Una grave denuncia está realizando el sitio de memoria Londres 38, desde donde acusan que la reciente contratación del Servicio Médico Legal de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), quien declaró enajenado mental al criminal de lesa humanidad, José Otárola Sanhueza, condenado por la masacre de Laja y San Rosendo, que implicó el asesinato de 19 trabajadores forestales y campesinos. 

Por JC Contreras

Se trata de José Otárola Sanhueza, quien, luego del peritaje realizado por el estandarte de la UDI en el Biobío, Jacqueline Van Rysselberghe, zafaría de una condena de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los delitos de homicidio calificado de 19 personas, en lo que fue la matanza de Laja y San Rosendo, uno de los crímenes más brutales de la dictadura en el Biobío.

Fue el primero de marzo del presente año que la Corte Suprema ratificó las condenas contra un grupo de ex carabineros, entre ellos, el criminal de lesa humanidad, José Otárola Sanhueza. Sería dicha resolución la que encontraría una piedra de tope para ser cumplida tras el diagnóstico realizado por Van Rysselberghe que declararía imposibilitado mentalmente a Otárola para cumplir su condena. 

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Gloria Elgueta, integrante del sitio de memoria Londres 38, lugar de detención y tortura durante la dictadura en Santiago, declaró a Resumen que, «esto nos parece gravísimo, es una señal muy clara de impunidad. Hay nuevas formas que van apareciendo, para burlar la justicia, la poca justicia que, a estas alturas, después de 50 años, se va a alcanzando».

Desde el sitio de memoria apuntan a que a lo largo de estos 50 años de ocurrida la masacre de Laja y San Rosendo, han debido enfrentar una serie de trabas judiciales que iniciaron con la dictadura militar y que continuaron con los gobiernos post dictadura, dando de una problemática constante en la búsqueda de justicia.

En esta línea, Elgueta comentó que, «hubo obstáculos que tuvieron que ver con la mantención ley de amnistía, luego con la prescripción y después con la media prescripción, además de toda la lentitud de los procesos, mediante las doctrinas que han operado entre los jueces para aplicar distintos criterios. Durante décadas se aplicaron penas irrisorias que finalmente, todos los condenados terminaban cumpliendo sus penas en libertad porque eran tan bajas que podían ser remitidas. Ahora, que se logra justicia, se condena y resulta que uno de los condenados, uno de los más importantes, no van a cumplir la condena que le ha sido aplicada, porque resulta que la psiquiatra perito es ni más ni menos, la persona que ha sido la cabeza visible de la UDI, el partido que fue sostén de la dictadura y afirmó el pinochetismo durante la post dictadura».

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Fue en abril pasado que el Servicio Médico Legal de Concepción contrató de forma directa a Jacqueline Van Rysselberghe como psiquiatra perito. Pese a que la institución anunció que la cabeza de la UDI en el Biobío, no participaría de procedimientos que implicaran a violadores de Derechos Humanos, esto no fue así, y se estaría eximiendo del cumplimiento de su condena a un criminal de lesa humanidad.

Tras la resolución médica efectuada hace algunos días, familiares de los detenidos y ejecutados políticos de Laja y San Rosendo, perseguidos, apresados y asesinados entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, protestarán este jueves en los tribunales de Justicia de Concepción, presionando no solo el cumplimiento de la condena por parte de Otárola Sanhueza, sino que la salida de la pinochetista Jaqueline Van Rysselberghe del SML penquista.