[resumen.cl] Un informe de la Contraloría General de la República determinó severas deficiencias y negligencias en los procedimientos realizados por Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) durante 5 años, determinando una escasa o nula fiscalización a centros de cultivo de la industria salmonera, incluyendo a aquellos que se encontraban en categoría de mala condición ambiental. Se reporta también, poca aplicación de la caducidad de las concesiones acuícolas que no se ajustan a la normativa. Además, se denuncian incumplimientos en la realización de estudios e informes para evaluar y proteger a especies amenazadas. 

Según señala un reportaje de Pulso, un informe de la Contraloría General de la República determinó una serie de irregularidades en el laborar de la Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) y el cumplimiento de sus funciones, según la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus reglamentos sobre la actividad acuícola, en las regiones X, XI y XII, entre los años 2011 y 2015.

De acuerdo al documento, durante este periodo evaluado, la SUBPESCA no habría implementado los controles en línea en centros de cultivo de la industria salmonera, de los indicadores tales como: salinidad, temperatura, conductividad, corrientes, densidad, fluorescencia y turbidez del agua, ni ha dictado el reglamento específico sobre la materia. También se reporta que habiendo pasado ya 6 años desde la publicación de la ley, SUBPESCA presenta una ausencia del reglamento del tratamiento y la disposición de los desechos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos de la actividad acuícola. Tampoco se generó un reporte cada dos años sobre el estado ambiental de la acuicultura, no existiría tampoco un catastro actualizado de las resoluciones de calificación ambiental de los proyectos acuícolas, tampoco acerca de sus modificaciones.

El informe reporta que en este periodo, SUBPESCA entregó permisos ambientales a la empresa Glaciares del Pacífico, propietaria del centro N°100649, al mismo tiempo que disponía de la Información Ambiental (INFA) que indicaba que el centro de cultivo estaba operando fuera del área otorgada. El informe señala que las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y Magallanes y la Antártica Chilena, concentraron el 95% de la producción acuícola nacional. Se destaca además que los proyectos acuícolas representan el 20% del total de proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

El informe también señala que: "durante el periodo comprendido entre los años 2013 a 2015, el 8% de las Informaciones Ambientales presentadas en la X Región, 32% de las presentadas en la XI Región y 53% de las correspondientes a la XII región, fueron declaradas en condiciones anaeróbicas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, lo que da cuenta que en los casos señalados la capacidad de carga de los cuerpos de agua afectos a actividades acuícolas se estaría viendo superada".

Un plazo de 60 días tiene SUBPESCA para informar al organismo los avances y medidas que tomaría ante estas prolongadas actividades.

Cultivos de salmones en canal Puyuguapi, Región de Aysén. Fuente: hsph.harvard.edu

SUBPESCA e industria salmonera debaten sobre crecimiento del sector acuícola

Según indica Diario Financiero, en una reunión en el Ministerio de Economía, donde participaron representantes del Gobierno a través de SUBPESCA y de la Industria Salmonera a través de Jorge Fernández de Camanchaca y Felipe Sandoval de Salmón Chile, las entidades habrían negociado el tope de crecimiento de la actividad, en torno a un 3% en el caso de que se cumplan determinados estándares ambientales y sanitarios. Jorge Fernández, gerente de Salmones Camanchaca, declaró que «cuando las condiciones sean estables y las tecnologías hayan resuelto los problemas actuales, es lógico que tengamos alternativa de crecer un poco más». Por su parte el Subsecretario Raúl Sunico declaró que «no porque haya un buen precio internacional se debe aumentar la siembra de forma irresponsable (…) Nosotros creemos que crecimientos abruptos de la producción ponen en riesgo la condición sanitaria del país y por lo tanto, en eso nosotros no tenemos espacio de discusión».

Escaso control estatal en la actividad industrial extractiva en el mar chileno.

Anteriormente se ha denunciado una prolongada corrupción en el control estatal y privado de otro importante rubro asociado a la industria salmonera: la pesca pelágica y los niveles autorizados de explotación, que mantienen en colapso a especies clave en el mar chileno, para la reducción a harina de pescado como alimento de la industria salmonera o la agroindustria. En el caso de la incautación de septiembre de 2015, las deficientes características con las que se realiza la fiscalización pesquera en la Región del Bio-Bio pudieron haber permitido que la empresa recurriera a la corte para invalidar todo el proceso de incautación y las denuncias contra las empresas que continúan lucrando con la explotación pesquera, tanto legal como ilegal.

El enorme volumen de especies silvestres que requiere la industria salmonera de la actividad pesquera industrial y semi-industrial en la región del Bio-Bio ya generaba una fuerte presión sobre las poblaciones de peces y sobre los territorios que soportan cultivos agroindustriales en la zona centro-sur, los que terminan alimentando a estos peces cultivados en vez de las personas que habitan los territorios. En la región del Bio-Bio, esta presión ha generado una crisis en la economía de la pesca artesanal, cuyas especies que abastecían a miles de familias ahora se encuentran en colapso luego de décadas de depredación pesquera industrial y semi-industrial.

Durante este año 2016, empresas de acuicultura industrial y salmonicultura han buscado posicionarse a gran escala en la costa de la región del Bio-Bio. Un total de 83 solicitudes para cultivo de salmónidos y 21 solicitudes para cultivo de mitílidos (choritos) registra la Subsecretaría de Pesca, mientras que 11 proyectos en la costa de 'uble ya fueron ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental. La acuicultura industrial, especialmente la industria salmonera y su modelo exportador, han sido denunciados por su alta demanda de recursos alimenticios, así como por explotación laboral, trastornos sociales e impactos ambientales en los territorios donde se se han desarrollado anteriormente.