[resumen.cl] Una investigación de Ciper confirmó que la Fiscalía de Magallanes citó a declarar al director general de la PDI, Héctor Espinosa, en el marco de una investigación por el origen del dinero de la compra de un departamento en Las Condes, por $398 millones, pagado casi en su totalidad al contado.

La compra fue realizada por Espinosa junto a su esposa, el 30 de abril de 2018. Según indica el reportaje de CIPER, de los $398 millones que costó el inmueble, $254 millones fueron pagados al contado mediante vales vista, mientras los restantes $143 se complementaron mediante un préstamo hipotecario, el que Espinosa debió incluir en la Declaración de Intereses y Patrimonio del jefe de la policía civil, pero sin embargo no hizo.

«CIPER consultó a la PDI por esta situación. La respuesta por escrito de la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la institución consignó que Espinosa está citado a declarar ‘en una causa que tiene el carácter de secreta, de conformidad con el artículo 301 del Código Procesal Penal, encontrándose a la espera de la confirmación de la fecha y lugar donde será entrevistado’.»

El departamento fue adquirido por la esposa de Espinosa el 30 de abril de 2018 a la inmobiliaria Almagro. Ubicado en un importante barrio de Las Condes, cuenta con dos estacionamientos y dos bodegas.

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Esta investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el mismo que investiga el mega-fraude en Carabineros y se indaga un eventual lavado de activos.

El medio de comunicación realizó las respectivas consultas a la Policía de Investigaciones, quienes le respondieron que:

"Respecto al inmueble que no estaría incluido en la última declaración de patrimonio e intereses del Director General, éste fue adquirido por su cónyuge lo que sí fue declarada en su Declaración de Patrimonio e Intereses, no siendo incluida en la del Director, por cuanto, él tiene únicamente la calidad de codeudor solidario, no siendo propietario de dicho bien raíz".

No obstante, la normativa legal señala que todo pasivo superior a 100 UTM debe incluirse en la declaración de patrimonio e intereses de los funcionarios públicos.

Según informa CIPER, la compra habría estado incluida en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien emitió un informe al Ministerio Público.

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