Una delegación de siete defensoras socioambientales de Chile expuso ante el 12° Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos las vulneraciones que se viven en conflictos socioambientales y los atropellos que ha protagonizado el empresariado nacional y transnacional, bajo una mirada pasiva del Estado.

Por J. Arroyo Olea

A fines de noviembre se llevó a cabo el 12° Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, instancia que reúne a una diversidad de organizaciones, instituciones y empresas, buscando la «prevención de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos derivadas de las actividades empresariales», señala una comunicación de la propia organización.

En esta versión, una delegación chilena fue invitada y participó del Foro a partir de las experiencias que han desarrollado en diversos casos de conflicto socioambiental. Así las cosas, la delegación estuvo compuesta por la lonco Clementina Lepio Melipichun, Fernanda Purran, Olaya Salazar, Vilma Mellado, Paz Quevedo, Isabel Gatica y Bárbara Astudillo.

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Fotografía enviada a Resumen.cl

La delegación utilizó el espacio para visibilizar lo que denominan como «permanentes violaciones a los Derechos Humanos que realizan las empresas», siendo estas nacionales y transnacionales de una amplia gama de sectores económicos-extractivos, arrastrando procesos de conflictividad socioambiental de larga data.

Así las cosas, también se emplazó al Estado chileno por el no cumplimiento de mandatos de Naciones Unidas referidos al respeto y salvaguarda de derechos fundamentales consagrados en la Carta Internacional de los DD.HH.

En este sentido, en su exposición ante Naciones Unidas la lonco Clementina Lepio Melipichun fue enfática en señalar la importancia de buscar herramientas para una reparación integral.

De igual forma, la delegación fue enfática en señalar el rol de la articulación entre territorios como un elemento central de los procesos de conflicto, en los cuales el Estado chileno «ha demostrado que no está a la altura de estos tratados», señalaron. Asimismo, apuntan a que «las comunidades viven a diario las vulneraciones, mientras gobiernos y empresas han dejado de lado los principios rectores de Naciones Unidas, demostrando una falta de voluntad de priorización política».