El principal sospechoso del crimen sería un sujeto de identidad desconocida con quien la joven de 32 años, Valentina Vera López, fue vista la noche anterior.

Por Ignacio Hernández

Valentina Vera López, activista por los derechos de las personas trans y colaboradora del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue encontrada la madrugada de este miércoles tendida en una cama en las cabañas Torres Molinos, ubicadas en la calle Benavente 680 de Puerto Montt, lugar al cual llegó personal del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

José Arcos, vocero de Movilh de Los Lagos señaló a los medios que "estamos consternados por el fallecimiento de nuestra compañera. Hay mucha tristeza. Estaremos acompañando en todo momento a la familia para dar con la verdad de estos hechos y sancionar a cualquier responsable, en caso de que se trate de un crimen, como hasta ahora lo sospechan las primeras indagaciones".

Arcos añadió que testigos "vieron anoche por última vez a Valentina junto a un sujeto, cuya identidad esperamos sea prontamente conocida por las policías, de manera de conocer exactamente qué sucedió", y aseguró que de tratarse de un crimen de odio, Movilh representará legalmente a la familia, haciendo uso de la Ley Gabriela, que tipifica como 'femicidio' los crímenes contra personas trans.

En 2020, el Movilh publicó un estudio que aseguraba que la homofobia y transfobia aumentaron un 58% y sumaba más de mil casos durante 2019, alcanzando la cifra más alta en la historia de Chile.

Por otro lado, La Asociación "Organizando Trans Diversidades" (OTD Chile) reveló en un informe de 'Violencias a Disidencias Sexuales en Chile' en el periodo pre, durante y post Estado de Emergencia del gobierno de Sebastian Piñera (del 19 de octubre del 2019 al 11 de marzo del 2020), alrededor de 48 casos distintos denunciados y descritos en los que personas lesbianas, gays, trans masculinos, travestis, no binaries y organizaciones de Diversidades sexo-genéricas habían sido victimas de ataques por parte de efectivos policiales o militares, y un total de 62 casos distintos no denunciados.

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Sin embargo, al parecer, para el gobierno de Sebastián Piñera y las instituciones estatales chilenas esta realidad no produce mayor conmoción, ni genera una necesidad de cambio. Esto se evidencia en cómo el gobierno busca seguir impulsando su agenda extremadamente conservadora, que margina y precariza las vidas de las personas LGBTQI+, como es el caso de las reformas a la ley de adopción, que el ejecutivo busca impulsar, discriminando a las familias homoparentales, o la persecución y criminalización a cinco activistas que durante 2019 hicieron toma pacífica de la Fiscalía de Quillota para exigir justicia por el lesbo-femicidio de Nicole Saavedra, cuya investigación no tuvo avances por más de 3 años.

La muerte de Valentina vuelve a poner sobre la mesa un tema que las autoridades llevan tiempo sin querer enfrentar: la fragilidad en la que se encuentran sumidas las vidas de las disidencias sexo-genéricas en Chile, producto de la violencia sistemática que viven día a día, alimentada por un Estado negligente, que en vez de proveer seguridad, trata a algunas personas como prescindibles y desechables.