La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deberán cumplir 22 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los delitos de  secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velásquez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones y los delitos de homicidio calificado de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce, perpetrados en el marco de la denominada "Operación Cóndor", entre los años 1974 y 1977.

Por: Darío Núñez

La denominada "Operación Cóndor" fue una acción coordinada de organismos represivos de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, desatada en la década de los 70, época en que campearon las dictaduras militares y regímenes represivos en los países del cono sur de América Latina. La figura específica de coordinación represiva fue impulsada por la dictadura militar chilena, en reunión secreta convocada y efectuada con ese propósito el 25 de noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago. Con ello se dio forma "legal" a una operación que ya se había fraguado en acciones concretas entre los países involucrados, esto es, seguimientos, detenciones, interrogatorios bajo tortura, traslado entre países, desaparición o ejecución de personas contrarias a los regímenes de facto; esta operación estuvo destinada a reprimir y eliminar a los grupos de izquierda y opositores a las dictaduras, en los hechos, decenas de militantes populares fueron detenidos desaparecidos y otras decenas fueron asesinados por el accionar de estos grupos criminales.

En la sentencia (rol 4.545-2019), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Jessica González Troncoso, Loreto Gutiérrez Alvear y Jaime Balmaceda Errázuriz- modificó las condenas del tribunal de primera instancia, dictadas en septiembre de 2018 por el ministro Mario Carroza Espinosa, y aumentó las sanciones penales para los ex agentes involucrados en los delitos cometidos tanto en Chile como en el extranjero y, en otros casos, revocó resoluciones de absolución de algunos agentes para proceder a dictar condena en su contra.

El detalle de estas modificaciones es el siguiente:

Los ex oficiales de Ejército y jerarcas de la DINA Cristoph Georg Willike Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann deberán cumplir una pena de 20 años de presidio como autores de los secuestros calificados de  Jorge Fuentes Alarcón, Julio Valladares Caroca, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez, Luis Muñoz Velasquéz, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones, más una pena de 20 años como autores de los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce. Esto en lugar de los 17 años a que les había condenado Carroza.

El ex oficial de Ejército Juan Hernán Morales Salgado fue condenado a una pena de  20 años de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones, más una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois. Este criminal fue el jefe de la llamada Brigada Lautaro y del sitio de exterminio de prisioneros Cuartel Simón Bolívar de la DINA. En primera instancia había sido condenado a 15 años de presidio.

El ex oficial de Ejército y jerarca de la DINA Pedro Octavio Espinoza Bravo deberá purgar una pena de 20 años de presidio por los secuestros calificados de Julio Valladares Caroca, Manuel Tamayo Martínez, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más una pena de 20 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce. En primera instancia había sido condenado a 15 años de prisión.

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Los ex oficiales de Ejército, agentes operativos de la Brigada Lautaro, Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Miguel René Riveros Valderrama cumplirán pena de 18 años de presidio por los secuestros de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más una pena de 18 años de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce. En lugar de los 15 años que habían recibido de condena en primera instancia.

La ex empleada civil del Ejército Gladys de las Mercedes Calderón Carreño fue sancionada con una pena de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más una pena de 15 años y 1 día de presidio por los homicidios calificados de Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce. Esto en lugar de los 10 años de la condena dictados por Carroza.
Los ex agentes José Alfonso Ojeda Obando y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme cumplirán una pena de 5 años y 1 día de presidio por los secuestros calificados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones; más una pena de 10 años y 1 día de presidio por los homicidios calificados de  Ricardo Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois. En primera instancia habían sido condenados a 7 años de presidio.

El ex oficial de Ejército Miguel Krasnoff Martchenko y el ex oficial de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García cumplirán 15 años y 1 día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. En primera instancia habían sido condenados a 5 años de prisión.

El ex agente Hermon Helec Alfaro Mundaca fue condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. En primera instancia el ministro Carroza le había condenado a la pena de 301 días de presidio.

A la misma pena de 10 años de presidio y por el mismo delito de secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón fueron sentenciados el ex oficial de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez y los ex agentes José Enrique Fuentes Torres, José Abel Aravena Ruiz, Luis René Torres Méndez, María Gabriela "rdenes Montecinos, Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo y Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, quienes habían sido absueltos en el fallo de primera instancia.

Finalmente Jerónimo Neira Méndez y Manuel Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día de presidio por el secuestro calificado de Jorge Fuentes Alarcón. En primera instancia Neira Méndez había sido condenado a 301 días de presidio y Rivas Díaz a 100 días de presidio por el ministro Carroza.

Otros cinco criminales (los ex jerarcas DINA Carlos José Leonardo López Tapia, Ciro Ernesto Torré Sáez, y los ex agentes Orlando Manzo Durán, Juan Ángel Urbina Cáceres y Héctor Raúl Valdebenito Araya) condenados en el fallo de primera instancia resultaron sobreseídos por muerte dado que fallecieron en el curso del proceso.

Fundamentos

La Corte compartió el criterio de primera instancia respecto de la participación de los condenados en la causa por reunirse antecedentes reales y probados de su participación en los hechos, ya sea como autores inductores o autores directos de los delitos que se le atribuyeron a cada uno.

Para el tribunal de alzada, el análisis de los antecedentes patentizan la apuntada cooperación y coordinación de los servicios de inteligencia, en casos concretos, donde los agentes represores de Chile, en estos casos, coludidos con los de Argentina, Paraguay y Bolivia, no solo concertaron la detención de las víctimas, sino que también crearon las condiciones para encerrarlos y trasladarlos a nuestro país, con el siniestro propósito de confinarlos en recintos clandestinos para interrogarlos, torturarlos y luego proceder a eliminarlos con crueldad extrema.

Los hechos

En la etapa de investigación quedó establecida la secuencia de detenciones y delitos criminales cometidos contra las víctimas.

El día 17 de mayo de 1975, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fuera detenido en la República de Paraguay, en la localidad de Enramada, y luego trasladado a la ciudad de Asunción, donde le mantuvieron prisionero hasta el 23 de septiembre de 1975, cuando es trasladado a Chile en forma clandestina vía aérea por agentes de la DINA. Una vez en el país le conducen a los recintos secretos de encierro y tortura "Cuatro Álamos" y Villa Grimaldi. En este último lugar, es donde Fuentes Alarcón permaneció más tiempo secuestrado y recibió un trato cruel de parte de sus captores, se le interroga bajo tortura y se le mantiene en condiciones inhumanas, hasta probablemente el 17 de enero de 1976, cuando otros prisioneros le ven por última vez, desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

El día 2 de julio de 1976, en la ciudad de La Paz, Bolivia, fue detenido por la Dirección de Orden Político, organismo de seguridad de ese país en esa época, el ciudadano chileno Julio del Tránsito Valladares Caroca, militante del Partido Socialista. En esa condición permaneció detenido hasta el 13 de noviembre de 1976, fecha en que fue entregado a agentes de la DINA, en la localidad fronteriza de Charaña. Le llevaron al centro clandestino de prisioneros «Cuatro Álamos», que se encontraba ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, quedando bajo la custodia de sus agentes, lugar en el cual, de acuerdo a testigos, permaneció encerrado e incomunicado, y donde se le ve con vida por última vez a fines de noviembre de 1976.

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El día 3 de abril de 1976, en la ciudad de Mendoza, Argentina, son detenidos tres ciudadanos chilenos: Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, militantes socialistas, los cuales fueron trasladados de manera clandestina vía terrestre a Chile y entregados a agentes de la DINA, quienes le llevaron al campo clandestino de prisión y tortura Cuartel Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta N° 8.200 en Santiago. En ese lugar fueron encerrados, interrogados y torturados, y se les vio por última vez con vida a fines de abril de 1976, desconociéndose desde entonces su paradero.

Por último, en un episodio ocurrido el año 1977, la dirección orgánica exterior del Partido Comunista había decidido canalizar ayuda financiera externa al Partido en Chile; en razón de ello, le pide a su militante Alexei Vladimir Jaccar Siegler, viajar desde Suiza a Chile, previa escala en Buenos Aires, para encontrarse con otro militante, Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, quien debía viajar desde Rusia. Ambos debían contactarse, además, con el militante Héctor Heraldo Velásquez Mardones, que residía en esa ciudad. Este encuentro no pudo realizarse porque el día 16 de mayo de 1977 los tres son detenidos por la Policía Federal Argentina, para ser entregados a los agentes de la DINA quienes les trasladan a Santiago, donde los encierran en el Cuartel Simón Bolívar, ubicado en la calle del mismo nombre, N° 8.630. Allí son interrogados bajo tortura y en fecha indeterminada desaparecen.

Hasta ahora no ha sido posible encontrar a las víctimas Jaccard Siegler y Velásquez Mardones, pero sí se ha encontrado parte de los restos de su compañero de infortunio, Ricardo Ramírez Herrera, en Chile, en el sector denominado Cuesta Barriga, al igual que los restos pertenecientes al matrimonio formado por Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois, quienes viajaron a Buenos Aires a concretar el despacho del dinero a nuestro país, pero antes fueron detenidos -el 29 de mayo de 1977- en el Aeropuerto de Ezeiza, en momentos en que bajaban del avión provenientes de Chile, perdiéndose desde ese momento todo rastro de ellos, hasta la señalada evidencia cierta de haber sido ambos inhumados ilegalmente en la Cuesta Barriga.

En este episodio del dinero exterior, participan a su vez, militantes del Partido Comunista que se encontraban en Chile, que servían de enlace en esta operación, pero cuando se descubre la artimaña fueron ejecutados por los agentes de la DINA, Hernán Soto Gálvez en fecha indeterminada, entre el día 7 de junio y el 10 de noviembre de 1977, y Ruiter Enrique Correa Arce, el día 28 de mayo de ese mismo año.

Reparaciones educativas

En el aspecto civil la Corte acogió dos nuevas medidas reparatorias solicitadas por la cónyuge de Alexei Jaccard Siegler y que marcan un escenario de reparación moral de las víctimas ante la sociedad. Estas medidas son, condenar al Fisco a destinar la suma de $15.000.000 para que, a través del Ministerio de Educación, se adquieran libros sobre la temática de los Derechos Humanos, que deberán entregarse equitativamente a todas las escuelas públicas de la comuna de Chiguayante y se instale en un lugar visible de las bibliotecas de cada una de ellas una placa en que se informe el hecho de existir tales libros y que fueron entregados en memoria de Alexei Jaccard Siegler, víctima de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.

Además el Fisco de Chile deberá entregar $75.000.000 a la Universidad de Concepción para que ésta instituya el premio "Alexei Jaccard Siegler", que se otorgará anualmente a un estudiante regular de esa casa de estudios que desarrolle una investigación acerca de la temática de los Derechos Humanos, en el contexto de sus estudios en la Universidad de Concepción, y que ascenderá al equivalente en pesos a 100 Unidades de Fomento, debiendo la misma Universidad reglamentar las exigencias, requisitos y condiciones del trabajo.