se dieron a conocer diversas vulneraciones protagonizadas por empresas y proyectos encabezados por el gigante asiático.

El documento de 44 páginas, «China: Derechos Humanos y actividades empresariales en América Latina. Las obligaciones extraterritoriales en derechos humanos de la República Popular de China con relación a actividades empresariales en América Latina», fue presentado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), entregando antecedentes para que sean considerados por el Comité DESC de Naciones Unidas en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

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Acorde a lo que plantea el informe, este viene a «brindar insumos al CDESC desde la sociedad civil sobre el incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales del Gobierno de China en el marco de la operación de empresas y bancos bajo su jurisdicción en América Latina».

En este contexto es que el cuestionado proyecto hidroeléctrico de Central Rucalhue, encabezado por la empresa Rucalhue Energía SpA -manejada por China International Water and Electric-, fue incluido como uno de los 14 casos presentados ante el CDESC, siendo uno de los cuatro de carácter hidroeléctrico.

Protesta contra la Central Rucalhue | 7.08.2022 | Fotografía: Nacho Pino

Así, el caso de la Central Rucalhue -proyecto actualmente paralizado- reúne patrones de abusos de derechos humanos y daños ambientales, acorde a lo señalado por el informe. Entre estos, se plantean los impactos ambientales que arrastraría el proyecto hidroeléctrico, la falta de cumplimiento de los procesos de consulta -considerando el Acuerdo de Solución Amistosa que existe entre comunidades mapuche pewenche y el Estado chileno-, y vulneraciones protagonizadas por personal de la empresa frente a movilizaciones y actividades de opositores al proyecto.

Al cierre del informe, se suman una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Estado chino, sus empresas e instituciones financieras, las cuales se suman a los antecedentes que manejará el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entidad encargada de velar para que los Estados parte cumplan con las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Actualmente, el proyecto Central Rucalhue se encuentra en tramitación de un recurso judicial presentado contra la Corporación Nacional Forestal, con la cual buscan que la iniciativa hidroeléctrica sea declarada como interés nacional, lo que le permitiría avanzar en sus faenas mediante la tala de especies nativas vulnerables.

La presentación del informe se realizó en una actividad pública transmitida por redes sociales desde Ginebra, en la cual también participó Paula Riffo, integrante de la organización Semillas del Lirken y pobladora de Rucalhue. La transmisión puedes verla a continuación: