La Defensoría de la Niñez expuso un contundente análisis sobre esta forma de vulneración de derechos, así como de los factores detrás de estos, visibilizado también su comportamiento en entornos digitales. Los datos muestran un recrudecimiento de la situación en el país y la recurrencia del delito en víctimas bajo cuidado del Estado.

Por Andrea Borquez 

El Defensor de la Niñez Anuar Quesille presentó su Nota Técnica N°5 "Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años", un documento elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en el que a partir de un profundo análisis de datos otorgados por el Ministerio Público y diversos servicios públicos, expuso un grave panorama sobre este tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia, así como de los factores detrás de éste.

Los principales hallazgos del informe fueron presentados hoy a representantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Servicio Nacional de Protección Especializada y Subsecretaría de la Niñez.

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Esta Nota Técnica del Observatorio de Derechos comienza describiendo el panorama general en el país, informando que entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por el Ministerio Público, y que, entre los dos años, la tasa aumentó un 29%. De esas más de dos mil víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años.

"Lamentablemente, durante los últimos años se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia hacia la niñez y adolescencia en una serie de ámbitos a nivel institucional, familiar y social. En ese contexto, diversos indicadores demuestran un aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, considerada una de las más graves formas de violencia sexual, equiparable a la esclavitud y al trabajo forzoso", explicó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sobre las razones que llevan a la institución a profundizar en el análisis de este delito, que también fue abordado por el Informe Anual 2023 de la institución, a través de una de sus notas temáticas.

Por otra parte, según este análisis las regiones con las tasas más altas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) que el promedio nacional son Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, 'uble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. De particular gravedad es la situación de la región de Magallanes, la cual registra un total de 294 víctimas por cada 100.000 personas.

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Otro aspecto que releva la Nota Técnica advierte que esta grave vulneración de derechos se da recurrentemente en niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado: en 2023, los centros residenciales del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ingresaron un total de 441 circulares por presuntos delitos de explotación sexual que implicaban un total de 296 niñas, niños y adolescentes. El 32,5% de las residencias ingresó al menos una circular por este motivo durante el año.

En relación con la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos no digitales (obtención y facilitación), entre 2022 y 2023 fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por obtención de servicios sexuales o por promoción o facilitación de esta un total de 1.024 niñas, niños y adolescentes. Las regiones con las tasas más altas del país son Magallanes con 242 casos por cada 100.000 personas, seguido de Arica y Parinacota con 54,2, Los Ríos con 47,4, Los Lagos con 46,9 y Valparaíso con 46,5. Además, un 90% de las víctimas son niñas o adolescentes mujeres y el 81% tiene entre 14 a 17 años.

Por otra parte, esta Nota Técnica visibiliza también la explotación sexual que se desarrolla en entornos digitales. "El avance y desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones han develado una serie de riesgos asociados al uso de plataformas digitales, y han propiciado una negativa incidencia en la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, en específico respecto de abusos y explotación sexual digital, viéndose mayormente afectadas niñas y adolescentes mujeres", dice el Defensor de la Niñez.

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De esta forma, se estima que entre 2022 y 2023, un total de 1.167 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual a través de entornos digitales. La región de 'uble es la que tiene mayor tasa de acuerdo con su población, con 60 víctimas por cada 100.000 personas de 0 a 17 años, seguido por la región de O'Higgins con 58,8. Y al profundizar en los datos que caracterizan a las víctimas encontramos diferencias importantes en la edad, con respecto a las manifestaciones de ESNNA no digital, ya que, en este caso, el 51% de las víctimas tiene entre 0 a 13 años, lo cual es significativamente mayor al 20% de ESNNA no digital. Otro dato revelador en esta forma de ESNNA, es que apenas el 4% de estas causas de 2022 tienen sentencia condenatoria en 2023.

"El trabajo de nuestro Observatorio de Derechos no sólo nos permite caracterizar a las víctimas de este grave delito, sino que además nos presenta un análisis que permite afirmar que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de diversos factores: tanto socioculturales como de género, además de fallas y descoordinaciones en los sistemas públicos; violencia y adversidad temprana a la niñez y adolescencia y espacios que se han hecho especialmente de riesgo, como son los centros residenciales y los asociados al entorno digital", indicó el Defensor Anuar Quesille sobre los principales hallazgos de esta Nota Técnica.

Finalmente la Nota "Explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años", entrega una serie de recomendaciones al Estado para abordar la problemática con la urgencia que requiere un delito tan grave como es la ESNNA, desglosando dichas recomendaciones en las áreas de promoción de derechos (como capacitación y especialización para profesionales del sistema de protección, por ejemplo), prevención (política pública nacional de prevención, mecanismos para detección preventiva, entre otras), protección e investigación (circuito intersectorial especializado, fortalecer la calidad en la reparación, entre otras), y gobernanza (consolidar un marco intersectorial, fomentar una agenda de investigación criminológica). Asimismo, la nota entrega también una serie de recomendaciones para el sector privado, las que pueden tener un rol fundamental en la prevención y detección a tiempo de esta vulneración, tanto para la industria tecnológica, proveedores de servicios digitales, como del sector financiero, comercial y turístico.