La Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo interpuesto por los querellantes y, en sentencia de reemplazo, condenó a ex oficiales y ex miembros del Ejército por su responsabilidad en el delito de secuestro simple del interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, y por los homicidios calificados del propio Carlos Nicholls Rivera, de Servando Antonio González Maureira, dirigente sindical de la industria Rayón Said, y de Jaime Pablo Millanao Caniuhuán, operario de la planta química de la industria Yarur, quienes fueron detenidos por militares, ingresados al recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA) y, luego ejecutados bajo el puente Lo Valledor, ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla.

Por Darpio Núñez

En fallo unánime (causa rol 53.205-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado (i) Eduardo Gandulfo- condenó al ex oficial de Ejército Joaquín Arnoldo Penroz de la Barra a la pena de 541 días de presidio, como autor del delito de secuestro simple de Nicholls Rivera.

En tanto, el ex oficial Luis Rodrigo Albornoz Acosta deberá purgar 15 años y un día de presidio, como autor de los homicidios calificados de Carlos Nicholls Rivera, Servando González Maureira y Jaime Millanao Caniuhuán.

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En el caso de los soldados conscriptos a la época de los hechos, Sergio Eduardo Padilla Abarca y René Palominos Zúñiga fueron condenados a 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autores de los tres homicidios calificados.

Finalmente, los entonces conscriptos Eugenio Segundo Díaz Parada y Manuel Jesús Zúñiga Jofré recibieron penas de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, como autores de los tres homicidios.
El ex General de Ejército, Luis Víctor José Prüssing Schwartz, condenado a 15 años y un día en el fallo de primera instancia, resultó absuelto por la causal de "enajenación mental".

Ejecuciones

Los trabajadores asesinados habían sido previamente detenidos por efectivos militares y trasladados hasta el recinto de la Feria Internacional de Santiago (FISA) en donde tenían instalada su base las tropas que formaban parte del Regimiento de Infantería de Montaña N° 18 Guardia Vieja, proveniente de Los Andes. Este contingente militar se encontraba bajo el mando del entonces Coronel Luis Prüssing Schwartz.

La víctima Carlos Enrique Mario Nicholls Rivera, de 27 años de edad, casado, ingeniero químico, militante del Partido Comunista y ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas, fue detenido por militares el día 24 de septiembre de 1973, alrededor de las 20:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Alejandro Flores N° 6383, Villa Cerrillos de la comuna de Maipú. Entre los aprehensores se encontraba un oficial del mencionado Regimiento Guardia Vieja, quien señaló que el detenido sería trasladado hasta las dependencias militares instaladas en la FISA. En ese lugar existía un centro de detención de prisioneros políticos.

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Por otra parte, Servando Antonio González Maureira de 27 años de edad, Presidente del Sindicato de obreros de la empresa Rayón Said Industriales Químicos S.A., y simpatizante del Partido Socialista, fue detenido el día 24 de septiembre de 1973, en un allanamiento realizado por los mismos militares que detuvieron a Nicholls Rivera.
Por último, Jaime Pablo Millanao Caniuhuán de 24 años de edad, operario de la Planta Química Yarur y militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido por los mismos efectivos militares el día 23 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en un allanamiento a la planta ubicada en el sector de Cerrillos.

En horas de la noche del día 24 de septiembre de 1973, los tres trabajadores detenidos fueron subidos a un camión militar por los uniformados. Acto seguido se trasladan hasta el Puente 'Lo Valledor', ubicado en calle General Velásquez con Camino a Melipilla, donde les hacen descender y les conducen hasta el paso bajo nivel. El oficial a cargo del operativo de ejecución ordena a sus subalternos dispararles con sus armas de fuego a los detenidos causándoles la muerte inmediata. Los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en el mismo lugar, esperando que otra patrulla de militares los retirara y les llevaran al Servicio Médico Legal.

La mañana del 25 de septiembre familiares de Servando González Maureira, que se encontraban en la búsqueda de su familiar detenido, al pasar por el puente Lo Valledor vieron el cuerpo sin vida de Servando, junto a los otros dos trabajadores asesinados. Los cadáveres estaban con custodia militar esperando el arribo del SML.