Investigaciones abiertas de oficio por la Fiscalía, una querella declarada admisible, presentaciones a Contraloría y nuevas investigaciones periodísticas tienen complicado al Gobierno Regional. La situación de descontrol y poca fiscalización sobre las finanzas por parte de los consejeros regionales abre otra arista que puede explicar el porqué se despilfarran de esa manera los recursos públicos.

Es en este contexto que el consejero regional del Biobío, Piero Blas, habría sido advertido de posibles querellas en su contra y además contra la prensa por las declaraciones que emitieran los consejeros en el marco del "Caso Convenios" al interior del Gobierno Regional del Biobío, conducido por Rodrigo Díaz Wörner:

"Al momento en el que solicito más antecedentes de otras organizaciones de las que me habían llegado comentarios de que podían tener problemas, como el programa que se estaba realizando en Barrio Norte, de invitar a Procultura, y preguntar por el antes y después sorbe qué va a ocurrir en el Gobierno Regional como medidas sancionatorias, administrativas o disciplinarias a los casos cuestionados, la respuesta fue que tuviésemos cuidado con nuestras declaraciones en medios de comunicación porque ellos empezarían a querellarse contra nosotros y la prensa."

Blas agrega que a estas dificultades que se les agrega a su labor fiscalizadora, se suma que los consejeros regionales no tienen acceso a toda la información contenida en la plataforma SAGIR.

"Nosotros en este momento tenemos las cuentas de SAGIR, a quienes tenemos la cuenta creada, con un acceso limitado a la información. Por ejemplo, al momento de revisar los códigos de los programas, solo podemos ver cierta cantidad de información cuando los programas están terminados. Si se encuentras ejecutándose, podemos ver , por ejemplo una carta de respaldo, el objetivo o la idea del programa, el monto que solicitaron en recursos, pero no podemos ver ni las rendiciones económicas, ni los contratos, ni las empresas con las que están trabajando. Prácticamente todo lo que se encuentra cuestionado en este momento."

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El consejero explica que a consecuencia de esta realidad, la respuesta fiscalizadora siempre es tardía: "En primer lugar, las exposiciones trimestrales que nos hace el ejecutivo de los montos bajo 7 mil UTM, donde entran los programas que se entregan de manera trimestral, entonces aparece el código con el monto cuando ya han pasado una cantidad de meses de que ya se consumó el acto y se estableció el acuerdo [...]. Tampoco podemos ver ni hacerle seguimiento a los programas, hasta que ya se terminaron de ejecutar. Y aún así tenemos menos acceso a la información, entonces la respuesta del consejo siempre va a ser tardía porque se exponen los antecedentes después que se estableció el acuerdo y las limitancias de la plataforma nos impide ver que se utilicen adecuadamente durante el proceso en el cual alguna organización se haya adjudicado los recursos."

La situación es en extremo delicada por la cantidad de casos y los montos involucrados.

Por estas razones, Blas sostiene que deben cumplirse al menos 5 puntos para revertir la situación:

liberar el acceso total a la plataforma Sagir; Establecer sesión extraordinaria para ver el tema; las contrapartes técnicas y económicas de los programas deben explicarnos el detalle; Volver las comisiones públicas y; Suspender la actividad de los programas que están siendo investigados en Fiscalia así mismo como el gasto de recursos.

No es el único al interior del CORE que ha emplazado al Gobierno Regional conducido por Rodrigo Díaz.

Los consejeros regionales Camila Arriagada y Javier Sandoval también han solicitado 13 medidas para avanzar en la solución de la dificil situación vivida al interior del GORE. Entre ellas setán incluidas las propuestas de Blas, y además, la solicitud de devolución de dineros de proyectos no ejecutados, la renuncia a la presidencia de la Corporación Desarrolla Biobío por parte del Gobernador Díaz, entre otros.

En cuanto a las acciones legales, existe una querella presentada por el diputado Romero y que fue declarada admisible el día jueves pasado, que hace una recolpilación de los cuestionamientos hacia los traspasos del GORE a fundaciones y corporaciones en un marco de presuntos conflictos de interés.

Al caso de ONG Red Cultivarte, en que el Gobierno Regional del Biobío traspasó fondos millonarios pese a que la dirige la exfuncionaria del Gore y cuñada del Alcalde de Coronel, Elizabeth Villanueva, se agrega los miles de millones transferidos a la Corporación Desarrolla Biobío, presidida por el propio Díaz y donde trabaja el esposo de Villanueva y hermano del Alcalde de Coronel, Carlos Chamorro.

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También suma a la presentación la aprobación del financiamiento de $82,5 millones de pesos a la Asociación Gremial de Turismo PROTUR A.G., para los fines de una actividad cultural que fue encargada por el propio Gobierno Regional, en donde Paola Núñez, quien fue parte de la campaña a la Gobernación Regional del Biobío del ahora electo Sr. Díaz y exdirectora del Sernatur durante el periodo en que el Sr. Díaz fue Intendente de la Región del Biobío, también era parte del Directorio de la Asociaciónacargo de la cuestionada actividad cultural en comento, la que terminó siendo suspendida tras hacerse público el escándalo.

La querella denuncia otro caso no hecho público: la empresa GIRO, a cargo de las comunicaciones de Desarrolla Biobio, corporación que preside Rodrigo Díaz Wörner, tiene entre sus trabajadoras a la hermana de Díaz, la periodista Daniella Diaz Wörner.

Agrega que la Fundación Antonia, presidida María Consuelo Hermosilla, es tía directa de la recién asumida encargada de la Unidad de Género del GORE Biobío, Camila Hermosilla y la Fundación también habría recibido recursos del GORE.

Hermosilla está casada con Simón Acuña, quien es su superior jerárquico en el GORE y el vínculo no habría sido informado.

Por otra parte, Acuña, como señaló este medio trabajó en Infocap, institución privada que recibió en total la suma de $1.307.310.150 desde el Gobierno Regional. Los traspasos comenzaron un mes después de que Simón Acuña, actual jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE dejara su labor como director de INFOCAP en el Biobío.

Asimismo, el libelo menciona el traspaso de fondos del Gobierno Regional del Biobío a Fundación En Ti, que habría sido «arrendada» por la excandidata a la Alcaldía de Concepción del Frente Amplio, Camila Polizzi y otra a Horizonte Ciudadano, fundada por Michelle Bachelet, quien nombró a Díaz como Intendente en su anterior mandato.

La acusación también incluye otra información revelada por este medio, que señala que el GORE transfirió $256 millones a la Corporación Descentralizadas, cofundada por la exfuncionaria y actual directora de CORFO, Roberta Lama Bedwell.

Foto: Farisori