[resumen.cl] El informe fue aprobado por 70 votos a favor en la Cámara de Diputadas/os, señalando diversas irregularidades de las autoridades en el desarrollo de sus estrategias para enfrentar el colapso de los recintos hospitalarios, estableciendo que Espacio Riesco no cumplió su objetivo. 

La jornada del jueves 21 de enero la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 70 fotos a favor, 53 en contra y 7 abstenciones el informe elaborado por la Comisión Especial Investigadora respecto a los actos que ha desarrollado el gobierno a partir de las estrategias para enfrentar la pandemia de la Covid-19; concretamente, la habilitación de inmuebles para la atención de personas contagiadas.

En este contexto, el informe señalaba la contratación de Espacio Riesco, lugar que fue habilitado como centro de salud con la intención de descongestionar el trabajo en Hospitales. Así, la investigación señaló que esta contratación no cumplió con su objetivo debido a que no contribuyeron a disminuir el constante colapso al cual se enfrentaba el Servicio de Urgencia.

Asimismo, el informe señala que las autoridades priorizaron la prestación de servicios de recintos privados transitorios antes del mejoramiento de la infraestructura pública.

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En la misma línea, la Comisión evidenció diversas irregularidades en la contratación del lugar, donde «no se aprecian mecanismos que hubiesen permitido garantizar la entrega oportuna de las prestaciones, no se establecen multas ni amonestaciones que sirvan para que el arrendador cumpla«.

Un punto de inflexión se encuentra en los valores asignados a las diversas prestaciones, montos que el Servicio de Salud no ha entregado como antecedentes. En este contexto, se acreditó que las autoridades cometieron graves irregularidades, «abusando así, de la facultad de trato directo por el arriendo de una bodega, por el cual se terminó pagando dos veces lo mismo".

Tras su aprobación, la Cámara solicitó la realización de investigaciones y sumarios administrativos en tres instituciones: Servicio de Salud Metropolitano Norte, Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Ministerio de Salud. De igual forma, se solicitó el pronunciamiento del Tribunal de la Contratación Pública respecto al modo de proceder de las autoridades pertinentes y la legalidad de los contratos establecidos.