La consulta ciudadana del pasado domingo 15 dejó en claro la voluntad de la población chilena de cambiar la actual constitución. Los anhelos expresados en miles de pancartas y letreros a lo largo del país durante estos dos meses de manifestaciones sociales se ven ratificados por los categóricos resultados de la votación realizada por la mayor parte de los municipios. La masiva participación y el resultado de la consulta misma no dejan lugar a dudas de que en el plebiscito que debe llevarse a cabo en abril próximo se impondrá la opción de elaborar una Nueva Constitución.

Convengamos que tanto el hecho de que los municipios estén planteando estas consultas a la ciudadanía, y que las opciones que se están formulando son acerca de una nueva constitución, de plebiscito de abril, de convenciones constituyentes, de elección de delegados, de plebiscito de salida, son producto y consecuencia de la gran movilización social iniciada el 18 de octubre, hace exactamente dos meses atrás. Si no hubiese habido tal movilización, probablemente nada de esto hubiese ocurrido y no estaríamos abordando estos asuntos en tiempo presente. La democracia se logra en la calle, esa es una verdad irrefutable.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para conseguir que este proceso constituyente tenga una dimensión realmente democrática y participativa. Hay que estar alertas y atentos para no dejarse engatusar ni escamotear por gobernantes y parlamentarios dispuestos a desplazar al pueblo de los caminos de futuro de este país. En otras palabras, es la propia movilización social actual la que tiene que lograr más participación, más democracia, más justicia, más igualdad.

El proyecto específico de reforma constitucional que se requiere para dar curso legal al plebiscito y a las consecuencias de éste, sigue siendo objeto de trampas, negaciones y restricciones por la mayor parte de la clase política entronada en el parlamento. La paridad de género en la elección de delegados constituyentes, la participación efectiva de la ciudadanía movilizada, la participación equivalente de los pueblos originarios, la participación de chilenos en el exterior, la participación de las y los jóvenes hasta 14 años de edad en los procesos electivos, el carácter soberano de la constituyente, son las cuestiones más relevantes que la facción gobernante y la desautorizada y conservadora clase política se niegan a aceptar, y no se resignan a dar paso a una efectiva participación democrática de la población chilena. El poder le tiene demasiado temor a la democracia popular, a la ciudadanía, a la voluntad del pueblo. Le temen, y por lo mismo tratan de cercenar sus posibilidades de expresión política. Ese temor de los poderosos, con toda certeza ha aumentado luego de los abrumadores resultados de la consulta del domingo reciente, en especial por la masiva participación de jóvenes en esa jornada. Pero no sólo eso; la población demostró estar enterada e informada de las cuestiones esenciales que están en juego y sabe que la base para lograr las transformaciones necesarias en el país, comienza por una nueva constitución. Se derrumbó la falacia de que al pueblo no le interesaban la política (de verdad) y que solo se preocupaba de "disminuir la delincuencia", como predican con especial ahínco desde las cúpulas gobernantes y sus adeptos.

Puestos en la balanza de la participación en igualdad de condiciones, en un escenario de legítima democracia, el pueblo hará sentir su voluntad en abril, en octubre, y todas las veces que sea necesario para convertir en realidad absoluta el "Chile despertó".

Es la movilización social y la presión de las manifestaciones de los diversos sectores movilizados la que obliga a que ayer la Comisión Constitucional de la Cámara de diputados haya acordado aprobar la representación paritaria de las mujeres en la elección de delegados, haya aprobado una cuota de participación equivalente al 12 % garantizada para los pueblos originarios, y se haya dispuesto a generar mecanismos de participación de los "independientes", como eufemísticamente aluden al pueblo movilizado, el legítimo depositario de la soberanía nacional. Sobre los otros factores en discusión no se pronuncian. Claro está que estos acuerdos de comisión tienen que ser puestos a juicio del conjunto de miembros de la cámara, y luego tiene que ser visto por el senado, y un engorroso rumbo de trámites legales y políticos.

En definitiva, no hay nada claro ni nada resuelto. Lo que pone más en relieve aún la necesidad de seguir movilizados en las calles, seguir presionando para lograr mayor democracia y mejor participación del pueblo en todo este proceso.

Las asambleas locales, los cabildos, las organizaciones sociales de la población, han estado desarrollando desde hace casi dos meses una participación social desde la base misma con miras a construir una democracia participativa. Además de participar en la consulta reciente y en todas aquellas que sean necesarias, ese camino propio ha seguido su curso y seguirá haciéndose. Esas instancias son las que reclaman una representación real en el proceso constituyente propiamente tal. En estas cuestiones la población tiene que lidiar en sus espacios naturales y manifestándose en las calles para hacer entender a los poderosos y gobernantes, que estamos enfrentando un proceso constituyente impuesto por la propia población y no por voluntad del poder; de modo que ya es hora de que los aludidos entiendan que el pueblo reclama Asamblea Constituyente, que no sirve que traten de camuflar este proceso con el lenguaje hipócrita que acostumbran utilizar para engañar a la población, en este caso la tramposa palabra "Convención" y el tramposo criterio que pretenden imponer para la elección de delegados.

No sólo hay que mantener la movilización en pos de demandas democráticas, participativas y de igualdad de derechos políticos que supone (o debiera suponer) un proceso constituyente. También es necesario mantener la lucha por obtener una respuesta y solución efectiva a las legítimas demandas que los diversos sectores sociales movilizados han estado exigiendo en las calles. El pueblo afectado por 40 años de imposición de un modelo abusivo y depredador, y por más de 30 años de atropellos e hipocresía, no tiene porqué esperar a que todo este proceso constituyente se realice y culmine para reclamar soluciones a sus necesidades. Esas deben ser resueltas aquí y ahora por los gobernantes; el gobierno debiese entender que las propuestas de su llamada "agenda social" son una burla, es no tomar en serio las realidades de la población, es seguir con la lógica del engaño y la mentira confiando en que pueden manipular a la población a su antojo, como han hecho desde hace décadas. El gobierno de Piñera ha gastado más dinero y está dispuesto a seguir gastando más en recursos represivos y en medidas destinadas a aplastar a la población movilizada, que los que considera destinar en su absurda "agenda social". El gobierno sigue empeñado en una patética lógica de guerra y reiterando el ridículo argumento de poderosos enemigos imaginarios, venidos del exterior -por añadidura, por vieja costumbre dictatorial- o que desde el extranjero pretenden desestabilizar al inmaculado régimen chileno. Esto no lo hacen por estupidez, sino por la idea de que pueden manipular a la población y convencerla de lo que les plazca; es la réplica de métodos que a los referentes imperiales de estos gobernantes han utilizado para hacer guerras, instalar gobiernos, destruir estados.

Alguien tendría que avisarles a estos poderosos que la población ya no soltará ni las calles ni el camino hacia un Chile más democrático. Abril es el siguiente paso.

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