Este 6 de abril la Corte Suprema admitió el recurso de amparo presentado por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) en favor de cinco activistas norteamericanos expulsados en marzo por "motivos sanitarios", autorizado por la Intendencia de Santiago.

Por Felipe Oyarzún

A mediados de marzo fueron expulsados cinco ciudadanos norteamericanos que vinieron a conocer el país con motivo de estudiar el proceso político y social que vive Chile desde el 18 de Octubre tras el inicio del Estallido Social; los afectados acusaron que la expulsión obedecía más a motivos políticos que a fines sanitarios. Los afectados pertenecen a una delegación ligada a un grupo de documentalistas que desde el Estallido Social se dedica a registrar y denunciar una serie de hechos de abusos en contra de los derechos humanos ocurridos tras la crisis social chilena.

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El grupo llegó a suelo nacional el 07 de marzo con visa de turista y sin inconvenientes, tenían pasajes de vuelta a su país para el día 20 del mismo mes; llegados a Santiago sacaron el permiso de vacaciones y el pasaporte sanitario. "Cumplían todas las medidas sanitarias, de acuerdo con la resolución 997 del Ministerio de Salud, venían con el examen de 'Covid negativo', incluso algunos venían vacunados", destaca María Izquierdo, abogada del CODEPU; todo siguió sin mayores inconvenientes. Dos días después de llegar a la capital, viajaron a Pucón, con el fin de investigar acerca del conflicto mapuche.

Todo transcurría con normalidad el 11 de marzo, después de un vuelo sin inconvenientes desde el aeropuerto de Temuco a Santiago, hasta que la auxiliar del vuelo les indicó que prepararan sus pasaportes e identificaciones ya que iban a ser fiscalizados por los agentes de inmigración la Policía de Investigaciones (PDI). Después de bajar, los policías los retuvieron desde las 21:00 hasta las 4 A.M. con la justificación de que el grupo había incumplido la cuarentena.

Fueron trasladados hasta las dependencias de la policía en el aeropuerto, donde los cinco estadounidenses aseguran que les arrebataron sus celulares y pasaportes, asimismo, denuncian que fueron investigados a través de sus redes sociales, de haber sido fotografiados e interrogados acerca de sus tendencias políticas. Luego fueron desplazados a la residencia sanitaria Hotel Novapark ubicada en Santiago Centro con el fin de que cumplieran los días de cuarentena que les faltaba, acordaron con la autoridad sanitaria que cumplirían esta medida hasta el domingo 20 de marzo, fecha en que tenían pasajes de vuelta a Estados Unidos. El 13 de marzo, se realizaron nuevamente el PCR cuyos resultados fueron, nuevamente, negativos.

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Sin embargo, al día siguiente fueron notificados que estaban expulsados del país por una resolución procedente y autorizada por la Intendencia Metropolitana de Santiago por no haber guardado la cuarentena de 10 días después de su ingreso. "Cuando alguien es expulsado del país no puede volver al país, se mire donde se mire era una desproporción" asegura Izquierdo.

Los activistas expusieron su caso ante CODEPU, el equipo jurídico de la organización presentó un recurso de amparo el 15 de marzo con el fin de que no se concretara la deportación hasta que finalizara la investigación., al día siguiente la Corte de Apelaciones de Santiago admitió el recurso, dando un plazo de 24 horas para la elaboración de un informe acerca del caso de los 5 norteamericanos.

Pese a esto, nada se concretó, ya que la orden fue denegada por un juez. Además de autorizar una extensión de plazo para la Intendencia. Así el 17 de marzo fueron expulsados, entre burlas de los miembros de la PDI que los escoltaron. "El poder de la administración, o sea el poder del Ejecutivo, no puede ir más allá de las garantías fundamentales ¿en qué sentido? No por una sanción administrativa pueden ellos determinar la expulsión, que es una sanción grave" alude Jocelyn Cortés, parte del equipo jurídico de CODEPU.

Sin embargo, este martes la Corte Suprema admitió el recurso de amparo presentado por el equipo jurídico de CODEPU, consintiendo que "las órdenes de expulsión decretadas por la Intendencia en contra de los amparados constituyen una amenaza para su libertad personal y seguridad individual decretada con infracción a la Constitución y las leyes" y que las medidas eran desproporcionadas.

A pesar de la alegría que ha conllevado la revocación de las resoluciones de la expulsión, Jocelyn Ortega advierte que, actualmente, a través de las medidas sanitarias y administrativas "se está extralimitando el poder ejecutivo, a través de la decisión de la intendencia, y esto está vulnerando los derechos de las personas" y, en muchas ocasiones, con fines políticos.