La auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Corporación Municipal Gabriel González Videla (GGV) de La Serena reveló una multimillonaria deuda en el pago de las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y trabajadoras, cheques rechazados por falta de fondos, entre otros. Las irregularidades ya son manejadas por la Fiscalía local de dicha comuna.
Por Juan Contreras Jara
Un reciente informe de Contraloría tiene a la Corporación Municipal GGV de La Serena en la palestra, debido a serias irregularidades administrativas, entre las que destaca una deuda de $13 mil millones en cotizaciones previsionales adeudadas a las y los trabajadores de todas las reparticiones municipales.
Sumado a esto y según informó Radio Biobío, existiría una deuda de mas de 9 millones de pesos asociados a cheques protestados y sobre giros, porque resultaron estar sin fondos.
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La auditoría efectuada a la corporación de La Serena, comandada por el radical Roberto Jacob, además detectó un desembolso de mas de 200 millones de pesos en pagos de cotizaciones a sus trabajadores y trabajadoras adeudadas entre 2014 y 2020. Lo anterior repercutió, por ejemplo, en la posibilidad de que las y los trabajadores de la institución realizaran el retiro de sus 10%.
El millonario monto debió cancelarse por conceptos de intereses, recargos y multas por el atraso de dichos pagos y al igual como ocurrió con los cheques protestados, fueron recursos públicos municipales los que debieron ir en auxilio del municipio y su falta de probidad.
A esto hay que sumarle los traspasos de fondos entre distintas reparticiones municipales, por ejemplo, desde la cuenta corriente de Salud a las cuentas de Programa de Integración Integral (PIE), Vía Transferencia de Fondos Junji (VTF) y Subvención Escolar Preferencial (SEP), correspondientes a Educación, por montos que superarían los $2.000 millones.
Tras el informe de Contraloría, fueron notificados del desastre municipal en La Serena, el Ministerio Público, el Concejo de Defensa del Estado, a demás de la Superintendencia de Educación, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Secretaría Regional Ministerial de Salud y al Servicio de Salud en la Región de Coquimbo. Lo anterior, ante cualquier eventual toma de acciones legales por alguna de estas reparticiones.