[resumen.cl] Once jóvenes se encuentran procesados por el llamado «Caso UdeC» tras un querella liderada por el constituyente Andrés Cruz en representación de la casa de estudios. Ante una posible facilitación de instalaciones de parte de la U. de Concepción para realizar la Convención, desde la vocería de los jóvenes emplazan a la institución por su rol en la prisión política.

Este viernes familiares y redes de apoyo de las y los presos políticos del Gran Concepción se reunieron a las afueras de la Fiscalía para protestar exigiendo su libertad como también avances concretos en el proyecto de indulto general que se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución del Senado.

Al lugar también llegó José Sepúlveda, trabajador de más de 60 años y ex preso político acusado de incendiar el edificio de la Gobernación Provincial de Concepción en el contexto de las protestas del pasado 12 de noviembre de 2019, quien consiguió su libertad en enero de 2020 tras estar meses al interior de la cárcel El Manzano.

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En la manifestación y en contacto con RESUMEN, Elena, vocera de los once jóvenes imputados por el Caso UdeC, se refirió a la propuesta emanada desde el Consorcio de Universidades del Estado de utilizar las casas de estudio como sedes de la Convención Constitucional indicando que «la UdeC es uno de los principales querellantes de nuestro caso».

Ante esto, expresó la solicitud de que la Universidad de Concepción no sea utilizada para el proceso constituyentes, enfatizando en que la institución «no se quiere sentar con nuestras familias a conversar, no quiere conocer la realidad de nuestros chiquillos».

Respecto a la manifestación, actualizó Radio Kvrruf, las agrupaciones y familiares se apostaron en la rectoría de la casa de estudios, tras lo cual se concretó una reunión con representantes de la institución, la que se encuentra en desarrollo al cierre de esta edición.

Salida de parte de los presos políticos del Caso UdeC desde cárcel El Manzano | Fotografía: Mariana Soledad

Antecedentes del Caso UdeC

Once jóvenes se encuentran procesados desde septiembre de 2020 por daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto del Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020. Tras la solicitud de la casa de estudios, los jóvenes tuvieron que estar en prisión preventiva, la cual fue modificada en diciembre del mismo año.

Sin embargo, el caso y el proceso judicial continúa en curso. A fines de junio de este año, el abogado defensor, Esteban Arévalo, indicó que «se dio por cerrado el periodo de investigación de esta causa», razón por la que el Ministerio Público no puede incorporar más pruebas para los procedimientos siguientes.

Los detalles de la investigación apuntan a una coordinación entre la Universidad de Concepción, funcionarios de Tribunales de Justicia y la Policía de Investigaciones para levantar antecedentes que permitieron procesar a los jóvenes.

Asimismo, la causa se encuentra patrocinada por el abogado, constituyente por el Distrito 20, Andrés Cruz quien indicó que «estas conductas no han quedado y no van a quedar impunes (...). Son sujetos que, más aún, no pertenecen a la casa de estudios y aparece como incomprensible el hecho de que pretendan destruirla con el objeto de poder levantar demandas que, la verdad, tampoco está muy claro sobre qué bases se funda».