El martes 28 de octubre, en medio de una manifestación pacífica de residentes de XVI Región contra el embalse Zapallar, autoridades irrumpieron en el sector acompañados de fuerzas policiales que amedrentaron y reprimieron a pobladores/as.

Por Kathia Cancino Rojas

"El Estado a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) pretende construir un embalse en el río Diguillín, denominado "Embalse Zapallar", en la Región de 'uble. El proyecto se pretende emplazar en el sector Zapallar de la comuna de El Carmen. Tendrá un costo de más de 212 millones de dólares. El volumen de almacenamiento será de 80,0 millones de m3. El área de influencia será de 1.093,19 hectáreas y 389 hectáreas serán inundadas aproximadamente. Las comunas afectadas con este proyecto son Pinto, San Ignacio y El Carmen". 

Así comienza la carta abierta enviada por los y las afectadas de la construcción del Embalse Zapallar a Revista Pudú, el 31 de enero del presente año. En ella se abordan las principales problemáticas olvidadas por el Estado donde existe un énfasis en la priorización de la empresa privada, tónica que se repite en el país con casos como la posible destrucción del Cerro Chepe en pos de un túnel ferroviario destinado a la movilización de madera, pasando por encima de las reales necesidades de la comunidad de Pedro del Río.

Por lo demás, el gasto fiscal implicado que alcanza un total de 212 millones de dólares otorgaría -en otras circunstancias- la posibilidad de construir 1970 farmacias populares, 21 centros de formación técnica estatal y alrededor de 10.000 viviendas sociales, supliendo la necesidad de 9.239 familias que no poseen casa propia en la región de 'uble. Por supuesto, los costos sociales continúan en la misma línea de gravedad: la construcción de un embalse dañaría y haría desaparecer más de 20 hitos arqueológicos, imposibles de trasladar pues perderían completamente su significado. 

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Si bien desde el Estado se asumen los posibles daños medioambientales ocurridos dentro del territorio, proponiendo medidas de mitigación que respondan a las consultas ciudadanas y a diferentes inconvenientes causados por los trabajos, éstas no se constituyen como respuestas efectivas a los perjuicios medioambientales y sociales hacia vecinos/as del sector. Al respecto, Nayadeth Quintana, dirigenta social y gestora cultural del lugar, explica que algunas de las medidas en relación a los hitos arqueológicos son el traslado de la mítica silla del indio hacia un lugar aún no definido. "(Esta) tiene un significado importante, una mirada y una forma especial y si la sacas de ahí pierde todo su significado y pasa a ser solo una piedra en una plaza". 

Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de consulta ciudadana, donde fue presentado a la población y estos deberán hacer llegar observaciones que serán evaluadas por los organismos gubernamentales a cargo de la construcción del embalse. Sin embargo, Quintana comenta que dichas consultas no son más que un saludo a la bandera, pues desde la entidad asumen los posibles daños medioambientales y solo ofrecen medidas de mitigación y reparación. Además, el período de consultas comenzará el 2 de diciembre y terminará el 30 del mismo mes, destinando un tiempo acotado para la movilización y correcta información de las personas afectadas: en su mayoría adultos mayores con problemas de conectividad territorial y digital.

río Diguillín | Fuente: La Discusión.

Bajo la misma línea, la dirigenta social atestigua que se ha incurrido en una serie de irregularidades, partiendo por lo rápido que ha avanzado el proyecto, donde en tan solo 10 meses se subsanaron observaciones y estudios ambientales que retrasaban el embalse; asimismo, declara que este fue ingresado por el Intendente de la región de 'uble y no por el Ministerio de Obras Públicas, entidad a cargo del plan constructor. 

Así es como la nula cooperación por parte de las autoridades de la región se repite, donde las municipalidades de las tres comunas afectadas -El Carmen, San Ignacio y Pinto-, no entregan soluciones a la población. Sin ir más lejos, el pasado 28 de octubre la directora del Servicio de Evaluación Ambiental Any Riveros, visitó el territorio acompañada de representantes de Desarrollo Social y fuerzas policiales, donde se encontraron con una manifestación pacífica por parte de familias de la comunidad. 

Ángela Cruces, residente de El Carmen, y miembro del Movimiento "Somos Diguillín", encargados de "defender el río, el ecosistema y su gente", menciona que locatarios esperaban poder dialogar con la directora para que se les explicase a cabalidad cuáles serían los procedimientos a seguir del proyecto; sin embargo, Riveros abandonó el lugar dejando a efectivos policiales y del GOPE en el sector. 

Fotografía del momento | Fuente: Somos Diguillín.

Cruces explica que anteriormente autoridades de Gobierno ya habrían ingresado a predios privados sin contar con autorización y que no existen diálogos entre el MOP, los estamentos estatales y municipales y pobladores/as del territorio. Enfatiza, además, en la urgencia que han tenido para aplazar la fecha de término de las observaciones ciudadanas apelando a la contingencia sanitaria actual y las dificultades que tienen para reunirse y generar espacios de diálogos con los pobladores de mayor edad, sin obtener respuestas hasta el momento. 

Por el momento, la auto-organización de vecinos y vecinas les ha permito dar a conocer las situación de abuso en la que se ven envueltos, convocando a una nueva manifestación pacífica el 6 de noviembre en la plaza de Chillán a las cinco de la tarde, donde se desplegarán números musicales, artísticos y cánticos que van en defensa del río Diguillín y tratan, así, de hacer frente a un Estado que olvida a sus ciudadanos y no les entrega la protección debida.

Fotografía principal: Somos Diguillín