Exigen definición del GORE del Biobío para no poner en riesgo el Museo Regional de la Memoria

Familiares de víctimas, autoridades regionales y organizaciones de derechos humanos piden al Gobernador Sergio Giacaman que asuma una postura clara frente a la priorización de recursos ya aprobados. Advierten que la dilación institucional pone en riesgo un proyecto que generará más de 400 empleos y transformará el Parque Bicentenario en un espacio para la cultura, el arte y la memoria.

Por María Eliana Vega

A más de una década del inicio del proceso para construir el Museo Regional de la Memoria y los Derechos Humanos del Biobío, el proyecto sigue enfrentando trabas que podrían hacerlo caer. La principal preocupación de las organizaciones sociales y de derechos humanos es la falta de definición del Gobierno Regional, encabezado por el Gobernador Sergio Giacaman, quien hasta ahora no ha puesto en tabla la modificación presupuestaria que permitiría adjudicar la construcción del museo.

Este miércoles, representantes de diversas agrupaciones de memoria y derechos humanos se reunieron en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del Biobío, donde la presidenta de la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, Yolanda Concha Rojas, leyó una declaración pública, exigiendo al Gobierno Regional que permita concretar este anhelado espacio para la memoria histórica. La declaración, leída a viva voz, denunció una "actitud dilatoria" por parte de la actual administración, y exigió definiciones claras. "La comunidad de los derechos humanos exige que el Gobernador responda formalmente al Ministerio de Obras Públicas y coloque en tabla la modificación presupuestaria. De lo contrario, que exponga públicamente y con razones fundadas su negativa", precisó.

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El proyecto ya cuenta con aprobación técnica y financiera. En mayo de 2024, una empresa constructora presentó una oferta por $6.295 millones, monto que supera en $1.250 millones el presupuesto original. Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas manifestó su disposición a cubrir esa diferencia. Hoy, el único paso pendiente es la votación de la modificación presupuestaria por parte del Consejo Regional, instancia que no ha sido convocada por el Gobernador.

Desde la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, su presidenta Yolanda Concha enfatizó que "el compromiso del gobierno con este proyecto sigue vigente, pero lo que no entendemos es el silencio del gobernador. Todo lo hemos sabido por la prensa, nos ha negado una entrevista y hasta ahora no ha dado una respuesta clara. Exigimos que nos reciba y dé la cara, porque esta es una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos del Biobío".

Por su parte, la diputada Candelaria Acevedo afirmó que "este no es solo un museo para preservar la memoria de lo que fue la dictadura civil-militar; es también una oportunidad de desarrollo económico para la región, con más de 400 empleos asociados a su construcción. El retraso del proyecto es una señal clara del negacionismo que aún persiste en ciertos sectores políticos. Si es necesario, llegaremos hasta el presidente de la República para que este proyecto avance como corresponde".

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Desde el Consejo Regional, la consejera Tamara Concha explicó que "los recursos están aprobados desde hace más de un año, y los fondos adicionales los pone el Ministerio de Obras Públicas. No se requiere dinero nuevo. Lo único que falta es la voluntad del Gobernador para firmar el convenio y poner el punto en tabla".

En la misma línea, el consejero Jaime Peñailillo Garrido expresó: "Estamos molestos e indignados. Si ya hay más de mil doscientos millones de pesos disponibles por parte del MOP, no podemos desaprovecharlos. Lo mínimo que exigimos es sentarnos a conversar con el Gobernador. Este museo es fundamental para las futuras generaciones, para que nunca más vivamos lo que ocurrió durante la dictadura".

A su vez, el consejero Gonzalo Osorio agregó que "lo que está ocurriendo es una falta de respeto institucional. Hay sectores del CORE que han dicho abiertamente que no apoyarán la construcción del Museo de la Memoria. Esta obra es un símbolo de reparación y una contribución al desarrollo local. Exigimos que se respete el compromiso institucional".

El proyecto contempla un edificio de 1.500 m² en el Parque Bicentenario, con salas de exposición, centro de documentación, y áreas educativas y culturales. "Este museo no solo tiene un sentido cultural y democrático profundo. También significa empleo, inversión y desarrollo para la región. La cultura también es un derecho, y no podemos seguir postergándolo", concluyeron desde la organización convocante.

Agregaron que "lo que está en juego no es solo una obra. Es un compromiso ético con el país que somos y que aspiramos a ser".

 

Fotografías de Miguel Peña

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