[resumen.cl] La semana pasada se publicó la más reciente versión del Informe País "Estado del Medio Ambiente en Chile", elaborado por el Centro de Análisis en Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, con la colaboración de la Cepal, la Utem e investigadores de distintas casas de estudio. Este informe constata que Chile enfrenta una crisis ambiental extrema debido a la degradación progresiva de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la disminución de la disponibilidad y calidad de agua, el retroceso de los suelos agrícolas productivos, el colapso de zonas pesqueras y la contaminación ambiental.

El profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP), y representante del equipo de trabajo de este estudio, Nicolo Gligo, indicó a Radio Universidad de Chile que: "En ningún recurso hemos mejorado con respecto a tres años atrás, al contrario, hemos disminuido en todos, siendo el caso del suelo uno de los más significativos, ya que solo el 9% de los suelos del país no posee algún grado de erosión, y la erosión severa y muy severa alcanza al 24%" .

Con respecto a la disponibilidad de agua dulce, el informe advierte una clara tendencia a la disminución y su calidad. A este respecto, el Profesor Gligo detalló a La Tercera que: "las principales ciudades del país tienen altos indicadores contaminación. Se maneja mal el agua que poseemos, en especial en esta época de megasequía y contaminamos lagos y ríos. Perdemos al año 20.000 ha de bosque nativo y degradamos otras 40.000. Además, 65% de las especies clasificadas se encuentran en peligro crítico, en peligro y vulnerables».

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En este contexto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción, se refiere a la Megasequía actual como el evento más largo del que se tenga registro, puesto que "abarca un área amplia, con efectos perjudiciales sobre la disponibilidad de agua, la vegetación y los incendios forestales, que se han convertido en impactos sociales y económicos ".

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En relación a los ecosistemas marinos y borde costero, el informe destaca que "de las 27 pesquerías principales, 8 se encuentran colapsadas y 10 sobreexplotadas. Por otra parte, "la disminución de los humedales continentales se estima entre un 69 y un 75 por ciento, mientras que los humedales costeros se habrían reducido alrededor de un 62 por ciento".

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Con respecto a la biodiversidad, "las especies oficialmente amenazadas en el país ascienden a 766, es decir que el 65% de las especies clasificadas se encuentran En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables. Entre las plantas clasificadas, el 72% han sido categorizadas como amenazadas, mientras que un 60% y un 20% de las especies de animales y hongos, respectivamente, están dentro de esta categoría. La categoría de conservación más amenazada es la de los moluscos (100%), seguida por los árboles (93%), los peces de aguas continentales (83%), los arbustos (78%) y los anfibios (71%)".

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Para el académico de la Usach, Raúl Cordero, el panorama es desalentador: "Todos los índices medioambientales continuarán empeorando, al menos hasta mediados de siglo, hagamos lo que hagamos, porque existe el cambio climático comprometido, que provoca que la temperatura global suba al menos medio grado más. Esto se debe a las emisiones de gases de efecto invernadero que ya hemos emitido".

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Por su parte, Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable, señala que "se visualiza una perpetuación de la destrucción ambiental por presión de los sectores productivos y extractivos. La crisis hídrica por sequía y sobreexplotación se agravará y la minería insiste en seguir expandiendo sus actividades en áreas de glaciares, destruyendo esas reservas hídricas estratégicas", consignó La Tercera.

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Larraín concluyó que actualmente "el desafío es la distribución equitativa de los bienes ambientales del país. Todos los chilenos deben tener acceso a los bienes públicos, especialmente al agua, que constituye un derecho humano esencial y el derecho a vivir en un medio ambiente sano; además de acceso a los bienes naturales que aseguren su subsistencia".

Alicia Bárcena, Bióloga y Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se refirió sobre el informe: "es tan dramático como lo que vivimos en el contexto social de Chile. Pero el medio ambiente no puede expresar su enojo como lo hace la sociedad. Es aquí donde recibimos una prueba de que el modelo económico en el que vivimos, asociado a la concentración de la riqueza y deterioro ambiental, no es sostenible"

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Mientras que el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, hizo hincapié en que "El medio ambiente es la mejor expresión de algo que nos pertenece a todos y los problemas que se generan cuando éste deja de pertenecer a todos. En este sentido, la Universidad -como institución independiente del poder económico- debe contribuir desde distintas disciplinas, a través de la formación y la investigación, al cuidado de este bien común". Vivaldi enfatizó que "El Estado en lugar de asegurar el bien común, ha asegurado el derecho de los privados"

Este argumento coincide con el del director del INAP, Hugo Frühling, indicando que este estudio "debería usarse en nuestra docencia, debería servir de referente para nuevas investigaciones en la materia, y ayudar a aumentar la conciencia ambiental en nuestro país".

El desafío de abordar la crisis social junto a la crisis ambiental.

Durante las últimas revueltas en las calles, manifestantes también denuncian y se posicionan en contra del sistema neoliberal en Chile, el cual tras la puesta en marcha de la Constitución dictatorial del 80 ha acelerado la extracción de materias primas para su comercialización en el mercado mundial, creando las condiciones propicias para que empresas multinacionales realicen un verdadero «saqueo» de los territorios locales. De esta forma, el nocivo sistema de extracción de recursos naturales, también llamado «extractivismo» ha sido puesto en profundo cuestionamiento de igual forma que las desigualdades sociales, apuntando a un mismo eje: el abuso empresarial de décadas.

Más de un centenar de organizaciones socioambientales declararon hace algunas semanas que «coincidimos en que el problema de fondo, que perpetúa la inequidad y descontento social en Chile, es el modelo económico de crecimiento exponencial capitalista y neoliberal; que beneficia a una élite política-empresarial, desvalora los diversos ecosistemas y menoscaba los derechos humanos de las personas que habitan Chile» y agregaron que las temáticas ambientales son fundamentales para un desarrollo económico que pueda otorgar equidad social a la población y a la vez que sea viable de mantener para las generaciones futuras. Las organizaciones socioambientales tienen claro que hasta ahora, el camino por el que transita la economía chilena solo conlleva degradación ambiental y destrucción muchas veces irreparable.

Con respecto a la capacidad del propio Estado de garantizar el derecho a un ambiente limpio y mantenerlo para el futuro, consideran la institucionalidad ambiental en Chile como «violenta» y «con limitado poder de fiscalización y penalizaciones insignificantes a los daños y/o delitos ambientales, muchas veces irrisorio en comparación al deterioro ambiental y social».

Además expresaron que «A nivel regional y local, exigimos a las autoridades e instituciones el fin inmediato de las zonas de sacrificio y zonas saturadas, con el objeto de velar por la salud, calidad de vida de las personas y protección del medio ambiente; a través de instrumentos de planificación (metropolitano y comunales) reformulados con participación social vinculante. Proyectos como el puente industrial, PaCyT, proyectos inmobiliarios en altura y extensión, relleno de humedales, modelo de producción intensivo forestal y agrícola, minería de tierras raras y carreteras hídricas, son algunas de las amenazas que enfrentan nuestros diferentes ecosistemas» indicaron refiriéndose a problemáticas locales del Biobío.